La denuncia comunica unos hechos y no obliga a intervenir después; la querella convierte en parte activa del procedimiento, exige abogado y procurador y permite proponer pruebas y recurrir. En defensa de víctimas valoramos la querella cuando la causa necesita impulso.

No. Investigado es quien aparece en una instrucción; muchos procedimientos se archivan sin acusación. Acusado es quien llega a juicio con escrito de acusación. La fase de instrucción es donde más puede hacerse por la defensa.

No acuda sin abogado. Verificamos en qué calidad se le cita (testigo o investigado), pedimos acceso al expediente y preparamos la declaración. Declarar sin conocer el contenido de la causa es el error más frecuente y el más caro.

Como investigado sí: es un derecho constitucional que no puede perjudicarle. Como testigo existe obligación de declarar y de decir verdad, con excepciones (parentesco, secreto profesional). Le indicamos qué conviene en cada momento procesal.

Depende de la complejidad: un juicio rápido puede resolverse en semanas; una instrucción económica compleja, varios años. Tras conocer el expediente le damos un horizonte realista por fases, que es también como estructuramos el presupuesto.

Un procedimiento abreviado para delitos menos graves con detención o denuncia policial reciente. Los plazos se cuentan en días, por lo que la estrategia (incluida una posible conformidad con reducción de un tercio de la pena) debe decidirse de inmediato.

Un acuerdo con la acusación que cierra el caso con una pena reducida y certeza. Conviene solo tras analizar la prueba: nunca como salida rápida. Si la prueba es débil o se obtuvo vulnerando derechos, defendemos la absolución.

Es la medida cautelar más grave y excepcional: exige indicios sólidos más riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración. Se decide en una vistilla tras la detención, y la preparación previa (arraigo, documentación) marca la diferencia.

Solo con auto judicial motivado, con excepciones tasadas (flagrancia, consentimiento). El registro debe practicarse con garantías; los defectos pueden anular la prueba obtenida. En empresas conviene un protocolo de actuación ante inspecciones.

Entre 1 y 20 años según la pena, contados desde la comisión; los más graves no prescriben. La prescripción se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el investigado: analizamos siempre si la causa llegó tarde.

La indemnización por los daños del hecho, que se reclama dentro del propio proceso penal. Repararla antes del juicio funciona además como atenuante.

Sí cuando quiere impulsar la causa: permite proponer diligencias, recurrir archivos y reclamar la indemnización. Ejercemos tanto defensa como acusación.

Es un delito autónomo de quebrantamiento, aunque la otra persona consienta el contacto. Si tiene una medida en vigor, cualquier incidencia debe gestionarse jurídicamente, nunca de hecho.

Por plazos legales desde el cumplimiento de la pena (de 6 meses a 10 años según su gravedad). No es automático en la práctica: tramitamos la cancelación ante el Registro Central de Penados.

Si hay una investigación judicial, normalmente recibirá una citación; pero puede haber diligencias previas sin notificar. Podemos verificarlo personándonos en los juzgados competentes y consultando los registros correspondientes.

Desde que se le considera sospechoso y siempre antes del primer interrogatorio (Directiva 2012/13/UE); durante la instrucción, conforme avanza, salvo secreto temporal. Controlar ese acceso es básico para no declarar a ciegas.

Sí, si supera los parámetros jurisprudenciales: persistencia, coherencia interna y externa y corroboraciones periféricas. La defensa trabaja precisamente sobre esos parámetros: contradicciones, móviles espurios y ausencia de corroboración.

Sí, mediante prueba indiciaria: indicios plenamente probados, plurales y concatenados, con una motivación reforzada del tribunal (doctrina del Tribunal Constitucional desde 1985). Si la cadena de indicios tiene un eslabón débil, la condena es recurrible.

Sí: la dispensa del art. 416 LECrim exime de declarar a cónyuge, pareja y parientes próximos. Su juego procesal es delicado (renuncias, declaraciones previas, víctimas personadas): cambia juicios enteros.

Como regla, sí: grabar una conversación en la que usted participa no vulnera el secreto de las comunicaciones. Los límites: no provocar el delito ni invadir la intimidad de terceros, y autenticar la grabación pericialmente.

El tribunal valora la solvencia metodológica de cada una. Una pericial de parte rigurosa puede neutralizar a la oficial: por eso integramos el laboratorio forense y damos la bienvenida a los peritos de confianza del cliente.

Sí: el art. 118 LECrim garantiza desde el primer momento conocer los hechos, su calificación y acceder a las actuaciones, sin esperar a ser citado a declarar. Activar pronto esos derechos cambia la posición de defensa.

Sí, las partes personadas pueden obtener copias de resoluciones y actuaciones (salvo secreto temporal). A través de su abogado dispondrá de copia de todo lo relevante del procedimiento.

Las suspensiones (incomparecencias, enfermedad, coincidencia de señalamientos) obligan a nuevo señalamiento, a veces con meses de espera. Si los retrasos se acumulan sin culpa suya, pueden fundar la atenuante de dilaciones indebidas.

Sí, las vistas quedan grabadas (videoacta) y la defensa puede acceder a las grabaciones. Son una herramienta clave para preparar recursos: lo que consta en vídeo no se discute.

La justicia digital lo permite en muchas actuaciones (declaraciones, vistillas, testificales a distancia), aunque en juicios por delitos graves la presencia física del acusado sigue siendo la regla. Lo valoramos caso a caso y lo solicitamos cuando le beneficia.

La causa completa en formato digital: su abogado accede telemáticamente a actuaciones y notificaciones (LexNET) sin esperar a desplazamientos ni copias en papel. En nuestro caso, se combina con el análisis documental masivo de la metodología LIWARD.