Respuesta directa. Los delitos informáticos más frecuentes son la estafa informática (art. 249 CP), el acceso ilícito a sistemas y la interceptación de datos (art. 197 bis CP), el descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP) y los daños informáticos (arts. 264 a 264 quater CP). En estos procedimientos la prueba es digital, y su obtención, cadena de custodia y pericia deciden el resultado. SCJE los atiende desde el Área de Penal Económico y Cibercrimen de su sede de El Campello.
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Delitos Informáticos · Alicante · Madrid · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Estafa informática, acceso ilegal a sistemas, daños informáticos, revelación de secretos y suplantación de identidad. Cuando el delito ocurre en un entorno digital, la prueba electrónica decide el procedimiento —y se asegura, o se pierde, en los primeros días.
Por qué es distinto
Los procedimientos por delitos informáticos comparten una misma exigencia: dominio técnico de la prueba digital. Direcciones IP, registros de conexión, dispositivos, comunicaciones y trazabilidad de criptoactivos: la acusación se construye —y se desmonta— sobre evidencia electrónica. Su validez depende de cómo se obtuvo, de la cadena de custodia y del peritaje que la sostiene. Una impugnación técnica certera puede excluir del procedimiento la prueba esencial de cargo. Por eso integramos abogados penalistas y peritos informáticos forenses en un mismo equipo, con laboratorio pericial propio: la parte técnica del caso no se subcontrata, forma parte de la defensa.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en las figuras delictivas más relevantes de la ciberdelincuencia, con su anclaje exacto en el Código Penal.
Manipulación informática o artificio semejante para lograr una transferencia no consentida de activos: phishing, smishing, fraude del CEO y manipulación de banca electrónica.
Acceso a correos, mensajes o archivos ajenos y difusión de datos o imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima.
Intrusión en sistemas informáticos vulnerando las medidas de seguridad e interceptación de transmisiones de datos.
Borrado, deterioro o supresión de datos y programas ajenos; ataques de denegación de servicio y ransomware.
Usurpación del estado civil de otra persona, incluida la creación de perfiles falsos con identidad ajena para obtener beneficio o causar perjuicio.
Explotación no autorizada de obras y prestaciones protegidas en la red, incluidas las webs de enlaces con ánimo comercial.
Acoso reiterado por medios digitales que altera gravemente la vida cotidiana de la víctima: vigilancia, contacto insistente, uso indebido de sus datos.
Imputación de la persona jurídica por ciberdelitos cometidos en su seno o en su beneficio. Un modelo de prevención eficaz puede operar como eximente o atenuante.
Apoderamiento y difusión de secretos de empresa mediante accesos informáticos: exfiltración de datos por empleados o terceros.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Estafa informáticaPhishing · fraude del CEO | 249.1.a | 6 meses – 6 años | Cuantía, víctimas múltiples, organización |
| Revelación de secretos | 197 | 1 – 4 años | Difusión a terceros · imágenes íntimas |
| Acceso ilegal a sistemas | 197 bis | 6 meses – 2 años | Comisión en el seno de organización |
| Daños informáticos | 264 | 6 meses – 3 años | Infraestructuras críticas · ransomware |
| Suplantación de identidad | 401 | 6 meses – 3 años | Perjuicio económico asociado |
| Propiedad intelectual | 270–272 | 6 meses – 4 años | Beneficio de notoria importancia |
| Ciberacoso (stalking) | 172 ter | 3 meses – 2 años | Víctima especialmente vulnerable |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en un delito informático es, por definición, prueba digital: direcciones IP y registros de conexión, dispositivos, mensajería, metadatos, criptoactivos. La defensa que ignora ese plano técnico llega tarde. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Personas jurídicas atacadas o investigadas: respuesta a incidentes, gestión del riesgo penal corporativo y defensa de la entidad.
Responsabilidad personal por brechas de seguridad y delitos cometidos desde sistemas corporativos.
Defensa técnica desde la instrucción, con impugnación rigurosa de la prueba electrónica de cargo.
Víctimas de ciberdelitos: preservación de la evidencia, cuantificación del daño y ejercicio riguroso de la acusación.
Los asuntos de delincuencia informática de la provincia de Alicante se dirigen desde la sede de El Campello, que acoge el Área de Derecho Penal Económico, Cibercrimen e Investigaciones Digitales del despacho. La concentración de estas materias en una misma área responde a una realidad procesal: la mayoría de los ciberdelitos son, en su resultado, delitos patrimoniales, y su prueba es casi siempre electrónica.
Dirección: Carrer de Sant Carles, 15, local (esquina con Carrer de Jorge Juan), 03560 El Campello (Alicante). Teléfono 24 horas: 669 30 21 13.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
Una conversación temprana puede cambiar el curso de toda la causa. Hablemos antes de que el procedimiento decida por usted.
Phishing. El correo o el SMS que imita a su banco y le lleva a una página falsa. Jurídicamente se resuelve como estafa informática (art. 249) y, del lado de la víctima, como una reclamación a la entidad: ante una operación no autorizada, el banco debe devolver el importe salvo que acredite negligencia grave del usuario, y la carga de esa prueba es suya. Detalle en abogado de estafa y spoofing. Acceso ilícito a sistemas (art. 197 bis). Acceder sin autorización a un sistema informático, o mantenerse en él contra la voluntad de quien puede excluirlo, es delito aunque no se extraiga ni se dañe nada. Es la figura que se aplica al empleado que entra en el correo de un compañero, al exsocio que conserva las credenciales o a quien instala una aplicación de control en el móvil de su pareja. Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197). Acceder a mensajes, correos o archivos ajenos, o difundir imágenes íntimas obtenidas con consentimiento pero divulgadas sin él. La prueba suele ser el propio dispositivo, y por eso la licitud del volcado y la cadena de custodia deciden el caso.
Phishing, acceso ilícito y descubrimiento de secretos
Texto vigente conforme a la versión consolidada del Boletín Oficial del Estado, con los elementos del tipo y las líneas de defensa aplicables.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
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