En breve. Defensa penal en delitos contra la salud pública en Alicante: nulidad del registro, cadena de custodia, pericial de sustancias y arts. 368 y 369 CP.
Arts. 368 y 369 CP
En casi ningún procedimiento por drogas se discute que la sustancia apareció. Se discute cómo apareció, quién la pesó y qué fue exactamente lo que llegó al laboratorio.
Defensa en delitos contra la salud pública ante las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia de Alicante y ante la Audiencia Provincial, con atención desde la detención.
Claves
Un asunto por delito contra la salud pública tiene una particularidad que lo separa de casi todos los demás: el hecho central suele ser incontrovertido. Había una sustancia, estaba en un bolsillo, en un maletero, en un armario o en un trastero, y un agente la ocupó. Discutir eso rara vez lleva a ninguna parte. Lo que sí lleva a alguna parte es examinar, paso a paso, cómo se llegó hasta esa sustancia y qué pasó con ella desde que salió del bolsillo hasta que un perito escribió un número en un informe.
Ese recorrido tiene muchos puntos de fractura. La sospecha inicial que justificó el cacheo o el seguimiento. El auto que autorizó la entrada en el domicilio y su motivación concreta, no genérica. El consentimiento que alguien firmó a las cuatro de la mañana sin abogado y sin entender el idioma. La presencia o ausencia del letrado de la Administración de Justicia en el registro. El precintado, la numeración de las bolsas y la coincidencia entre lo que dice el acta y lo que recibe el laboratorio. El peso bruto que anotó la patrulla con una báscula de bolsillo y el peso neto que certifica el informe oficial semanas después. Cada uno de esos eslabones es verificable, y cada uno puede romperse.
Conviene decirlo sin adornos: la mayoría de las impugnaciones de este tipo no prosperan. Los tribunales españoles son exigentes con quien alega nulidad y tienden a considerar que las irregularidades menores afectan al valor de la prueba, no a su validez. Pero cuando la fractura es real (un registro sin cobertura, una intervención telefónica basada en una nota policial sin indicios objetivos, una muestra que aparece con doscientos gramos menos), el efecto es radical y arrastra consigo todo lo que dependa de ella. Por eso el trabajo consiste en revisar el atestado línea por línea antes de decidir la estrategia, no después.
La segunda gran línea de defensa es la calificación. El art. 368 CP castiga cultivar, elaborar, traficar o de otro modo promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas. No castiga consumir ni poseer para consumir. Entre la posesión para consumo propio, que es atipica en vía penal, y el tráfico hay una zona intermedia que se decide con indicios: cantidad, forma de presentación, dinero fraccionado, básculas, listados de contactos, condición de consumidor acreditada. Discutir esos indicios uno a uno cambia con frecuencia la pena más que cualquier alegato general.
Los mismos ocho gramos pueden dar lugar a una absolución, a una condena de un año o a una de cuatro. La diferencia no está en el peso, está en el relato que se construye alrededor del peso. La doctrina del consumo compartido o autoconsumo plural, consolidada en la Sala Segunda, exige un conjunto de requisitos acumulativos: que los participantes sean consumidores habituales o adictos, que la cantidad sea reducida y proporcionada al consumo inmediato, que el consumo se produzca en lugar cerrado y sin trascendencia a terceros, que el grupo sea reducido y determinado, y que exista inmediatez entre la entrega y el consumo. Falta uno de esos elementos y la construcción se cae.
El menudeo, la venta de pequeñas cantidades en la calle o a la salida de un local, se sitúa en el párrafo segundo del art. 368 CP, que permite imponer la pena inferior en grado atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No es un derecho automático: es una facultad del tribunal que hay que ganarse acreditando ambas cosas, la objetiva y la personal. Un consumidor con dependencia documentada, sin antecedentes, que vende para financiar su propio consumo, encaja en ese párrafo. Un vendedor con reparto de funciones, vehículo y suministro estable, no.
Por encima está el tráfico propiamente dicho y, más arriba, los subtipos agravados del art. 369 CP, que elevan la pena a la superior en grado. La agravación más frecuente en la provincia es la de notoria importancia de la cantidad, pero también aparecen la realización del hecho en establecimientos abiertos al público, la facilitación a menores de dieciocho años y la adulteración de la sustancia para incrementar el daño. Cada una tiene sus propios presupuestos probatorios y ninguna se aplica por inercia.
Este trabajo de calificación empieza antes del escrito de defensa. Empieza en la primera declaración, donde muchas condenas quedan escritas para siempre. Declarar sin haber leído el atestado, o declarar sobre una cantidad que aún no ha sido pesada oficialmente, es la forma más rápida de perder las dos líneas de defensa a la vez.
Áreas
Cocaína, heroína, MDMA, anfetaminas, metanfetamina y LSD. Es el tipo básico más severo y el que soporta la mayoría de las causas con prisión provisional en la provincia. La multa se calcula sobre el valor de la droga según precio de mercado.
Hachís, marihuana y resina de cannabis. La pena es sensiblemente menor, de uno a tres años de prisión y multa del tanto al duplo, lo que abre con más facilidad la puerta a la suspensión de la condena si no hay antecedentes.
Venta de dosis sueltas, normalmente por consumidores. El párrafo segundo permite bajar un grado la pena si concurren escasa entidad del hecho y circunstancias personales favorables. Hay que acreditar las dos, no basta con invocarlas.
El subtipo que más cambia una condena. Se calcula sobre sustancia reducida a pureza en cocaína y heroína, y sobre peso en derivados del cannabis. Discutir la pureza y el peso neto es aquí una defensa técnica, no un formalismo.
Agravaciones por realizar los hechos en establecimientos abiertos al público por sus responsables o empleados, por facilitar sustancias a menores de dieciocho años o a personas en tratamiento, y por actuar en centros docentes, penitenciarios o de deshabituación.
Exige estructura estable, reparto de funciones y vocación de permanencia. No basta con que actúen tres personas de acuerdo. Es el subtipo peor aplicado en la práctica y donde más frecuentemente se consigue degradar la calificación a grupo criminal o a coautoría simple.
Uso de buques o embarcaciones, jefatura de la organización o cantidades que excedan notablemente el umbral de notoria importancia. Permite subir la pena en uno o dos grados. Frecuente en las causas de alijos en la costa y en los puertos deportivos.
Fabricación, transporte o tenencia de equipos, materiales o sustancias catalogadas sabiendo que van a destinarse al cultivo o elaboración de drogas. Aparece en registros de naves industriales y en cultivos indoor con instalaciones eléctricas manipuladas.
La consecuencia patrimonial suele preocupar tanto como la pena. Se decomisan drogas, equipos, ganancias y bienes de origen ilícito. Recuperar un vehículo o una cuenta bloqueada exige acreditar origen lícito y actuar dentro del propio procedimiento penal.
Criterio de los tribunales
La regla de partida es el art. 11.1 LOPJ: no surten efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. En materia de drogas eso significa que un registro domiciliario sin cobertura contamina el hallazgo, y que el hallazgo contaminado arrastra al informe pericial que se hizo sobre esa sustancia. La pregunta práctica no es si hubo vulneración, sino hasta dónde llega.
Esa pregunta se responde con la doctrina de la conexión de antijuridicidad, formulada por la STC 81/1998, de 2 de abril, Pleno, amparo 3140/1994, ECLI:ES:TC:1998:81. El Tribunal Constitucional desestimó el amparo, pero fijó el criterio que hoy decide la mayoría de estos incidentes: no toda prueba derivada de una vulneración queda excluida, sino solo aquella que mantiene con la lesión originaria una conexión jurídica relevante, valorada desde una perspectiva interna (el resultado y la necesidad de la prueba refleja) y externa (las exigencias de disuasión y de tutela del derecho vulnerado). Para la defensa, eso obliga a trazar el mapa completo: qué se supo por la injerencia ilícita, qué se habría sabido igualmente y qué se conoció solo gracias a ella.
Sobre el valor de lo que el propio investigado declara después de una injerencia nula, la STS 511/2015, de 21 de julio, casación 2382/2014, ROJ: STS 3511/2015, ECLI:ES:TS:2015:3511, estimó parcialmente el recurso y trató precisamente la ilicitud derivada de intervenciones telefónicas nulas y el valor de la confesión posterior. Es un punto sensible en asuntos de drogas, donde muchas causas nacen de un auto de intervención telefónica y donde el reconocimiento de los hechos en sede judicial se presenta después como prueba autónoma. La resolución debe leerse completa antes de aconsejar a nadie que declare.
En las causas con origen internacional, cada vez más frecuentes en la provincia por la presencia de estructuras que operan desde otros países de la Unión, la STS 904/2023, de 30 de noviembre, casación 3566/2023, ROJ: STS 5215/2023, ECLI:ES:TS:2023:5215, desestimó el recurso y abordó la validez de la prueba de origen extranjero bajo esa misma doctrina de la conexión de antijuridicidad. Es la referencia obligada cuando el material probatorio llega por comisión rogatoria, orden europea de investigación o equipo conjunto de investigación y la defensa cuestiona cómo se obtuvo en origen.
El acceso al material sobre el que se sostiene la detención no es una cortesía. La STC 21/2018, de 5 de marzo, Sala Primera, amparo 3766-2016, ECLI:ES:TC:2018:21, otorgó el amparo y estableció que denegar el habeas corpus sin dar al detenido información suficiente ni acceso a los elementos esenciales de las actuaciones lesiona la libertad personal, y que ese acceso debe garantizarse antes del primer interrogatorio. En la misma línea, la STC 13/2017, de 30 de enero, Sala Segunda, amparo 7301-2014, ECLI:ES:TC:2017:13, estimó el amparo al considerar que negar copia del atestado para impugnar la detención lesiona la libertad personal y la asistencia letrada, doctrina reiterada por la STC 86/2025, de 7 de abril, Sala Segunda, amparo 120-2023, ECLI:ES:TC:2025:86. Aplicado a un asunto de drogas, esto se traduce en algo muy concreto: antes de que el detenido abra la boca en dependencias policiales, su abogado debe haber visto de qué se le acusa y sobre qué base.
Las instrucciones por narcotráfico se alargan con facilidad por la espera de análisis, volúmenes de tráfico telefónico y auxilio internacional, de modo que el control de los plazos del art. 324 LECrim adquiere relevancia práctica. La STS 747/2024, de 18 de julio, Sala de lo Penal, casación 2295/2022, ROJ: STS 4260/2024, ECLI:ES:TS:2024:4260, desestimó el recurso en un asunto de estafa continuada, pero se pronuncia sobre el cómputo de ese plazo y sobre el régimen de costas de la acusación particular, cuestiones trasladables a cualquier instrucción compleja.
Cuando la condena llega y se recurre, conviene tener presente el límite que marca la STC 80/2024, de 3 de junio, Sala Primera, amparo 3308-2020, ECLI:ES:TC:2024:80, que otorgó el amparo y anuló una condena dictada en casación, sobre los límites de la casación frente a la presunción de inocencia y la doble instancia. Y en las causas donde junto al art. 368 CP se acusa por blanqueo del dinero obtenido, la STS 312/2021, de 13 de abril, casación 10588/2020, ROJ: STS 1388/2021, ECLI:ES:TS:2021:1388, desestimatoria, trata el blanqueo como delito de mera actividad y de peligro abstracto, calificación que condiciona la defensa de la pieza patrimonial.
Sobre los umbrales concretos de notoria importancia, sobre las tablas de dosis mínima psicoactiva y sobre los requisitos del consumo compartido existe doctrina consolidada de la Sala Segunda, pero en la base de conocimiento del despacho no consta jurisprudencia indexada con referencia completa sobre esos puntos concretos, de modo que aquí se exponen como criterios de trabajo y se verifican caso por caso en la fuente original.
Las referencias anteriores proceden de la base de conocimiento del despacho, deben verificarse en su fuente original antes de ser utilizadas y esta página no constituye asesoramiento jurídico.
Procedimiento
La intervención inicial. Casi todo empieza con un cacheo en la vía pública, un control preventivo de tráfico, un registro de vehículo o un dispositivo de vigilancia. Los registros corporales externos están sujetos al art. 20 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, que exige respeto a la dignidad y proporcionalidad, y que un vehículo no es domicilio, por lo que su registro no necesita autorización judicial. Lo que sí necesita es una razón. Cuando el atestado no explica qué llevó a los agentes a detener y registrar a esa persona concreta, hay algo que preguntar en el juicio.
La entrada y registro domiciliario. El art. 18.2 CE admite tres vías: consentimiento del titular, resolución judicial y delito flagrante. El consentimiento tiene que ser libre, informado y prestado por quien puede prestarlo, y en la práctica se firma con frecuencia en circunstancias que lo hacen discutible: de madrugada, con el interesado ya detenido, sin intérprete y sin abogado. La resolución judicial exige motivación con indicios objetivos, no la mera transcripción de una solicitud policial. Y la diligencia debe practicarse con las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellas la presencia del letrado de la Administración de Justicia y la del interesado siempre que sea posible.
Intervenciones telefónicas y medidas tecnológicas. Se rigen por los arts. 588 bis a) y siguientes LECrim, con los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. La especialidad es la que más se incumple: no cabe intervenir un teléfono para averiguar si alguien delinque, solo para investigar un delito concreto ya indiciariamente perfilado. Las prórrogas exigen dar cuenta del resultado obtenido, no repetir el auto inicial. En las causas de narcotráfico organizado también aparecen la entrega vigilada del art. 263 bis LECrim y el agente encubierto del art. 282 bis LECrim, cada uno con sus propios requisitos de autorización.
Pesaje, precinto y remisión. Aquí está el núcleo de la cadena de custodia. La sustancia se pesa, se etiqueta, se precinta, se numera, se deposita y se remite al laboratorio con un formulario. Cada paso deja rastro documental y cada rastro es comparable con el siguiente. Las preguntas que hay que hacerse son concretas: ¿coincide el número de envoltorios del acta con el del informe? ¿coincide el peso bruto policial con el peso neto oficial dentro de un margen explicable por el envoltorio? ¿quién custodió la sustancia entre la ocupación y el envío? ¿consta la firma de recepción? La remisión de muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses está protocolizada, y apartarse del protocolo tiene consecuencias.
El análisis y su impugnación. El art. 788.2 LECrim atribuye carácter de prueba documental a los informes de laboratorios oficiales sobre naturaleza, cantidad y pureza de estupefacientes cuando conste que se han seguido los protocolos científicos aprobados. Es decir: si nadie los impugna, entran solos en el juicio. La impugnación debe hacerse en el escrito de defensa, ser expresa y estar motivada, porque la Sala Segunda rechaza las impugnaciones puramente rituales. Una impugnación bien construida obliga a que el perito comparezca y responda sobre método, incertidumbre de medida, homogeneización de la muestra y trazabilidad.
La destrucción de la sustancia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite destruir la droga una vez analizada, conservando muestras suficientes. Esa conservación no es un detalle burocrático: es la condición para que la defensa pueda pedir un contraanálisis. Cuando se destruye todo sin reservar muestra bastante, la posibilidad de contradicción pericial desaparece, y ese es un argumento que debe hacerse valer en tiempo.
Marco de penas. El tipo básico del art. 368 CP se mueve entre tres y seis años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de la droga para sustancias que causan grave daño a la salud, y entre uno y tres años con multa del tanto al duplo para las que no lo causan. Los subtipos del art. 369 CP imponen la pena superior en grado con multa del tanto al cuádruplo. El art. 369 bis eleva sustancialmente el marco cuando concurre organización criminal, y el art. 370 permite subir uno o dos grados en supuestos de extrema gravedad. Frente a eso operan las atenuaciones: el párrafo segundo del art. 368, la atenuante de grave adicción del art. 21.2 CP, la eximente completa o incompleta cuando la afectación es intensa, y la rebaja del art. 376 CP para quien colabora activamente o acredita haber concluido con éxito un tratamiento de deshabituación.
Suspensión y ejecución. Para penas que lo permitan, el art. 87 CP contempla un régimen específico de suspensión para quien haya cometido el delito a causa de su dependencia, condicionado a no abandonar el tratamiento. Preparar ese escenario no se improvisa en la vista: requiere informes de la unidad de conductas adictivas o del centro de tratamiento, con seguimiento documentado, meses antes.
Criterio
La justificación de la injerencia inicial, no su resultado. Que aparecieran doscientos gramos no convierte en válido un registro que no tenía cobertura. El análisis se hace mirando lo que se sabía antes de entrar, no lo que se encontró después. Este orden de razonamiento, elemental, es el que más a menudo se pierde de vista.
La motivación concreta del auto habilitante. Un auto que reproduce el oficio policial y añade una fórmula de estilo no motiva nada. Los indicios deben ser objetivos, verificables y anteriores a la medida, y deben referirse a la persona y al lugar concretos que se pretenden afectar.
La trazabilidad de la sustancia. Ocupación, pesaje, precinto, depósito, remisión, análisis. Seis eslabones, seis documentos, seis oportunidades de comprobar que hablamos de lo mismo de principio a fin. Las discordancias de peso o de número de envoltorios se explican a veces bien, y a veces no se explican.
El peso neto y la pureza, no el peso bruto. La calificación se construye sobre sustancia efectivamente tóxica. En cocaína y heroína, la reducción a pureza puede alejar el asunto del umbral de notoria importancia. En cantidades mínimas, la ausencia de principio activo suficiente para producir efecto puede llevar directamente a la atipicidad.
La impugnación tempestiva de la pericial. Si no se impugna en el escrito de defensa, el informe entra como documental y ya no hay perito a quien preguntar. Es un plazo que no se recupera.
La condición de consumidor, documentada. Un informe de la unidad de conductas adictivas, un historial de tratamiento, un analítica de cabello. Sin soporte, la alegación de consumo propio es solo una versión. Con soporte, cambia el marco penal.
La disociación entre posesión y disponibilidad. En viviendas compartidas, vehículos prestados y trasteros comunitarios, la mera relación con el espacio no acredita disponibilidad sobre la sustancia. La presunción de inocencia exige atribución individualizada, especialmente cuando hay varios investigados.
El realismo sobre el resultado. Una parte importante de estos asuntos termina en conformidad, y con frecuencia es la mejor decisión técnica: la rebaja obtenida a cambio del reconocimiento puede ser la diferencia entre entrar en prisión y no entrar. Lo que no es aceptable es conformarse antes de haber revisado el atestado, la cadena de custodia y la calificación.
Método
1. Asistencia desde la detención. El derecho de defensa nace desde que se atribuye a alguien un hecho punible (art. 118 LECrim), no en el juicio. Antes de la primera declaración solicitamos acceso a los elementos esenciales de las actuaciones, comprobamos la información de derechos, la presencia de intérprete si procede y el cómputo de la detención. En la mayoría de los casos, en dependencias policiales se declara después de haber visto el material, o no se declara.
2. Reconstrucción documental de la intervención. Atestado, actas de entrada y registro, actas de pesaje, cadena de precintos, oficios de remisión, autos habilitantes y sus prórrogas. Se ordena todo cronológicamente y se contrastan cifras, horas y firmas. Muchas defensas se han decidido comparando dos horas escritas en dos papeles distintos.
3. Estrategia sobre la libertad. Si hay riesgo de prisión provisional, se prepara la comparecencia del art. 505 LECrim con arraigo acreditado, domicilio, documentación y disponibilidad de garantías. En clientes extranjeros no residentes este trabajo es especialmente urgente, porque el riesgo de fuga es el argumento habitual de la acusación.
4. Prueba propia en instrucción. Informes de adicción, testificales sobre el uso del espacio o del vehículo, pericial privada sobre metodología analítica, solicitud de conservación de muestras y de aportación de la documentación de custodia. Pedir tarde equivale a no pedir.
5. Escrito de defensa y juicio. Impugnación expresa y motivada de los informes periciales, planteamiento de las nulidades con delimitación del alcance derivado, calificación alternativa y petición subsidiaria de atenuaciones. Y una valoración honesta con el cliente sobre si la conformidad es la mejor salida, con las cifras concretas sobre la mesa.
6. Ejecución. Suspensión de la pena, sustitución cuando proceda, tratamiento, liquidación de condena, abono de la prisión preventiva y defensa de los bienes afectados por el decomiso. El procedimiento no termina con la sentencia.
Perfiles
Viajeros interceptados en el aeropuerto de Alicante-Elche. Equipaje con doble fondo, transporte interno o encargos aceptados por dinero. Son asuntos con detención inmediata, alto riesgo de prisión provisional por falta de arraigo y necesidad de intérprete desde el primer minuto.
Conductores parados en controles de la AP-7 y la N-332. El punto crítico es siempre el mismo: por qué se pasó de un control rutinario de documentación a un registro completo del vehículo, y qué consta escrito sobre ese salto.
Personas identificadas a la salida de locales de ocio en Benidorm, Alicante o Torrevieja. Cantidades pequeñas, dinero fraccionado y varias personas implicadas. Aquí se juega la frontera entre consumo propio, consumo compartido y menudeo del art. 368.2 CP.
Titulares de viviendas con cultivo de cannabis en la Marina Alta y la Marina Baixa. Chalés en Xàbia, Calpe, Moraira, Benissa o Altea con plantaciones interiores. La discusión suele girar sobre el número de plantas, el destino de la producción y quién tenía acceso real al inmueble.
Propietarios y arrendadores ajenos al cultivo. Quien alquila una vivienda y descubre que el inquilino la destinó a plantación necesita acreditar desconocimiento y desvincularse desde el principio, incluido lo relativo al decomiso y a los daños en la instalación eléctrica.
Empleados y responsables de establecimientos. Camareros, porteros y encargados a quienes se atribuye la venta dentro del local, con el agravante del art. 369.1.3ª CP. La defensa pasa por separar la conducta individual de la actividad del establecimiento.
Tripulantes y patrones de embarcaciones. Alijos en la costa de Santa Pola, Guardamar o el litoral de la Vega Baja, con imputaciones que suelen incorporar el art. 370 CP. El grado de participación y el conocimiento efectivo de la carga son la línea de defensa central.
Internos en centros penitenciarios y sus familiares. Introducción de sustancias en comunicaciones o envíos, con la agravación del art. 369.1.7ª CP y consecuencias inmediatas en el régimen y en los permisos.
Personas con dependencia grave. Consumidores que venden para financiar su propio consumo. Su defensa es técnica y documental: acreditar la adicción, su relación causal con el delito y un tratamiento real, para activar las atenuaciones y el régimen del art. 87 CP.
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Relacionado
Dudas
Sí, en principio. Un vehículo no es domicilio y su registro no exige autorización judicial. Lo que sí se examina es si existía una razón objetiva para pasar de una identificación rutinaria a un registro completo, y si esa razón consta reflejada en el atestado. Un registro sin ningún motivo expresado, seguido de un hallazgo, es discutible. Un registro precedido de indicios concretos, descritos y coherentes, normalmente no lo es.
Retirarlo después no borra el registro ya practicado, pero sí se puede cuestionar la validez del consentimiento en el momento en que se prestó. Se examina si fue libre, si se informó de que podía negarse, si había intérprete cuando era necesario, si estaba presente el abogado y si la persona ya estaba detenida. Cuando el consentimiento se obtiene de madrugada, sin abogado y en un idioma que el firmante no domina, hay materia para discutir. No garantiza la nulidad, pero es el punto por donde debe empezarse.
Pueden, y a menudo lo hacen. La posesión para consumo propio no es delito, pero el destino se prueba con indicios: la cantidad en relación con su consumo acreditado, la forma de presentación (dosis individuales o una sola porción), la tenencia de dinero fraccionado, básculas o sustancias de corte, y los mensajes del teléfono. Acreditar la condición de consumidor con informes médicos es lo que más peso tiene para sostener la versión del autoconsumo.
Depende de la explicación. Una diferencia entre peso bruto policial y peso neto oficial suele deberse a los envoltorios y no es anómala. Lo relevante es si la diferencia es razonable, si coincide el número de envoltorios en todos los documentos y si el peso final cruza o no un umbral con consecuencias penales, como el de notoria importancia. Una discrepancia de veinte gramos puede ser irrelevante o puede cambiar la calificación entera. Se estudia caso por caso.
Sí, la ley permite destruir la sustancia una vez analizada, pero obliga a conservar muestras suficientes precisamente para permitir un análisis contradictorio. Si se conservó muestra, el contraanálisis puede pedirse. Si se destruyó todo sin reservar nada, esa imposibilidad debe alegarse expresamente y valorarse en la sentencia. Por eso la solicitud de conservación conviene presentarla pronto, no cuando ya se ha señalado el juicio.
El riesgo es real y no conviene minimizarlo. La falta de arraigo es el argumento habitual para pedir la prisión en estos asuntos, sobre todo cuando la cantidad es elevada. La forma de combatirlo es preparar la comparecencia con documentación: domicilio disponible, vínculos familiares, actividad laboral, disposición a comparecer periódicamente, retirada de pasaporte y, si es viable, ofrecimiento de fianza. Nadie puede garantizarle un resultado, pero llegar a esa comparecencia sin material es la peor opción.
Cuenta, si se acredita. Puede dar lugar a la atenuante de grave adicción, a una eximente incompleta cuando la afectación de la voluntad es intensa, a la rebaja del art. 376 CP si se concluye con éxito un tratamiento de deshabituación y al régimen especial de suspensión del art. 87 CP. Todo ello exige informes médicos, historial y seguimiento documentado. Decirlo en el juicio sin papeles detrás no suele producir ningún efecto.
Una parte considerable termina en conformidad, y en muchos casos es la decisión técnicamente correcta, porque la rebaja obtenida puede situar la pena por debajo del umbral que permite la suspensión. En cuanto a plazos, la instrucción de un asunto sencillo puede cerrarse en meses, mientras que las causas con intervenciones telefónicas, varios investigados o auxilio internacional se prolongan años. No damos previsiones cerradas de duración ni de resultado: dependen del órgano, del volumen de la causa y de la prueba.
Siguiente paso
En los delitos contra la salud pública, las decisiones de las primeras horas condicionan el resto del procedimiento. Si hay una detención, un registro practicado o una citación para declarar, conviene revisar el material antes de dar cualquier versión.
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