¿Una orden de demolición, una inspección urbanística o una denuncia ambiental? En la Costa Blanca estos asuntos acaban a menudo en la vía penal y afectan a promotores, técnicos, particulares y cargos públicos.
El litoral alicantino concentra una intensa actividad constructiva y una fuerte protección ambiental. Esa combinación convierte a los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente en un riesgo real para quien construye, gestiona o autoriza.
Construir en suelo no urbanizable, de especial protección o sin licencia puede ser delito, no solo una infracción administrativa. Puede conllevar prisión, multa y la demolición de lo construido.
Vertidos, emisiones, gestión de residuos o actividades contaminantes por encima de los límites legales pueden generar responsabilidad penal de la empresa y de sus responsables.
Defendemos a promotores, técnicos, empresas y particulares, y ejercemos la acusación cuando procede. Más en corrupción y Administración Pública y nuestras áreas de práctica.
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Puede serlo, sobre todo en suelo no urbanizable o protegido. No toda obra ilegal es delito, pero conviene analizarlo cuanto antes.
Sí, la demolición es una posible consecuencia. Una buena defensa busca evitarla o minimizar las consecuencias.
Pueden responder promotor, técnicos y, en su caso, el cargo público que autorizó. Depende de la participación de cada uno.