Abogado de delitos urbanísticos y medioambientales en Alicante

Construir sin licencia puede acabar en demolición y prisión

El artículo 319 castiga las obras de urbanización o construcción no autorizables en suelos protegidos o de especial valor, y también las edificaciones no autorizables en suelo no urbanizable. Y la consecuencia que más asusta no es la pena: es la demolición de lo construido, que el juez puede acordar en la propia sentencia.

Responden el promotor, el constructor y el técnico director de la obra. La creencia de que «todo el mundo lo hace» o de que el ayuntamiento lo toleró durante años no exime, aunque sí puede matizar la culpabilidad cuando hubo actos administrativos que generaron confianza legítima.

Prevaricación urbanística y responsabilidad del funcionario

El artículo 320 castiga a la autoridad o funcionario que informa favorablemente o resuelve a sabiendas de la injusticia de proyectos de edificación o licencias contrarias a la normativa. Aquí la defensa se juega en el terreno de la discrecionalidad técnica: un criterio jurídico discutible, o un informe basado en una interpretación sostenible de la norma, no es prevaricación. La arbitrariedad ha de ser evidente y consciente.

Delitos contra el medio ambiente

Los artículos 325 y siguientes castigan las emisiones, vertidos y depósitos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Es un delito de peligro: no hace falta un daño consumado, basta la aptitud para causarlo, y esa aptitud se acredita con prueba pericial.

Ahí se concentra la defensa: en los informes técnicos, en los umbrales normativos aplicables, en la cadena de custodia de las muestras y en la trazabilidad de la contaminación, porque muchas veces el vertido no procede de quien se sienta en el banquillo.

La persona jurídica puede ser condenada de forma autónoma, y un programa de cumplimiento efectivo es defensa reconocida por la ley.