Defensa penal ante la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional tiene su sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional. Desde la Ley Orgánica 1/2025, el órgano de primera instancia de esta jurisdicción es el Tribunal Central de Instancia, con secciones de instrucción y de lo penal, y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conoce del enjuiciamiento de las causas que no correspondan a la Sección de lo Penal del Tribunal Central y de los recursos. El artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción vigente, le atribuye el conocimiento de los delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno; de la falsificación de moneda y de tarjetas, cheques de viaje e instrumentos de pago falsos cometida por organizaciones o grupos criminales; de las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia; del tráfico de drogas y de los fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas cometidos por bandas o grupos organizados con efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias; de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando su enjuiciamiento corresponda a los tribunales españoles; de los delitos atribuidos a la Fiscalía Europea cuando esta haya decidido ejercer su competencia; y del contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso. En todo caso extiende su competencia a los delitos conexos con los anteriores.

Conoce además de los procedimientos penales iniciados en el extranjero y de la ejecución de sentencias extranjeras cuando por tratado corresponda a España, de las cuestiones de cesión de jurisdicción, de los procedimientos de extradición pasiva y de la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega. La cláusula de las defraudaciones con grave repercusión o con perjudicados en varias Audiencias es la que con más frecuencia decide si una estafa de inversión, un fraude piramidal o una macroestafa con centenares de víctimas se instruye en el Tribunal de Instancia de Madrid o en el Tribunal Central de Instancia, y es una cuestión de competencia que la defensa debe plantear desde el primer escrito, porque determina el procedimiento, los plazos y el tribunal que juzgará.

Quien es detenido en cualquier punto de España en virtud de una orden europea de detención y entrega es puesto a disposición del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en el plazo máximo de setenta y dos horas, conforme al artículo 50 de la Ley 23/2014; la audiencia se celebra dentro de las setenta y dos horas siguientes, con fiscal, abogado e intérprete, y en ella el reclamado manifiesta si consiente irrevocablemente la entrega y, si es español o residente, si solicita cumplir la pena en España (artículo 51). La resolución se dicta en diez días si hay consentimiento y en un máximo de sesenta días desde la detención si no lo hay, prorrogables por treinta (artículo 54). En la extradición con Estados no pertenecientes a la Unión, regida por la Ley 4/1985, la detención preventiva pone al reclamado ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia en veinticuatro horas y la prisión queda sin efecto si en cuarenta días no llega la solicitud formal (artículo 8); tras la comparecencia, el juez eleva lo actuado a la Sala de lo Penal (artículo 12), cuya decisión favorable a la entrega no vincula al Gobierno, que puede denegarla (artículo 6). No se concede la extradición de españoles (artículo 3).

En las causas propias de la Audiencia Nacional, la prisión provisional se rige por las reglas generales de los artículos 502 y 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: pena máxima igual o superior a dos años, motivos bastantes y un fin legítimo como el riesgo de fuga, apreciado con la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena y la situación personal. En las macrocausas económicas ese riesgo se argumenta a partir de los medios y de los vínculos en el extranjero, y la defensa debe llegar a la comparecencia del artículo 505 con la documentación de arraigo y una propuesta de medidas alternativas. Nuestra sede de Madrid, en Paseo de la Castellana 216, permite la intervención inmediata ante el Tribunal Central de Instancia; tratamos las materias conexas en las páginas de extradición y orden europea en Madrid, blanqueo de capitales en Madrid y abogado penalista en Madrid.