Corrupción · Cohecho · Malversación · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y corrupción en los negocios. Causas mediáticas, acusaciones institucionales reforzadas y penas con inhabilitación: la defensa exige técnica, serenidad y gestión reputacional.
Por qué es distinto
Los delitos contra la Administración comparten una misma exigencia: precisión dogmática extrema. Qué es funcionario a efectos penales, cuándo un regalo es cohecho, dónde acaba la decisión discrecional y empieza la prevaricación, qué patrimonio es público a efectos de malversación: cada concepto tiene fronteras jurisprudenciales finas que separan la condena de la absolución. Son además causas con Fiscalía Anticorrupción, acusaciones populares y presión mediática, donde cada paso procesal se amplifica. Por eso combinamos defensa técnica de máximo nivel con gestión rigurosa de la dimensión institucional y reputacional del procedimiento.
Qué defendemos
Defensa y acusación en las figuras de los arts. 404 a 445 del Código Penal.
Solicitud o aceptación de dádivas por autoridad o funcionario, y su cara activa: quien ofrece o entrega.
Apropiación o desviación de patrimonio público por quien lo administra: el tipo central tras las reformas recientes.
Influencia sobre funcionario prevaliéndose de relación personal o jerárquica para obtener resolución beneficiosa.
Resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia: la frontera con la discrecionalidad es la batalla central.
Cohecho entre particulares: pagos a directivos o empleados para obtener ventajas en la contratación privada.
Soborno de funcionarios extranjeros en transacciones internacionales: foco creciente de cooperación judicial.
Concertación con interesados para defraudar a la Administración en contratación pública.
Participación del funcionario en negocios donde debe intervenir por razón de su cargo.
Decomiso ampliado del patrimonio vinculado y reclamación de lo malversado: defensa y acusación patrimonial.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Cohecho pasivoActo contrario al cargo | 419 | 3 – 6 años | Inhabilitación 9 – 12 años |
| Cohecho activo | 424 | La del funcionario | Atenuación por denuncia (426) |
| Malversación | 432 | 2 – 6 años | Agravada: 4 – 8 + inhabilitación absoluta |
| Tráfico de influencias | 428–430 | 6 meses – 2 años | Beneficio conseguido |
| Prevaricación | 404 | Inhabilitación 9 – 15 años | Sin pena de prisión |
| Corrupción en negocios | 286 bis | 6 meses – 4 años | Agravante por dimensión del negocio |
| Fraude a la Administración | 436 | 1 – 3 años | Contratación pública |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en estas causas es documental, financiera y tecnológica: expedientes administrativos, contratación, comunicaciones intervenidas y análisis patrimonial. Dominarla exige método. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas contratistas investigadas: defensa de la entidad, programas anticorrupción y autodenuncia estratégica cuando procede.
Autoridades, funcionarios y directivos: defensa técnica e institucional, con gestión de la exposición mediática.
Investigados en macrocausas de corrupción: control de la instrucción, de las piezas separadas y de los tiempos procesales.
Administraciones y empresas perjudicadas: acusación particular y recuperación de lo defraudado o malversado.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
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