No. La declaración policial exige presencia letrada, y antes el detenido tiene derecho a una entrevista reservada con su abogado.

Activamos la asistencia de inmediato tras la llamada; el plazo depende de la dependencia policial, pero la preparación del caso empieza en ese mismo momento.

Localizar la comisaría, designarnos formalmente y reunir documentación de arraigo (trabajo, padrón, familia). Y no hacer declaraciones sobre los hechos a nadie.

Como regla técnica, no declarar hasta examinar el atestado. Guardar silencio es un derecho y no puede perjudicarle.

Máximo 72 horas antes de pasar a disposición judicial, aunque la mayoría de detenciones se resuelven antes. Desde ese momento el juez decide libertad o medidas cautelares: las primeras horas condicionan esa decisión.

Un procedimiento urgente ante el juez para revisar la legalidad de una detención. Si la detención es irregular o se exceden los plazos, lo instamos de inmediato.

Desde el momento mismo de la detención en la calle, no desde la llegada a comisaría. El lugar y la hora exactos deben constar en el atestado y en el libro de registro y custodia: lo comprobamos siempre, porque un cómputo mal hecho puede convertir la detención en ilegal. Guía de las primeras 24 horas.

Solo en delitos de terrorismo o bandas armadas, con prórroga de hasta 48 horas más que debe solicitarse motivadamente dentro de las primeras 48 y autorizarla el juez en las 24 siguientes. Fuera de esos casos, agotado el plazo procede libertad o puesta a disposición judicial.

El abogado debe comparecer en un máximo de 3 horas desde que recibe el encargo; si no lo hace, el Colegio designa de inmediato a otro del turno. Si hay lejanía geográfica, cabe asistencia por teléfono o videoconferencia. Nuestro equipo de urgencias 24 h está organizado para cumplir ese estándar.

Tiene derecho de acceso a los elementos esenciales del expediente para impugnar la legalidad de la detención. Solo cabe denegarlo por causas tasadas (secreto de sumario, testigos protegidos, incomunicación); una negativa injustificada se hace constar en acta y puede fundar un habeas corpus.

Sí: a comunicarse con un tercero de su elección (la efectúa el agente, en su presencia, máximo 5 minutos) y, además, a que se informe a un familiar del hecho de la detención y del lugar de custodia. Si es extranjero, también a su consulado.

Sí, a ser reconocido por el médico forense o facultativo público, dejando constancia escrita en el libro de registro y custodia. Es además una garantía frente a cualquier incidencia durante la custodia.

La reseña de huellas es diligencia ordinaria. La muestra de ADN no: exige su consentimiento prestado en presencia de abogado o, en su defecto, autorización judicial. Consentir o no es una decisión estratégica que debe tomarse asesorado.

Solo a personas detenidas o ingresadas en celda, de forma excepcional y motivada, para localizar objetos peligrosos o pruebas, y bajo condiciones estrictas que protegen la intimidad. Practicado fuera de esos límites, es impugnable.

El uso de grilletes es una medida de seguridad sujeta a proporcionalidad, como regla con las manos a la espalda. Cualquier uso de fuerza debe quedar documentado en el atestado; los excesos pueden denunciarse.

Rige un régimen propio: comunicación inmediata a la Fiscalía de Menores y a los padres o tutores; si hay duda de si es menor de 14 años, las actuaciones se archivan y se le entrega a la familia. Las ruedas de reconocimiento con menores son excepcionales y requieren autorización del Fiscal.

Una restricción excepcional, reservada a criminalidad grave u organizada, que limita derechos como la elección de abogado o la comunicación a terceros y exige resolución judicial motivada. Su control de legalidad es esencial.

El atestado se remite al juzgado de guardia (en Madrid, telemáticamente vía LexNet), con copia al fiscal y acceso para la defensa, y el detenido pasa a disposición judicial: ahí se decide libertad o medidas cautelares. Es el momento crítico donde la preparación previa rinde.

Comprueba que le han leído los derechos, le asesora sobre qué conducta seguir en el interrogatorio (declarar o no, y cómo), pide intérprete si lo necesita y valora si procede un habeas corpus. Esa entrevista previa es donde se decide la estrategia de las primeras 72 horas.

Fecha, hora y lugar de la detención, un resumen de los hechos, la calificación penal provisional y los indicios de participación, además del tiempo máximo de privación de libertad. Sin esa información, la declaración nace viciada.

No: para impugnar la prisión, la ley (arts. 503 y 505 LECrim, reforzados por la Circular FGE 3/2018) obliga a dar acceso a los elementos esenciales de las actuaciones antes de la vistilla. Si se deniega, la medida es recurrible con base sólida.