Cómo se decide el grado de tratamiento de un interno, qué supone cada grado y de qué modo se progresa, se regresa o se accede a la libertad condicional.
La clasificación penitenciaria es la decisión administrativa que determina el régimen de vida y el grado de tratamiento de cada persona que ingresa en prisión para cumplir una pena privativa de libertad. No es una etiqueta burocrática: de ella dependen el tipo de centro o módulo en el que vivirá el interno, el nivel de control al que estará sometido, las salidas y permisos a los que podrá optar y, en última instancia, el camino hacia la libertad. El sistema penitenciario español se rige por el principio de individualización científica, recogido en el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que obliga a estudiar caso por caso la personalidad y las circunstancias de cada penado.
A diferencia de modelos rígidos basados solo en la gravedad del delito, la individualización científica permite clasificar a cada interno en el grado que mejor se ajuste a su evolución, e incluso prescindir de la progresión sucesiva por grados cuando el tratamiento lo aconseja. En este artículo explicamos, de forma divulgativa, qué significan los grados, cómo se decide la clasificación y cómo se progresa o se regresa de grado.
Los tres grados y sus regímenes
El sistema se organiza en tres grados, a los que se añade, como cuarta fase, la libertad condicional. El primer grado se corresponde con el régimen cerrado, reservado a internos calificados de peligrosidad extrema o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto; supone el mayor nivel de control y de limitaciones. El segundo grado equivale al régimen ordinario, el más común, propio de internos en quienes concurren circunstancias de normal convivencia pero sin capacidad todavía para vivir en semilibertad. El tercer grado abre el régimen abierto: el interno puede salir del centro para trabajar o realizar actividades y solo pernocta en el establecimiento, o disfruta de un régimen de mayor autonomía con control telemático.
Cómo se decide la clasificación
La clasificación inicial se realiza tras el ingreso, una vez firme la condena. La Junta de Tratamiento del centro penitenciario, con apoyo del equipo técnico (psicólogos, juristas, trabajadores sociales y educadores), estudia al interno y eleva una propuesta motivada al Centro Directivo de la Administración penitenciaria, que es quien resuelve. Para decidir se valoran, entre otros factores, la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del penado; la duración de las penas; el medio social al que retornará; y los recursos, facilidades y dificultades existentes para el éxito del tratamiento. La ley exige que la clasificación se motive y que se notifique al interno, que puede recurrirla.
Progresión y regresión de grado
La clasificación no es definitiva. El tratamiento penitenciario es dinámico, de modo que el grado debe revisarse periódicamente —como máximo cada seis meses— para ajustarlo a la evolución del interno. La progresión depende de una modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifiesta en la conducta y conlleva un acrecentamiento de la confianza y la atribución de mayores responsabilidades. La regresión de grado opera en sentido inverso: cuando se aprecia una evolución desfavorable de la personalidad o de la conducta, o el incumplimiento de las condiciones del grado disfrutado, la Administración puede devolver al interno a un régimen más restrictivo. Tanto una como otra deben fundarse en datos objetivos y resultar motivadas.
El periodo de seguridad y los límites legales
En determinadas penas de larga duración, el acceso al tercer grado no es automático. El artículo 36.2 del Código Penal prevé el llamado periodo de seguridad: cuando la pena de prisión supera los cinco años, el juez o tribunal puede ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la condena, exigencia que para ciertos delitos especialmente graves resulta obligatoria. Además, en supuestos de acumulación de penas, el artículo 78 del Código Penal permite que los beneficios penitenciarios, los permisos y la propia clasificación se refieran a la totalidad de las penas impuestas, lo que retrasa el acceso a los grados más favorables.
La libertad condicional
Tradicionalmente considerada el cuarto grado, la libertad condicional se configura hoy en el Código Penal (artículos 90 y siguientes) como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Con carácter general exige que el penado esté clasificado en tercer grado, que haya extinguido una parte de la condena —habitualmente las tres cuartas partes, o dos terceras partes en ciertos casos de buena conducta y participación en actividades—, que observe buena conducta y que exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. La concesión, revocable si se incumplen las condiciones, corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El papel del Juez de Vigilancia Penitenciaria
El control judicial de la ejecución penitenciaria recae en el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Frente a la resolución administrativa de clasificación o frente a una regresión de grado, el interno puede acudir a este órgano, conforme al artículo 76 de la LOGP, que salvaguarda los derechos de los internos y corrige los abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento. Sus resoluciones son, a su vez, recurribles. Contar con asistencia letrada especializada resulta decisivo para articular estas reclamaciones, reunir informes favorables y acreditar la evolución del interno.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
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Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
