La mayor ampliación de planta judicial de los últimos años se acompaña de 200 nuevas plazas fiscales y se desplegará de forma escalonada hasta noviembre de 2027.
El Boletín Oficial del Estado del 9 de julio de 2026 ha publicado el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, por el que se crean quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y se adecúa la planta judicial. Se trata de una de las mayores ampliaciones de la planta judicial de los últimos años y de una pieza central en el despliegue del nuevo modelo organizativo de los Tribunales de Instancia introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma entró en vigor el 10 de julio de 2026, si bien la puesta en funcionamiento efectiva de las plazas se producirá de forma escalonada.
Cómo se reparten las 500 plazas
La distribución aprobada concentra el grueso del refuerzo en la primera instancia: 368 plazas se destinan a las Secciones de los Tribunales de Instancia y 2 al Tribunal Central de Instancia. A ellas se suman 96 plazas de magistrado o magistrada en órganos colegiados, de las cuales 7 corresponden al Tribunal Supremo, 4 a la Audiencia Nacional, 9 a los Tribunales Superiores de Justicia y 76 a las Audiencias Provinciales, además de 34 plazas de jueces y juezas de adscripción territorial, pensadas para dotar de flexibilidad a los Tribunales Superiores de Justicia en la cobertura de necesidades sobrevenidas.
Refuerzo paralelo del Ministerio Fiscal
El mismo BOE publicó el Real Decreto 560/2026, que amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal con la creación de 200 nuevas plazas: una de primera categoría y 199 de segunda. La medida busca acompasar la capacidad de la Fiscalía al crecimiento de la planta judicial, algo especialmente relevante en un contexto en el que las reformas procesales en tramitación apuntan a un mayor protagonismo del fiscal en la fase de investigación.
Qué significa en la práctica
Para quien litiga, la ampliación tiene una lectura directa: más capacidad de resolución en los órganos más congestionados. El refuerzo masivo de las Secciones de los Tribunales de Instancia, que desde la LO 1/2025 agrupan a los antiguos juzgados unipersonales de cada partido judicial, pretende reducir los tiempos de señalamiento y sentencia en la primera instancia civil y penal, donde se concentra la mayor parte de la litigiosidad. Las 76 plazas en Audiencias Provinciales deberían aliviar la segunda instancia, cuyos plazos de resolución de recursos de apelación se han convertido en uno de los cuellos de botella más señalados por los operadores jurídicos. La creación de 7 plazas en el Tribunal Supremo, por su parte, apunta a la reducción de la bolsa de recursos de casación pendientes.
El despliegue escalonado obliga, no obstante, a la prudencia. La experiencia de anteriores ampliaciones de planta enseña que la creación formal de la plaza es solo el primer paso: su efectividad real depende de la convocatoria y resolución de los concursos, de la dotación de personal de la oficina judicial y de los medios materiales que aporten las administraciones competentes, estatal o autonómicas según el territorio. Habrá que esperar a los hitos de diciembre de 2026 y de junio y noviembre de 2027 para comprobar si el calendario se cumple y si el refuerzo se traduce en una mejora medible de los tiempos de respuesta judicial.
En conjunto, la publicación del RD 559/2026 confirma que la implantación de los Tribunales de Instancia ha entrado en su fase de consolidación: tras el cambio organizativo operado en 2025, llega ahora la inyección de efectivos destinada a que el nuevo modelo funcione. Para los despachos y para los ciudadanos con procedimientos en curso es una noticia positiva, aunque sus efectos serán graduales y desiguales por territorios.
Fuente: Real Decreto 559/2026, de 8 de julio (BOE núm. 166, de 9 de julio de 2026)
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
Consulta tu caso.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
