PenalDifusión roja de INTERPOL: qué es, qué efectos tiene y cómo defenderse

Pocas situaciones generan tanta incertidumbre como descubrir, normalmente en el control de pasaportes de un aeropuerto, que existe una alerta internacional de búsqueda en vigor. Las notificaciones y difusiones rojas de INTERPOL son el instrumento de localización de personas más utilizado en la cooperación policial internacional, y también uno de los más desconocidos. Conviene entender qué son exactamente, qué consecuencias tienen en España y qué mecanismos de defensa existen, porque no son pocos los casos en que se utilizan de forma abusiva.

Notificación roja y difusión: no son lo mismo

La notificación roja es una alerta formal que la Secretaría General de INTERPOL publica a solicitud de un país miembro para localizar y solicitar la detención provisional de una persona buscada con fines de extradición o cumplimiento de condena. Antes de publicarse pasa un control de conformidad con el Estatuto y el Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos. La difusión, en cambio, es una comunicación que un país envía directamente a todos o a parte de los Estados miembros a través de los canales de la organización, con la misma finalidad práctica pero con un control previo mucho más limitado. Esa menor supervisión explica que las difusiones sean el cauce preferido cuando la solicitud es jurídicamente débil o presenta motivaciones espurias.

Qué efectos produce en España

Ni la notificación ni la difusión roja son, por sí mismas, una orden internacional de detención con eficacia directa: cada Estado decide el valor jurídico que les atribuye. En España funcionan en la práctica como solicitud de detención preventiva a efectos de extradición. Si la persona es localizada, la policía procede a su detención y la pone a disposición de la justicia con competencia central, que decide sobre su situación personal, con posibilidad de prisión provisional, libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias periódicas, mientras el Estado requirente formaliza la demanda de extradición en el plazo legal. A partir de ahí se abre el procedimiento de extradición pasiva regulado en la Ley 4/1985 y en los tratados aplicables, con sus dos fases, judicial y gubernativa. Si la demanda no se formaliza en plazo, la persona debe ser puesta en libertad.

Límites: los artículos 2 y 3 del Estatuto de INTERPOL

INTERPOL no puede ser utilizada como herramienta de persecución política. El artículo 3 de su Estatuto prohíbe rigurosamente toda intervención en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial, y el artículo 2 obliga a que la cooperación se desarrolle dentro del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sobre esa base deben cancelarse las alertas dirigidas contra opositores, periodistas, empresarios represaliados o refugiados. Precisamente la condición de refugiado o de solicitante de asilo frente al Estado requirente es, conforme a la práctica de la organización, un motivo de peso para la supresión de la alerta.

Cómo saber si existe una alerta y cómo impugnarla

Solo una parte de las notificaciones rojas se publica en la web de INTERPOL; la mayoría, y todas las difusiones, son confidenciales. La vía para conocer y combatir la información es la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL, la CCF, órgano independiente con sede en Lyon. Ante ella pueden presentarse dos tipos de solicitudes: de acceso, para saber si existen datos registrados, y de corrección o supresión, para eliminar la alerta. La solicitud se presenta por escrito, en alguno de los idiomas oficiales, acompañada de identificación y de toda la documentación que acredite la vulneración: motivación política del proceso de origen, falta de garantías procesales, condición de refugiado, prescripción, cosa juzgada o insuficiencia de los cargos. La Comisión resuelve en plazos reglados y sus decisiones sobre supresión de datos son vinculantes para la organización.

Estrategia de defensa

La defensa frente a una alerta roja exige trabajar en dos planos simultáneos. En el plano internacional, preparar cuanto antes la solicitud ante la CCF, bien documentada, porque una alerta suprimida desactiva el riesgo de detención en terceros países. En el plano interno, si la detención ya se ha producido en España, combatir la extradición en el procedimiento judicial: alegación de causas de denegación, riesgo de trato inhumano o de proceso injusto en el Estado requirente, fines políticos encubiertos, nacionalidad española o arraigo, y solicitud de libertad provisional mientras se sustancia el expediente. Anticiparse es esencial: quien sabe que puede estar señalado por un Estado con antecedentes de uso abusivo de INTERPOL hace bien en verificar su situación y preparar su defensa antes de emprender un viaje internacional.

Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
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