Artículo 588 quinquies b LECrim: Dispositivos de seguimiento y localización

El artículo 588 quinquies b permite al juez autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, con duración máxima de tres meses prorrogable hasta dieciocho.

Texto vigente del artículo 588 quinquies b de la LECrim

Requisitos y trámite

1. Autorización judicial previa, salvo el supuesto de urgencia del apartado cuarto con convalidación en veinticuatro horas.
2. Razones acreditadas de necesidad y proporcionalidad de la medida.
3. Especificación en la resolución del medio técnico que va a ser utilizado.
4. Duración máxima de tres meses desde la fecha de autorización, prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de dieciocho meses.
5. Deber de la Policía Judicial de entregar los soportes originales o copias electrónicas auténticas al letrado de la Administración de Justicia.

Actuación de la defensa

Ausencia de autorización judicial. Es la línea principal. La colocación de un dispositivo de geolocalización en el vehículo del investigado sin auto habilitante carece de cobertura, sin que la circunstancia de hallarse el vehículo en la vía pública altere esa conclusión. El examen de la fecha de colocación frente a la del auto es la comprobación esencial.

Insuficiencia de la urgencia invocada. El apartado cuarto permite la actuación policial en supuestos de urgencia, pero exige comunicación inmediata y convalidación judicial en veinticuatro horas. El incumplimiento de ese plazo, o la convalidación sin motivación propia, determina la nulidad desde el inicio.

Especificación del medio técnico. La resolución debe precisar el dispositivo empleado. La autorización genérica de medios técnicos de seguimiento, sin identificar cuál, impide controlar la intensidad real de la injerencia.

Control de la duración y de las prórrogas. Las prórrogas exigen nueva resolución motivada sobre la subsistencia de la necesidad. La prolongación automática, o el mantenimiento del dispositivo una vez concluido el plazo, vicia la medida desde ese momento.

Integridad de los registros de posición. Los datos de localización deben incorporarse íntegros. La aportación de un informe policial que resume las posiciones, sin el registro completo, impide verificar la correlación entre los datos y las conclusiones y debe impugnarse.

Delimitación frente a la videovigilancia. La captación de imagen en lugares públicos se rige por el artículo 588 quinquies a, que no exige autorización judicial. La confusión entre ambas medidas es frecuente y su delimitación determina la existencia o no de cobertura.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.