En breve. Spoofing bancario: le llaman desde el número real del banco. Reclamación a la entidad y acción penal para recuperar el importe. Consulte su caso.
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Defendemos a quien es investigado por utilizar la identidad de otro y a quien sufre el uso fraudulento de su nombre, sus datos o sus medios de pago. Calificación jurídica precisa, aseguramiento de la prueba digital y reclamación frente a entidades y plataformas.
El artículo 401 del Código Penal castiga a quien usurpare el estado civil de otro, pero los tribunales lo interpretan de forma restrictiva: no basta con emplear puntualmente el nombre ajeno, sino que se exige asumir la personalidad completa de otra persona y ejercer sus derechos y obligaciones como si fueran propios. Por eso, la mayoría de los hechos que se denuncian como suplantación se resuelven en realidad por otras vías: estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos o acceso ilegal a sistemas. Determinar el tipo penal correcto desde el primer escrito condiciona la competencia del juzgado, el marco de pena en juego y las posibilidades reales de reparación económica.
Un mismo hecho —abrir una cuenta, contratar un préstamo o crear un perfil con el nombre de otro— puede activar varios tipos penales a la vez, en régimen de concurso. Estas son las calificaciones que con más frecuencia aparecen en los procedimientos por uso fraudulento de la identidad ajena.
Exige suplantar de manera permanente la personalidad íntegra de otra persona, ejerciendo sus derechos y obligaciones. La jurisprudencia excluye el uso aislado del nombre ajeno para un trámite concreto, que se reconduce a la falsedad o a la estafa.
Tras la reforma del Código Penal, la estafa integra expresamente las manipulaciones informáticas y las transferencias no consentidas de activos patrimoniales. Es el tipo aplicable a la mayoría de los fraudes cometidos con la identidad de la víctima.
Agrava la pena cuando concurre, entre otras circunstancias, especial gravedad por el valor de la defraudación, abuso de relaciones personales o víctima especialmente vulnerable por su edad o situación.
Castiga el apoderamiento de correos, mensajes o documentos y el acceso, la utilización o la modificación no autorizada de datos personales registrados en ficheros o soportes. La difusión posterior a terceros eleva la pena.
Sanciona el acceso al conjunto o a una parte de un sistema informático vulnerando las medidas de seguridad establecidas, así como la interceptación de transmisiones no públicas de datos. Es el precepto habitual en el acceso a cuentas y perfiles ajenos.
Comprende la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles por particulares y la de documentos privados. La suscripción de contratos, altas o solicitudes con la firma o los datos de otro suele calificarse por esta vía.
El artículo 399 bis castiga la falsificación de tarjetas de crédito o débito y su uso en perjuicio de otro, y el 400 bis equipara al falsificador a quien usa a sabiendas un documento de identidad falso o auténtico perteneciente a otra persona.
Además del acoso persistente, tipifica de forma expresa el uso indebido de los datos personales de la víctima para adquirir productos, contratar servicios o lograr que terceros se pongan en contacto con ella.
Crear un perfil con la identidad de otro puede constituir un trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral, o dar lugar a calumnias e injurias según los contenidos difundidos, sin perjuicio de la acción civil por intromisión en el honor y la propia imagen de la Ley Orgánica 1/1982.
El marco de pena depende del precepto aplicado y de circunstancias como la cuantía defraudada, la naturaleza del documento falsificado o la situación de la víctima. El cuadro resume los preceptos que con mayor frecuencia se manejan en estos procedimientos.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Usurpación del estado civilAsunción íntegra y permanente de la identidad ajena | Art. 401 CP | Prisión de 6 meses a 3 años | Permanencia en el ejercicio de los derechos del suplantado |
| Estafa informáticaTransferencias no consentidas y manipulación de sistemas | Art. 249 CP | Prisión de 6 meses a 3 años | Cuantía defraudada superior a cuatrocientos euros |
| Estafa agravadaEspecial gravedad, abuso de confianza o víctima vulnerable | Art. 250 CP | Prisión de 1 a 6 años y multa | Situación de especial vulnerabilidad de la víctima |
| Descubrimiento y revelación de secretosAcceso y utilización de datos personales reservados | Art. 197 CP | Prisión de 1 a 4 años y multa | Difusión o cesión a terceros de los datos obtenidos |
| Acceso ilegal a sistemasVulneración de las medidas de seguridad de la cuenta | Art. 197 bis CP | Prisión de 6 meses a 2 años | Comisión en el seno de una organización criminal |
| Falsedad documentalDocumento oficial, mercantil o privado | Arts. 390 a 395 CP | Prisión de 6 meses a 3 años | Carácter oficial o mercantil del documento alterado |
| Tarjetas y documentos de identidadFalsificación y uso de documento o tarjeta ajenos | Arts. 399 bis y 400 bis CP | Prisión de 4 a 8 años | Uso de la tarjeta sin consentimiento del titular |
| Uso indebido de datos personalesContratación de servicios con la identidad de la víctima | Art. 172 ter CP | Prisión de 3 meses a 2 años o multa | Relación previa con la víctima o reiteración de los actos |
Marcos punitivos orientativos según el Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; la calificación y la pena exigen análisis individualizado de la causa.
La atribución de la autoría es el punto débil de casi todas estas causas. Una dirección IP, un terminal compartido, una cuenta de correo o una tarjeta SIM duplicada identifican un acceso o un dispositivo, nunca de forma automática a una persona. Trabajamos la cadena de custodia de la evidencia digital, los registros de conexión cedidos por los prestadores de servicios, los metadatos y las franjas horarias de acceso. En el lado de la acusación aseguramos la prueba mediante acta notarial y solicitud judicial de datos de tráfico y de identificación del titular, antes de que los plazos de conservación la hagan irrecuperable. En los casos de duplicado fraudulento de tarjeta SIM y de mensajes o llamadas que suplantan el número de la entidad, la diligencia del operador y del banco pasa a ser el eje del caso.LIWARD Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
Empresas cuyo nombre comercial, dominio o identidad de directivos se emplea para desviar pagos o contratar suministros en su nombre: respuesta penal, requerimientos de cese y contención reputacional.
Administradores y directivos a cuyo nombre se han abierto cuentas, firmado contratos o solicitado financiación: delimitación de la responsabilidad personal frente a la de la sociedad.
Personas investigadas por operar con datos o documentos de terceros, con frecuencia como último eslabón de una trama: discusión del dolo, del error y de su verdadera intervención en los hechos.
Víctimas de préstamos, líneas telefónicas, suministros o perfiles falsos abiertos con su identidad: personación como acusación particular y reclamación íntegra del perjuicio.
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