Perfiles falsos con su nombre y su foto, contratos a su nombre que usted nunca firmó, una SIM duplicada que vacía su banca móvil. La suplantación de identidad es uno de los delitos digitales de mayor crecimiento y de los más angustiosos para la víctima: alguien actúa por usted, frente a sus contactos o frente a su banco.
La usurpación de estado civil (artículo 401 del Código Penal) castiga con prisión de 6 meses a 3 años hacerse pasar por otra persona de forma plena. Alrededor orbitan la estafa (contratos y compras a su nombre), el descubrimiento y revelación de secretos (acceso a sus cuentas), la falsedad documental y los daños al honor. El SIM swapping —duplicar su tarjeta para burlar los SMS de su banco— combina varios de ellos y permite, además, reclamar a la operadora y a la entidad.
Para víctimas: preservación forense de la prueba (perfiles, comunicaciones, registros de acceso), requerimientos de retirada a las plataformas, denuncia o querella, e identificación del autor mediante los cauces judiciales (requerimientos de datos a plataformas y operadoras). En paralelo, reclamación bancaria si hubo cargos no autorizados.
Para investigados: defendemos también a quienes se ven señalados por suplantaciones que no cometieron — las IP compartidas, redes wifi abiertas y dispositivos de uso común exigen pericia técnica para atribuir (o desmontar) la autoría.
Depende del alcance: el uso de la imagen puede vulnerar derechos civiles, y se convierte en delito cuando hay suplantación plena, acoso, estafa o acceso a sus cuentas. La calificación exacta determina la estrategia.
Con requerimientos formales bien dirigidos y, si no responden, medidas judiciales. La retirada es compatible con la investigación del autor: primero se preserva la prueba, después se retira.
No reconozca deuda alguna: denuncie, comunique la suplantación a la entidad y a los ficheros de solvencia, y exija la nulidad. Es un proceso documental que conviene dirigir desde el primer requerimiento.
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