PenalComisiones rogatorias internacionales: así funciona la cooperación judicial penal entre países

La delincuencia rara vez respeta fronteras. Un fraude cometido desde un servidor en el extranjero, una red de blanqueo con cuentas en varios países o un testigo que reside fuera de España son situaciones cotidianas en la instrucción penal moderna. Cuando esto ocurre, el juez o el fiscal español no puede simplemente enviar a la policía a otro país: necesita activar un mecanismo de cooperación judicial internacional. El instrumento clásico para ello es la comisión rogatoria, una institución centenaria que sigue siendo, pese a las nuevas herramientas europeas, la vía habitual de auxilio judicial con países fuera de la Unión Europea.

Qué es una comisión rogatoria

Una comisión rogatoria es la solicitud formal que una autoridad judicial de un Estado dirige a la autoridad competente de otro Estado para que realice, en su territorio, un acto procesal que el primero no puede ejecutar por sí mismo: tomar declaración a un testigo, notificar una citación, practicar un registro, embargar bienes, obtener documentación bancaria o remitir antecedentes penales. El fundamento es sencillo: la soberanía judicial de cada Estado se limita a su propio territorio, por lo que cualquier diligencia que deba practicarse en otro país exige la colaboración de sus propios tribunales o autoridades.

El marco normativo aplicable

En España, la base legal se encuentra en los artículos 277 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el auxilio judicial internacional. A ello se suman los convenios multilaterales suscritos por España, entre los que destaca el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 del Consejo de Europa y sus protocolos adicionales, así como numerosos tratados bilaterales con países de Iberoamérica, Estados Unidos o el norte de África. Cuando no existe convenio aplicable, rige el principio de reciprocidad: España presta el auxilio esperando que el otro Estado haga lo propio llegado el caso.

Cómo se tramita en la práctica

El procedimiento habitual comienza cuando el juez de instrucción o el fiscal considera necesaria una diligencia que solo puede practicarse en otro país. Se redacta la solicitud, identificando con precisión el objeto de la petición, los hechos investigados y la asistencia concreta que se requiere. Cuando existe un convenio internacional que lo permite, la comisión rogatoria puede remitirse directamente entre autoridades judiciales o a través de las autoridades centrales designadas en cada tratado, normalmente el Ministerio de Justicia. En ausencia de cauce convencional, se acude a la vía diplomática, más lenta, en la que interviene el Ministerio de Asuntos Exteriores y la representación diplomática española en el país requerido.

Una vez recibida, la autoridad del Estado requerido examina la solicitud conforme a su propia legislación procesal, decide si la ejecuta y remite el resultado a España. Este proceso puede demorarse meses, especialmente cuando el país requerido exige requisitos adicionales de forma, traducción oficial o verificación de la doble incriminación del hecho investigado.

La Orden Europea de Investigación, la evolución dentro de la UE

Entre los Estados miembros de la Unión Europea, la Directiva 2014/41/UE introdujo la Orden Europea de Investigación, incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 3/2018. Este instrumento sustituye, para la práctica totalidad de diligencias probatorias, a la comisión rogatoria tradicional, basándose en el principio de reconocimiento mutuo: la autoridad de ejecución debe, salvo motivos tasados de denegación, reconocer y ejecutar la orden como si fuera propia, con plazos mucho más breves y formularios normalizados. Esto ha supuesto una notable agilización en causas con elementos transfronterizos dentro del espacio europeo, frente a la lentitud tradicionalmente asociada a la comisión rogatoria clásica.

Garantías, límites y validez de la prueba

No toda solicitud se ejecuta de forma automática. Los Estados requeridos pueden denegar la cooperación cuando el acto solicitado atente contra su orden público, contra derechos fundamentales reconocidos en su ordenamiento o cuando el hecho investigado no seria delito conforme a su propia legislación (doble incriminación), exigencia habitual para determinadas diligencias más invasivas, como los registros o las intervenciones de comunicaciones. Además, la prueba obtenida a través de una comisión rogatoria debe incorporarse al proceso español respetando las garantías de contradicción y el derecho de defensa: la parte acusada debe poder conocer el contenido de la diligencia practicada en el extranjero y, en su caso, impugnarla.

Un problema recurrente en la práctica forense es la falta de certeza sobre cómo se practicó la diligencia en el extranjero, qué garantías rodearon la toma de una declaración o la incautación de un dispositivo, y si el resultado puede incorporarse sin vulnerar la cadena de custodia. Los tribunales españoles exigen que la autoridad requirente verifique, en la medida de lo posible, que la actuación se ajustó a estándares mínimos de fiabilidad, así como que la traducción de la documentación remitida sea fidedigna.

Un instrumento imprescindible pese a sus limitaciones

La globalización de la delincuencia económica, el cibercrimen y el tráfico de estupefacientes ha multiplicado el recurso a la cooperación judicial internacional. Pese a las críticas por su lentitud y la disparidad de criterios entre Estados, la comisión rogatoria sigue siendo, fuera del ámbito europeo, la herramienta esencial para que la justicia penal española pueda obtener pruebas, notificar resoluciones o recuperar activos situados más allá de nuestras fronteras. Conocer sus plazos, requisitos y límites resulta imprescindible tanto para quien impulsa una investigación como para quien debe defenderse frente a diligencias practicadas en otro país.

Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
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