EmpresaLos pactos de socios: qué son, para qué sirven y qué cláusulas conviene incluir

Cuando dos o más personas deciden emprender juntas a través de una sociedad, la ilusión inicial rara vez se detiene a pensar qué ocurrirá si más adelante surgen desacuerdos. Sin embargo, buena parte de los conflictos societarios se podrían haber evitado, o al menos encauzado, con un buen pacto de socios firmado al comienzo de la relación. Este documento, discreto y a menudo desconocido para quien se inicia en el mundo empresarial, es una de las herramientas más útiles del Derecho de empresa.

¿Qué es un pacto de socios?

Un pacto de socios, también denominado acuerdo o pacto parasocial, es el contrato mediante el cual todos o algunos de los socios de una sociedad regulan sus relaciones internas y determinados aspectos del funcionamiento de la compañía que la ley deja a su libre voluntad. No sustituye a la escritura de constitución ni a los estatutos sociales, sino que los complementa. La diferencia esencial es de publicidad y de eficacia: los estatutos se inscriben en el Registro Mercantil y son públicos, mientras que el pacto de socios se mantiene habitualmente en la esfera privada y confidencial de quienes lo firman.

¿Por qué conviene firmarlo?

El pacto de socios cumple, ante todo, una función preventiva. Sirve para anticipar los escenarios que pueden tensionar la relación, como la entrada de un nuevo inversor, la salida de un socio fundador, un bloqueo en la toma de decisiones o la discrepancia sobre el reparto de dividendos, y ofrecer una respuesta pactada de antemano. Protege tanto al socio mayoritario, que busca estabilidad y control, como al minoritario, que necesita garantías frente a decisiones que podrían perjudicarle. Y aporta seguridad a los inversores, que con frecuencia condicionan su entrada en el capital a la firma de un acuerdo que blinde sus derechos económicos y políticos.

Las cláusulas más habituales

Aunque cada pacto debe adaptarse a la realidad concreta de la empresa, existen cláusulas que se repiten con frecuencia. En materia de gobierno y toma de decisiones, es habitual reservar determinadas materias relevantes, como aprobar el presupuesto, endeudarse por encima de cierta cifra, vender activos esenciales o nombrar a directivos clave, a mayorías reforzadas, de modo que no puedan adoptarse sin el consenso de los socios significativos. También se regula la composición del órgano de administración y el derecho de ciertos socios a designar consejeros.

Un segundo bloque se refiere a la permanencia y el compromiso de los fundadores. Las cláusulas de permanencia y de consolidación progresiva de participaciones, el conocido vesting, vinculan a los socios que aportan sobre todo trabajo, evitando que uno abandone el proyecto llevándose una participación que todavía no ha consolidado.

El tercer gran grupo regula la entrada y la salida de socios. Aquí encontramos los derechos de adquisición preferente, que permiten a los demás socios comprar las participaciones antes de que se vendan a un tercero; el derecho de acompañamiento o tag along, que faculta al minoritario para vender en las mismas condiciones que el mayoritario; y el derecho de arrastre o drag along, que permite al mayoritario forzar la venta conjunta cuando aparece un comprador por la totalidad del capital. A ello se suman la política de dividendos, las obligaciones de no competencia y confidencialidad, y los mecanismos de resolución de conflictos, como el sometimiento a mediación o arbitraje y las cláusulas de desbloqueo para los temidos escenarios de empate o deadlock. Es frecuente reforzar todo ello con cláusulas penales que cuantifican por anticipado la indemnización en caso de incumplimiento.

Eficacia y oponibilidad: el artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital

La gran pregunta es qué ocurre cuando un socio incumple lo pactado. El artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad. En términos prácticos, esto significa que el incumplimiento del pacto genera responsabilidad contractual entre los firmantes, de manera que quien lo incumple puede ser condenado a indemnizar o a cumplir lo acordado, pero, por regla general, no basta por sí solo para anular el acuerdo social adoptado en la junta en contra de lo pactado.

No obstante, la jurisprudencia ha matizado esta separación entre el plano contractual y el societario. Los tribunales han admitido, en determinados supuestos, la impugnación de acuerdos sociales cuando el pacto había sido suscrito por la totalidad de los socios, los llamados pactos omnilaterales, y su vulneración suponía además una actuación contraria a la buena fe o al interés social. Por eso conviene diseñar el pacto teniendo muy presente esta frontera y, siempre que sea posible, trasladar a los estatutos aquellas reglas a las que se quiera dotar de plena eficacia frente a la sociedad y frente a terceros.

Recomendaciones prácticas

Un buen pacto de socios debe ser claro, coherente con los estatutos y realista. Conviene redactarlo al inicio, cuando la relación es buena y resulta más fácil acordar reglas objetivas; prever siempre mecanismos ordenados de salida; fijar plazos y consecuencias precisas; y revisarlo cada cierto tiempo, sobre todo cuando entran nuevos socios o cambia el tamaño de la empresa. Contar con asesoramiento jurídico especializado no es un lujo, sino la mejor forma de que el documento cumpla su función el día en que de verdad se necesite.

Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
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