EmpresaPenalEl Reglamento MiCA: la nueva regulación europea de los criptoactivos y el fin del periodo transitorio en España

Durante años, invertir en criptomonedas en Europa se parecía a moverse por un territorio sin mapa. La llegada del Reglamento MiCA ha cambiado ese paisaje: por primera vez existe un marco común para todos los Estados miembros. En España, además, acaba de cerrarse una etapa clave, porque el periodo transitorio que permitía seguir operando a las plataformas ya registradas finalizó el 1 de julio de 2026.

Qué es MiCA y por qué llega

MiCA son las siglas en inglés de Markets in Crypto-Assets. Se trata del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos. Su objetivo es triple: proteger a los inversores, preservar la estabilidad financiera y aportar seguridad jurídica a un sector que hasta ahora carecía de reglas armonizadas. Al tratarse de un reglamento, se aplica de forma directa en todos los países de la Unión, sin necesidad de una ley nacional que lo transponga, aunque cada Estado designa a sus autoridades supervisoras y concreta algunos aspectos.

Qué criptoactivos regula

MiCA distingue tres grandes categorías. En primer lugar, las fichas referenciadas a activos, conocidas por sus siglas ART, que buscan mantener un valor estable tomando como referencia varias monedas oficiales, materias primas u otros criptoactivos. En segundo lugar, las fichas de dinero electrónico o EMT, que se vinculan al valor de una sola moneda oficial, como el euro o el dólar. Y, en tercer lugar, el resto de criptoactivos, una categoría amplia en la que entran, por ejemplo, los llamados tokens de utilidad. Quedan fuera del reglamento los activos que ya son instrumentos financieros regulados y, con matices, los criptoactivos únicos y no fungibles.

Para ofrecer al público la mayoría de estos criptoactivos, el emisor debe publicar un documento informativo, el llamado libro blanco o white paper, con un contenido mínimo, claro y no engañoso, y notificarlo a la autoridad competente. Las fichas referenciadas a activos y las de dinero electrónico están sujetas a requisitos más estrictos, que en numerosos casos incluyen una autorización previa.

Los proveedores de servicios y la autorización

El corazón práctico de MiCA son los proveedores de servicios de criptoactivos, que la norma identifica con las siglas PSC, en inglés CASP. Bajo este paraguas se encuentran las plataformas de intercambio, los servicios de custodia y administración de monederos, la ejecución de órdenes, la colocación, el asesoramiento o la gestión de carteras de criptoactivos. Para operar, estas entidades necesitan una autorización y deben cumplir exigencias de solvencia, organización interna, gobernanza, gestión de los conflictos de interés, custodia segura de los fondos de los clientes e información transparente. El reglamento incorpora además un régimen de abuso de mercado que prohíbe el uso de información privilegiada y la manipulación de precios, trasladando al mundo cripto principios que ya rigen en los mercados de valores tradicionales.

España: el fin del periodo transitorio

España optó por un periodo transitorio de dieciocho meses para facilitar la adaptación del sector. Las personas físicas y jurídicas que ya estaban inscritas en el registro del Banco de España para servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos a 30 de diciembre de 2024 pudieron seguir prestando esos mismos servicios sin necesidad de una autorización MiCA. Ese margen se ha agotado: desde el 1 de julio de 2026 solo pueden operar en España los proveedores autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o por otra autoridad competente de la Unión Europea. La CNMV es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento del reglamento y ha publicado criterios interpretativos para orientar a las entidades. Para el usuario la consecuencia es muy concreta: conviene comprobar que la plataforma con la que opera está debidamente autorizada.

MiCA y la prevención del blanqueo de capitales

MiCA no es, en sentido estricto, una norma antiblanqueo, pero encaja en un engranaje más amplio. Los proveedores de servicios de criptoactivos son sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con deberes de identificación de sus clientes, conservación de la documentación y comunicación de las operaciones sospechosas. A ello se añade la conocida como regla del viaje, que obliga a que las transferencias de criptoactivos vayan acompañadas de información sobre el ordenante y el beneficiario, reforzando la trazabilidad. El resultado es un ecosistema más vigilado, en el que el anonimato absoluto que se atribuía a las criptomonedas resulta cada vez más difícil de sostener. Para las empresas del sector, cumplir con MiCA y con la normativa antiblanqueo ha dejado de ser opcional; para los inversores, supone un entorno más seguro, aunque en ningún caso libre de riesgos.

Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
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