Hay garantías procesales que parecen formalidades y son, en realidad, derechos fundamentales cuya quiebra anula la sentencia. El derecho a la última palabra del acusado y el deber de motivar las resoluciones son dos de las más subestimadas y, a la vez, de las más eficaces como motivo de recurso. La última palabra: art. 739...

El teléfono móvil concentra hoy más información sobre una persona que el registro de su domicilio. El Derecho lo ha asumido: el acceso al contenido de un dispositivo digital exige, como regla, una autorización judicial específica, y su ausencia puede convertir en inservible la prueba más incriminatoria. La expectativa de privacidad: STC 173/2011 La STC...

Reparar el daño causado a la víctima antes del juicio es una de las decisiones de defensa con mayor impacto penológico y, sin embargo, peor aprovechada. La atenuante del artículo 21.5 del Código Penal puede rebajar la pena de forma decisiva, y en su versión muy cualificada, abrir la puerta a la suspensión. Un fundamento...

La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) es mucho más que una proclamación: es una regla de juicio que distribuye el riesgo del error y exige que la condena solo se dicte cuando la culpabilidad ha quedado acreditada más allá de toda duda razonable. Comprender su contenido técnico es comprender el corazón del proceso penal....

Las escuchas telefónicas y la interceptación de comunicaciones electrónicas son una de las herramientas de investigación más potentes y, al mismo tiempo, más invasivas. Por eso su validez está sometida a un control estricto: un auto mal motivado puede arrastrar a la nulidad toda la prueba que de él derive. El marco tras la LO...

Que un procedimiento penal se prolongue durante años no es solo una incomodidad: puede traducirse en una rebaja efectiva de la pena. La atenuante de dilaciones indebidas, recogida en el artículo 21.6 del Código Penal, convierte el tiempo excesivo del proceso en un factor de individualización penológica que la defensa no puede pasar por alto....

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa a los parientes próximos del acusado —y al cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad— de la obligación de declarar. Es una de las instituciones más debatidas del proceso penal español, especialmente en los delitos de violencia de género, donde a menudo el...

Una conversación de WhatsApp, un correo o una captura de pantalla pueden ser hoy la prueba central de un procedimiento penal. Pero su aparente solidez es engañosa: son, técnicamente, de las pruebas más frágiles, porque su manipulación es sencilla y su impugnación, demoledora si la otra parte no se ha preparado. La doctrina de referencia:...

La inmensa mayoría de las condenas penales no se sustentan en una prueba directa —un testigo presencial, una confesión— sino en prueba indiciaria: un conjunto de hechos acreditados de los que, mediante un razonamiento lógico, el tribunal infiere la culpabilidad. Que esa inferencia sea legítima, y no una mera sospecha vestida de motivación, es lo...

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es, probablemente, la norma que con más frecuencia decide el resultado de un procedimiento penal complejo: «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales». En esa expresión —«directa o indirectamente»— se concentra una de las construcciones más sofisticadas...