Respuesta directa. Tras una denuncia por violencia de género, la policía suele detener al denunciado y debe ponerlo en libertad o a disposición judicial en el tiempo estrictamente necesario y, como máximo, en setenta y dos horas (art. 520 LECrim). Desde la detención tiene derecho a guardar silencio y a ser asistido por abogado, que debe acudir en un plazo máximo de tres horas. Lo habitual es comparecer al día siguiente ante el juzgado especializado o de guardia, donde se decide sobre la orden de protección y, si el asunto lo permite, se tramita como juicio rápido. Lo que se declare y se decida en esas primeras horas condiciona todo el procedimiento.
Última actualización:
La detención: plazos y derechos
La detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (art. 520 LECrim). En la práctica, la puesta a disposición judicial suele producirse en las horas siguientes a la detención, a menudo al día siguiente.
Desde el primer momento el detenido tiene derecho a ser informado por escrito de los hechos y de los motivos de la detención, a guardar silencio y no declarar contra sí mismo, a designar abogado de su elección (o a que se le asigne uno de oficio), a entrevistarse reservadamente con él antes y después de declarar, a acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención, a comunicar su situación a un familiar, a intérprete gratuito y a reconocimiento médico. El abogado debe acudir en un plazo máximo de tres horas desde el encargo.
Nuestra recomendación es constante: no declarar en comisaría sin haberse entrevistado antes con el abogado y conocer el contenido del atestado. Callar en sede policial no es un indicio de culpabilidad y permite preparar la declaración ante el juez con conocimiento de lo que se imputa.
Ante el juzgado: juicio rápido u otras diligencias
El detenido pasa a disposición del juzgado especializado en violencia sobre la mujer o, fuera de sus horas de audiencia, del juzgado de guardia. Los delitos de lesiones, coacciones, amenazas y violencia habitual cometidos contra las personas del art. 173.2 CP pueden tramitarse por el procedimiento de enjuiciamiento rápido cuando el proceso se inicia por atestado policial y el investigado ha sido detenido o citado ante el juzgado de guardia (art. 795 LECrim). En ese caso la instrucción se practica en el propio servicio de guardia: declaración del investigado y de la denunciante, informe médico forense, testigos y, en su caso, apertura del juicio oral.
Si los hechos requieren una investigación más amplia, el juez acuerda continuar como diligencias previas. Cuando la instrucción termina en guardia, el investigado puede alcanzar una conformidad con reducción de un tercio de la pena solicitada si no se ha constituido acusación particular, la pena prevista no supera los tres años de prisión y la solicitada, reducida en un tercio, no excede de dos años (art. 801 LECrim). Aceptar una conformidad supone una condena con antecedentes y con las penas accesorias obligatorias, por lo que exige una valoración previa y serena de la prueba con el abogado.
La orden de protección
En la misma comparecencia, o en una audiencia que debe celebrarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la solicitud, el juez resuelve sobre la orden de protección (art. 544 ter LECrim). Puede incluir medidas penales, como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la denunciante, y medidas civiles, como la atribución del uso de la vivienda, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas y una pensión de alimentos. Las medidas civiles tienen una vigencia de treinta días, prorrogada si en ese plazo se inicia un proceso de familia.
La defensa en esta audiencia es decisiva: debe acreditarse la situación real de convivencia, trabajo e hijos, discutir la existencia de una situación objetiva de riesgo y proponer, en su caso, medidas menos gravosas. El incumplimiento de la orden es delito de quebrantamiento (art. 468 CP), aunque la denunciante consienta el contacto.
Qué delitos y qué penas se imputan con más frecuencia
- Maltrato o lesión leve sobre la esposa, expareja o mujer con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de afectividad, aun sin convivencia: prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años (art. 153.1 CP).
- Amenazas leves y coacciones leves sobre esas mismas personas: las mismas penas (arts. 171.4 y 172.2 CP).
- Violencia habitual, física o psíquica: prisión de seis meses a tres años, además de las penas que correspondan por cada acto concreto de violencia (art. 173.2 CP).
En todos estos casos la sentencia condenatoria impone obligatoriamente la prohibición de aproximarse a la víctima (art. 57.2 CP), por el tiempo que fija el art. 57 CP; si se impone prisión, la prohibición se extiende más allá de su duración.
La declaración de la denunciante y la dispensa del art. 416 LECrim
La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente si supera el examen de credibilidad que exige la jurisprudencia, por lo que la defensa debe preparar el contraste de esa declaración con los partes médicos, los mensajes, los testigos y la cronología de los hechos. La denunciante, como cónyuge o pareja del investigado, puede acogerse a la dispensa de declarar del art. 416 LECrim, salvo, entre otros supuestos, cuando esté o haya estado personada como acusación particular o cuando, informada de su derecho a no declarar, haya aceptado hacerlo durante el procedimiento.
La denuncia no puede retirarse: estos delitos son perseguibles de oficio y el procedimiento continúa aunque la denunciante desee detenerlo. Su voluntad puede manifestarse, en su caso, a través de la dispensa del art. 416 LECrim.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo puedo estar detenido por violencia de género?
El tiempo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas, plazo en el que debe quedar en libertad o a disposición judicial (art. 520 LECrim). Lo habitual es pasar a disposición del juzgado al día siguiente.
¿Debo declarar en comisaría?
No está obligado. Tiene derecho a guardar silencio y a entrevistarse reservadamente con su abogado antes de declarar. En la mayoría de los casos es preferible no declarar en sede policial y hacerlo, si conviene, ante el juez.
¿Me pueden echar de casa?
Sí. La orden de protección puede atribuir a la denunciante el uso de la vivienda familiar y, junto con la prohibición de aproximación, impedirle acudir al domicilio. Estas medidas civiles tienen una vigencia inicial de treinta días (art. 544 ter LECrim).
¿Puede la denunciante retirar la denuncia?
No. Los delitos de violencia de género son perseguibles de oficio y el procedimiento continúa. La denunciante puede, en ciertos casos, acogerse a la dispensa de declarar del art. 416 LECrim.
¿Me conviene aceptar una conformidad en el juicio rápido?
Depende de la prueba. La conformidad en el juzgado de guardia reduce en un tercio la pena solicitada, pero supone una condena con antecedentes, prohibición de aproximación y privación del derecho a la tenencia de armas. Debe decidirse con el abogado tras analizar el atestado.
Contenido relacionado
- Abogado de violencia de género
- Derechos del detenido, asistencia letrada y habeas corpus
- Orden de alejamiento: qué puede y qué no puede hacer
- Abogado para juicio rápido
- Retirar la denuncia: qué ocurre si la víctima no declara
- La declaración de la víctima como única prueba de cargo
¿Necesita un abogado penalista? Société de Conseil Juridique et Expert asiste a investigados y víctimas las 24 horas desde sus despachos de Alicante, El Campello y Madrid.
Este artículo tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico. Para un caso concreto, consulte con un abogado.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
