Abogado de delitos informáticos y estafas por internet en Madrid

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Madrid concentra las unidades centrales de investigación tecnológica de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, las sedes de las entidades financieras a través de las que se mueve el dinero de las estafas y una parte muy relevante de las empresas víctimas de ataques informáticos. En sus tribunales se tramitan cada día procedimientos por phishing, fraude del CEO, estafas de inversión en criptoactivos, accesos no autorizados a sistemas y filtraciones de datos, y en ellos la prueba es casi exclusivamente digital, lo que exige una defensa técnica desde el primer momento.

La estafa informática: artículo 249

El artículo 249.1 considera reos de estafa, con prisión de seis meses a tres años, a quienes, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo datos informáticos, o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro; y a quienes, utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo, o los datos obrantes en ellos, realicen operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El apartado 2 castiga con la misma pena la fabricación, obtención, posesión o facilitación de programas o dispositivos diseñados para cometer estas estafas, y la sustracción o adquisición ilícita de tarjetas e instrumentos de pago para su uso fraudulento.

La estafa común del artículo 248, que exige engaño bastante para producir error e inducir a un acto de disposición, se castiga desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2026 con prisión de seis meses a tres años; cuando la cuantía no excede de 400 euros, multa de uno a tres meses, salvo reincidencia en tres delitos de la misma naturaleza. El artículo 250 eleva la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, cuando recae sobre viviendas o bienes de primera necesidad, cuando se comete con abuso de relaciones personales o de credibilidad empresarial, o cuando se trata de estafa procesal. Las estafas de inversión que se investigan en Madrid, con centenares de perjudicados y cuantías millonarias, se califican por esta vía y con frecuencia acaban ante la Audiencia Nacional por su repercusión en una generalidad de personas en varias provincias.

Acceso, apoderamiento y revelación de datos: artículo 197

El artículo 197.1 castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus mensajes de correo electrónico o documentos, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios de escucha, grabación o reproducción. El apartado 2 impone las mismas penas a quien sin autorización se apodere, utilice o modifique en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal registrados en ficheros o soportes informáticos, y a quien acceda a ellos por cualquier medio. El apartado 3 eleva la pena a prisión de dos a cinco años si los datos o las imágenes se difunden, revelan o ceden a terceros, y castiga con prisión de uno a tres años a quien, conociendo su origen ilícito y sin haber participado en el descubrimiento, los difunde. Es la figura del acceso al correo del cónyuge o del socio, de la filtración de bases de datos de clientes, del empleado que se lleva la información al cambiar de empresa y de la difusión de imágenes íntimas.

Daños informáticos: artículo 264

El artículo 264.1 castiga con prisión de seis meses a tres años a quien, sin autorización y de manera grave, borre, dañe, deteriore, altere, suprima o haga inaccesibles datos, programas o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado sea grave. El apartado 2 eleva la pena a prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio cuando el hecho se comete en el marco de una organización criminal, ocasiona daños de especial gravedad o afecta a un número elevado de sistemas, perjudica gravemente servicios públicos esenciales o afecta a infraestructuras críticas. El ransomware, el sabotaje del empleado despedido y el borrado de la contabilidad antes de una inspección se califican por esta vía.

La prueba digital: donde se decide el asunto

En los delitos informáticos la culpabilidad se prueba con direcciones IP, registros de acceso, metadatos, volcados de dispositivos y análisis forense, y la defensa se construye discutiendo cada uno de esos elementos: si la IP identifica a una persona o solo a una conexión, si el volcado se hizo con garantías de integridad y cadena de custodia, si la intervención de comunicaciones o el registro del dispositivo se acordó con la motivación que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 588 bis a y siguientes, si el hash de la evidencia coincide con el del original. Trabajamos con perito informático propio desde la primera diligencia, porque una prueba digital obtenida sin garantías es nula y arrastra todo lo que de ella deriva.

Si usted es la víctima: recuperar el dinero

Para la víctima madrileña de un phishing, de un fraude del CEO o de una estafa de inversión, la denuncia inmediata y la personación como acusación particular son el único camino para recuperar fondos: la petición de bloqueo de las cuentas de destino a través del juzgado, la reclamación a la entidad bancaria por las operaciones no autorizadas conforme a la normativa de servicios de pago, y el seguimiento del dinero a través de las cuentas mula. Cada hora cuenta, porque las transferencias se fragmentan y salen al extranjero en días. Representamos a particulares y a empresas, incluidas las que han sufrido una brecha de datos y deben además notificarla a la autoridad de protección de datos.

Página informativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye la consulta con un abogado sobre el caso concreto.

Última revisión: 24 de septiembre de 2026.