¿Tu empresa ha sufrido un ciberataque o un ransomware? Las primeras horas son críticas: preservar la prueba y actuar legalmente bien marca la diferencia. Asistencia urgente.
Ransomware, accesos no autorizados, robo de datos o sabotaje informático pueden paralizar una empresa. Más allá de la respuesta técnica, hay una dimensión penal y de cumplimiento que conviene gestionar desde el primer minuto.
Qué hacer en las primeras horas
Contén el incidente sin destruir evidencias.
Logs, equipos y cronología del ataque.
Si hay datos personales, hay obligaciones.
Coordina respuesta técnica y jurídica.
La dimensión penal
El atacante puede incurrir en delitos de daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos o estafa. La empresa puede ejercer la acusación y, a la vez, debe cuidar sus propias obligaciones (protección de datos, notificación de brechas).
¿Pagar el rescate?
Pagar no garantiza recuperar los datos y puede acarrear riesgos legales y reputacionales. La decisión debe tomarse con asesoramiento, valorando alternativas y obligaciones.
Cómo te ayudamos
Asistimos a la empresa en la respuesta penal al incidente y en la preservación de la prueba digital. Más información en abogado de ciberataques a empresas y prueba digital.
¿Ataque informático en curso?
Coordinamos la respuesta penal y la preservación de la prueba digital para perseguir el ataque y proteger a tu empresa.
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Preguntas frecuentes
¿Conviene pagar el rescate de un ransomware?
Pagar no garantiza recuperar los datos y puede tener riesgos legales y reputacionales. La decisión debe tomarse con asesoramiento.
¿Qué delitos comete quien ataca?
Según el caso, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, estafa o extorsión, entre otros.
¿La empresa tiene obligaciones si hay brecha de datos?
Sí. Puede estar obligada a notificar la brecha a la autoridad de protección de datos y, en ciertos casos, a los afectados, en plazos breves.
Qué delitos comete el atacante
Un ataque de ransomware suele integrar varios delitos: el acceso ilícito a sistemas de información del artículo 197 bis del Código Penal, los daños informáticos por cifrado o borrado de datos del artículo 264, la extorsión cuando se exige el rescate y, en su caso, el descubrimiento y revelación de secretos si los datos se exfiltran y se amenaza con publicarlos. Identificar correctamente los delitos determina el órgano competente, las diligencias que pueden pedirse y la posible intervención de la Audiencia Nacional cuando el ataque procede de una organización que actúa desde el extranjero.
Obligaciones de la empresa víctima
Si el ataque afecta a datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos obliga a notificar la brecha a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de setenta y dos horas desde que se tiene conocimiento de ella, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos de los afectados, y a comunicarla a los interesados cuando el riesgo sea alto. Las entidades sujetas a la normativa de ciberseguridad de redes y sistemas de información tienen además obligaciones de notificación de incidentes. Un incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad administrativa con independencia del procedimiento penal.
Preservar la prueba antes de restaurar
La tentación inmediata es restaurar copias de seguridad y volver a operar. Antes conviene preservar evidencias: imágenes forenses de los equipos afectados, registros de acceso, la nota de rescate, las comunicaciones con los atacantes y los indicadores de compromiso. Sin esa preservación, con cadena de custodia documentada, la denuncia pierde gran parte de su utilidad y la empresa no podrá acreditar después el alcance del daño frente a aseguradoras, clientes o reguladores.
¿Pagar el rescate?
Las autoridades recomiendan no pagar: no garantiza la recuperación de los datos ni evita su publicación, y financia nuevas actividades delictivas. La decisión, en todo caso, debe adoptarse con asesoramiento jurídico, porque el pago a determinados destinatarios puede plantear problemas legales adicionales. Más información en ciberataques a empresas y prueba digital.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
