Artículo 172 bis del Código Penal: matrimonio forzado

El delito de matrimonio forzado se introdujo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en cumplimiento del artículo 37 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Constituye una modalidad específica de coacciones que el legislador ha querido desgajar del tipo básico del artículo 172 por la entidad del bien jurídico comprometido y por la frecuencia con que la conducta se desarrolla en un contexto transnacional. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, añadió un apartado 4 que ordena al tribunal pronunciarse sobre la nulidad o disolución del matrimonio y sobre la filiación y los alimentos.

También citado como: art. 172 bis CP · art 172 bis cp · 172 bis CP · artículo 172 bis del Código Penal · artículo 172 bis código penal.

Texto vigente

Datos esenciales del precepto

Elementos y alcance

1. Conducta de compeler, esto es, doblegar la voluntad ajena hasta obtener la prestación del consentimiento matrimonial. No basta la presión moral, la insistencia familiar o la desaprobación social.
2. Empleo de violencia o de intimidación grave. El adjetivo cualifica la intimidación y exige un mal anunciado serio, inmediato y verosímil, lo que excluye las advertencias genéricas sobre consecuencias futuras.
3. Celebración efectiva del matrimonio en el apartado 1. Si el enlace no llega a celebrarse, la conducta se sitúa en grado de tentativa conforme a los artículos 16 y 62.
4. En el apartado 2, desplazamiento forzado fuera de España o impedimento del regreso, con la finalidad específica de forzar el matrimonio. Se trata de un delito de consumación anticipada que no exige que el enlace llegue a producirse.
5. Admisión expresa del engaño como medio comisivo únicamente en el apartado 2, lo que impide extenderlo por analogía al apartado 1.

Criterios de aplicación

Líneas de defensa

Discutir la gravedad de la intimidación. La defensa debe acreditar que la presión ejercida no alcanzó el umbral de intimidación grave, situando los hechos en el ámbito de la influencia familiar o cultural, penalmente irrelevante por este cauce.

Acreditar la validez del consentimiento matrimonial. Los actos propios de la víctima antes y después del enlace, su participación en los preparativos y la ausencia de denuncia inmediata son elementos a ponderar, sin perjuicio de la cautela con que deben valorarse en contextos de dependencia.

Examinar la competencia y la ley aplicable. Cuando el matrimonio se celebró en el extranjero procede verificar la concurrencia de los presupuestos del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la eventual falta de jurisdicción.

Combatir la prueba de la finalidad en el apartado 2. El desplazamiento al país de origen admite explicaciones alternativas, familiares o laborales. Corresponde a la acusación probar la finalidad matrimonial del traslado.

Valorar la conformidad y las atenuantes. La reparación del daño y la confesión del artículo 21 permiten, en su caso, la reducción de la pena y facilitan la suspensión cuando la condena no exceda de dos años.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.

Última revisión: 21 de septiembre de 2026.