El artículo 259 castiga la insolvencia punible: las conductas del deudor que, en situación de insolvencia actual o inminente, ocultan o dañan su patrimonio, lo dispersan sin justificación económica o falsean su contabilidad, así como las que causan la propia insolvencia. A diferencia del alzamiento de bienes, solo es perseguible cuando el deudor ha dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o ha sido declarado en concurso.
También citado como: art. 259 CP · art 259 cp · 259 CP · artículo 259 del Código Penal · artículo 259 código penal · insolvencia punible.
1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:
1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.
3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.
4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.
5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.
6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.
Texto consolidado publicado por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Reproducción del texto legal conforme al artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Momento de la insolvencia. El tipo exige que la conducta se realice en situación de insolvencia actual o inminente, o que cause la insolvencia. Las operaciones realizadas cuando la empresa era solvente, aunque después resulten desafortunadas, quedan fuera del apartado 1.
Justificación económica o empresarial. Las conductas de disposición, venta por debajo de coste y negocios especulativos solo son típicas si carecen de justificación económica. La prueba de la lógica empresarial de la operación en su contexto, con documentación y pericial contable, es la defensa central.
Relevancia de las irregularidades contables. Las conductas contables y documentales exigen que dificulten de forma relevante la comprensión de la situación patrimonial o la valoración de la situación económica real. Los defectos formales sin esa trascendencia no bastan.
Autonomía respecto del concurso. La calificación del concurso como culpable no vincula al juez penal (apartado 6). Ni la calificación culpable implica condena, ni la fortuita impide la acusación: la prueba debe practicarse en el proceso penal.
Prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses para las conductas dolosas, y prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses cuando se cometen por imprudencia. El artículo 259 bis agrava la pena en determinados supuestos, como el perjuicio a una generalidad de personas o de especial cuantía.
No necesariamente. El delito es perseguible cuando el deudor ha dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o cuando ha sido declarado en concurso (art. 259.4 CP), y puede perseguirse sin esperar a que el concurso concluya.
No. El artículo 259.6 dispone que la calificación de la insolvencia en el proceso concursal no vincula en ningún caso a la jurisdicción penal. El juez penal valora de forma autónoma si concurren los elementos del delito.
El alzamiento de bienes (art. 257 CP) castiga la ocultación patrimonial para frustrar el cobro de los acreedores y no exige concurso ni situación de insolvencia previa. La insolvencia punible parte de una insolvencia actual o inminente, incluye conductas de gestión y contables y solo es perseguible cuando hay incumplimiento regular de obligaciones o concurso.
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