EmpresaLa administración desleal: el delito del artículo 252 del Código Penal

Quien administra bienes o dinero que no le pertenecen asume una posición de confianza. Cuando abusa de esa posición y causa un perjuicio al titular del patrimonio, puede incurrir en un delito de administración desleal, tipificado en el artículo 252 del Código Penal. Es una figura de creciente importancia en el ámbito societario y empresarial, donde administradores, directivos y apoderados manejan a diario patrimonios ajenos con amplias facultades de decisión.

Qué es la administración desleal

La administración desleal castiga a quienes, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infringen excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causan un perjuicio al patrimonio administrado. El núcleo del delito no está en apropiarse de una cosa, sino en gestionar deslealmente: tomar decisiones contrarias a los intereses que se debía proteger, con quebranto del deber de lealtad inherente al cargo.

Este deber de lealtad es especialmente intenso en el Derecho de sociedades. Los administradores sociales están obligados a desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, anteponiendo el interés de la sociedad al suyo propio. Cuando esa lealtad se rompe con un uso indebido de las facultades de gestión que empobrece el patrimonio administrado, la conducta puede entrar en el terreno penal.

Los elementos del delito

Para que exista administración desleal deben concurrir varios elementos. En primer lugar, una posición de administración de un patrimonio ajeno con facultades reconocidas. En segundo lugar, la infracción de esas facultades mediante un exceso en su ejercicio, es decir, una extralimitación en la gestión. En tercer lugar, un perjuicio económico efectivo para el patrimonio administrado. Y, por último, el dolo: el autor debe actuar con conocimiento de que su actuación excede sus facultades y perjudica al titular del patrimonio.

Diferencia con la apropiación indebida

La reforma del Código Penal de 2015 separó con claridad dos figuras que antes se solapaban. La apropiación indebida, del artículo 253, castiga a quien se apropia para sí o para un tercero de dinero, efectos o cosas muebles que ha recibido en depósito, comisión o custodia, o por otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. La administración desleal, en cambio, no requiere apropiación: basta con el uso desleal de las facultades de gestión que causa un perjuicio.

Dicho de forma sencilla: en la apropiación indebida, el autor hace suyo lo que debía devolver; en la administración desleal, el autor gestiona mal un patrimonio que sigue siendo ajeno, causándole un daño. La distinción es relevante porque determina el tipo aplicable y la estrategia de acusación o de defensa.

Las penas previstas

La administración desleal se castiga, en su modalidad básica, con pena de prisión de seis meses a tres años. La pena se agrava cuando concurren determinadas circunstancias, como que el perjuicio revista especial gravedad atendiendo al valor de lo defraudado, que se cometa abusando de relaciones personales o credenciales profesionales, o que afecte a un elevado número de personas. En los supuestos más graves, la pena puede elevarse de forma notable, acercándose a la prevista para las modalidades agravadas de estafa.

Un delito habitual en el ámbito empresarial

La administración desleal aparece con frecuencia en conflictos societarios: administradores que celebran operaciones vinculadas en perjuicio de la sociedad, que desvían oportunidades de negocio, que fijan retribuciones desproporcionadas o que disponen de fondos sociales para fines ajenos al interés de la empresa. También surge en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los programas de cumplimiento normativo, pues un buen sistema de compliance busca precisamente prevenir y detectar este tipo de conductas.

La importancia de una defensa técnica

Tanto para quien se ve acusado como para la sociedad o el socio que sufre el perjuicio, la administración desleal exige un análisis jurídico riguroso. La frontera entre una decisión empresarial arriesgada pero legítima y un exceso penalmente relevante es a menudo sutil, y depende de un examen detallado de las facultades del administrador, de la existencia real de perjuicio y del elemento intencional. Contar con asesoramiento penal especializado desde el inicio permite valorar la viabilidad de la acción, reunir la prueba adecuada y articular una estrategia sólida.

Para la defensa de administradores y directivos en este tipo de conductas, cuentas con un abogado de delitos societarios en Alicante.

Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista. Socio director de Société de Conseil Juridique et Expert. Sedes en Alicante y Madrid.
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