Un administrador se fija a sí mismo un sueldo desmesurado. Otro contrata a la empresa de su cuñado a precio de oro. Un tercero se lleva a su propia sociedad una oportunidad de negocio que era de la compañía. Ninguno se ha metido dinero en el bolsillo directamente. Los tres pueden estar cometiendo un delito.
Dos figuras que se confunden siempre
La reforma de 2015 separó con claridad dos delitos que antes convivían, y la distinción no es académica: cambia la pena y cambia la defensa.
Apropiación indebida (art. 253): el administrador hace suyo un bien o un dinero que le fue confiado. Hay incorporación al patrimonio propio. Es el clásico: cobra en efectivo y no lo ingresa, se queda con la mercancía, retira fondos para uso personal.
Administración desleal (art. 252): el administrador no se queda nada. Simplemente se excede en las facultades que tiene y, con ello, causa un perjuicio al patrimonio que administra. No hace falta enriquecimiento propio. Basta con extralimitarse y dañar.
La consecuencia es contundente: se puede ser condenado por administración desleal sin haberse llevado un solo euro. Es lo que más sorprende al administrador investigado, y lo que más subestima.
Las conductas que llegan al juzgado
- Retribuciones no aprobadas o manifiestamente desproporcionadas, fijadas por el propio administrador.
- Operaciones vinculadas: contratar con sociedades del administrador o de su familia en condiciones ajenas al mercado.
- Desvío de oportunidades de negocio hacia otra sociedad propia.
- Gastos personales imputados a la empresa de forma sistemática.
- Avales y garantías concedidos sin contraprestación a terceros vinculados.
- Condonaciones de deuda injustificadas.
- Vaciamiento progresivo de la sociedad antes de un conflicto societario o de una salida.
La defensa: la discrecionalidad empresarial
Aquí está el corazón del asunto, y conviene entenderlo bien porque es lo que separa un delito de una mala racha.
Una decisión de negocio equivocada no es un delito. Administrar consiste, precisamente, en arriesgar. Si el derecho penal revisara a posteriori todas las decisiones que salieron mal, nadie podría dirigir una empresa.
La ley de sociedades protege expresamente la discrecionalidad empresarial: la decisión estratégica adoptada de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y conforme a un procedimiento adecuado queda amparada, aunque el resultado sea ruinoso.
Y ahí se juega la defensa. No en negar el perjuicio, que suele ser evidente, sino en acreditar esas cuatro condiciones. Con documentos: informes previos, actas, aprobaciones, análisis, alternativas valoradas.
El administrador que puede enseñar el expediente de la decisión está protegido. El que decidió solo, sin dejar rastro, y además tenía un interés personal en la operación, está indefenso.
Para el socio que sospecha
La tentación es querellarse en caliente. Es un error, y caro.
Una querella sin base documental se archiva, refuerza la posición del administrador y puede exponerle a usted a una denuncia por acusación falsa o a una demanda de daños. Los conflictos societarios están llenos de socios minoritarios que quisieron ir rápido y acabaron peor.
El camino que funciona es el inverso: construir primero la prueba. Ejercitar el derecho de información, examinar las cuentas y su depósito, obtener los movimientos bancarios, rastrear el registro mercantil de las sociedades vinculadas, documentar las operaciones cuestionadas. En muchos casos, además, conviene iniciar antes la acción social de responsabilidad, que fija los hechos en un procedimiento civil y sirve de base sólida para la vía penal.
La empresa también responde
No se olvide de la otra cara: la sociedad puede ser condenada como persona jurídica de forma autónoma, y un programa de cumplimiento eficaz anterior a los hechos es la única defensa reconocida por la ley.
Más información: administración desleal, conflictos entre socios, defensa penal de administradores y responsabilidad penal de la persona jurídica.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
