Artículo 167 del Código Penal: Detención ilegal por autoridad o funcionario

El artículo 167 castiga a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, comete alguna de las conductas de detención ilegal o secuestro. Es el precepto que sanciona la privación de libertad practicada al margen de la habilitación legal por quien está investido de potestad para detener.

Texto vigente del artículo 167 del Código Penal

Elementos del tipo

1. Condición de autoridad o funcionario público conforme al artículo 24.
2. Privación de libertad de una persona, en alguna de las modalidades de los artículos 163 a 166.
3. Actuación fuera de los casos permitidos por la ley, o inobservancia de las formalidades legales cuando media causa por delito.
4. Dolo, que comprende el conocimiento de la ausencia de habilitación o de la omisión de las formalidades.
5. Régimen del apartado segundo para el particular que actúa con la autorización o el consentimiento del funcionario.

Líneas de defensa

Cobertura legal de la detención. Es la línea central. El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita la detención en supuestos amplios. La existencia de indicios racionales de participación, la situación de flagrancia o la resolución judicial que la ordena excluyen la tipicidad, aunque la investigación concluya después con sobreseimiento.

Distinción entre irregularidad formal y detención ilegal. El apartado primero, párrafo segundo, contempla penas en mitad inferior para la inobservancia de formalidades cuando media causa por delito. La reconducción a este supuesto, frente a la detención practicada sin causa alguna, reduce sustancialmente la respuesta penal.

Superación del plazo de detención. La prolongación más allá del plazo estrictamente necesario, o de las setenta y dos horas del artículo 17 de la Constitución, se reconduce al artículo 530 y siguientes, que castigan la detención ilegal por incumplimiento de plazos con pena de inhabilitación, no de prisión.

Error sobre la concurrencia de los presupuestos. El agente que actúa en la creencia razonable de que concurren los presupuestos habilitantes, a partir de la información disponible en el momento, puede invocar el error del artículo 14, tanto de tipo como de prohibición.

Cumplimiento de un deber. La eximente del artículo 20.7.ª ampara la actuación policial dentro de los límites de necesidad y proporcionalidad. La verificación del protocolo aplicable y de la gradualidad de la intervención es esencial.

Perspectiva de la acusación particular. El despacho asiste igualmente al detenido que ha sufrido una privación de libertad sin cobertura. La reclamación de los soportes de videovigilancia, del libro de registro de detenidos y del atestado íntegro debe instarse de inmediato, antes de que expiren los plazos de conservación.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.