Artículo 432 del Código Penal: Malversación

El artículo 432, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 14/2022, castiga a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropia del patrimonio público que tiene a su cargo por razón de sus funciones, o consiente que un tercero lo haga. Los artículos 432 bis y 433 recogen las modalidades de uso temporal y de destino a usos ajenos a la función pública.

Texto vigente del artículo 432 del Código Penal

Elementos del tipo

1. Condición de autoridad o funcionario público conforme al artículo 24.
2. Disponibilidad del patrimonio público por razón de las funciones del cargo o con ocasión de ellas.
3. Apropiación, o consentimiento de la apropiación por un tercero.
4. Ánimo de lucro, elemento que la reforma de 2022 reintrodujo y que delimita esta figura frente a las de los artículos 432 bis y 433.
5. Naturaleza pública del patrimonio afectado.

Líneas de defensa

Ausencia de ánimo de lucro. Es el eje del precepto tras la reforma. El destino de fondos públicos a una finalidad pública distinta de la presupuestada, sin enriquecimiento personal ni de tercero, no colma el artículo 432 y se desplaza al artículo 433, de pena sensiblemente inferior. La trazabilidad íntegra del destino de los fondos es la prueba central.

Ausencia de facultades de disposición. El tipo exige que el patrimonio esté a cargo del funcionario. Quien carece de competencia sobre los fondos, quien se limita a tramitar o quien interviene en un acto de fiscalización no reúne esta condición y sólo puede responder como partícipe conforme al artículo 65.3.

Naturaleza pública de los fondos. Debe acreditarse la condición pública del patrimonio afectado. Los fondos de entidades mercantiles con capital público, de fundaciones o de asociaciones subvencionadas requieren un análisis específico que no siempre conduce a la calificación de patrimonio público.

Cuantificación y agravaciones del apartado segundo. La elevación a cuatro y ocho años exige acreditar el daño grave al servicio público o superar el umbral de doscientos cincuenta mil euros. La pericial económica contradictoria sobre el perjuicio real, depurado de partidas indebidamente agregadas, desactiva con frecuencia el subtipo.

Delimitación frente al fraude y a la prevaricación. La irregularidad en la contratación, la adjudicación defectuosa y la ejecución deficiente responden a preceptos distintos. La acumulación de calificaciones sobre un mismo sustrato fáctico debe examinarse a la luz de las reglas concursales.

Reintegro de las cantidades. El reintegro íntegro antes del juicio oral fundamenta la atenuante del artículo 21.5.ª y, conforme al artículo 434, permite la rebaja de la pena en uno o dos grados cuando concurre además colaboración activa con la investigación.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.