Artículo 311 del Código Penal: Delitos contra los derechos de los trabajadores

El artículo 311 castiga la imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social lesivas mediante engaño o abuso de situación de necesidad, así como el empleo simultáneo de trabajadores sin comunicar su alta cuando alcanza determinados umbrales. Es el precepto de referencia en las causas por explotación laboral y por empleo irregular.

Texto vigente del artículo 311 del Código Penal

Elementos del tipo

1. Condición de empleador o de persona con facultades de dirección sobre los trabajadores afectados.
2. Imposición de condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
3. Empleo de engaño o abuso de una situación de necesidad, elemento medial imprescindible en el número primero.
4. En el número segundo, ocupación simultánea de trabajadores sin comunicar su alta, con superación de los porcentajes y números legalmente fijados.
5. Dolo, sin previsión de modalidad imprudente.

Líneas de defensa

Ausencia de engaño o de abuso de necesidad. Es el elemento típico más frecuentemente ausente. La irregularidad laboral, incluso grave, no es punible por esta vía si el trabajador conocía las condiciones y las aceptó sin encontrarse en situación de necesidad determinante. La distinción entre infracción administrativa y delito descansa sobre este elemento.

Preferencia del orden social y del sancionador administrativo. La Inspección de Trabajo dispone de un régimen sancionador propio. La existencia de un expediente administrativo sobre los mismos hechos obliga a examinar el principio non bis in idem y a delimitar si la conducta rebasa el umbral de gravedad que justifica la intervención penal.

Delimitación del sujeto responsable. En estructuras con contratas, subcontratas y empresas de trabajo temporal, la determinación de quién ostentaba efectivamente las facultades de dirección es compleja. La documentación contractual, los organigramas y las delegaciones acreditadas permiten desplazar la imputación.

Verificación de los umbrales del número segundo. El precepto fija porcentajes y números concretos de trabajadores sin alta. El cómputo exacto de la plantilla en el periodo considerado, incluyendo eventuales, y la verificación de las altas efectivamente cursadas, revela con frecuencia que el umbral no se supera.

Discrepancia sobre la calificación de la relación. La controversia sobre si existía relación laboral o mercantil, resuelta en su caso por la jurisdicción social, es prejudicial en la práctica. La existencia de un pronunciamiento social favorable sostiene con solidez la atipicidad.

Regularización y reparación. La regularización de las altas, el abono de las cotizaciones adeudadas y la indemnización a los trabajadores antes del juicio oral fundamentan la atenuante del artículo 21.5.ª y condicionan de modo favorable la determinación de la pena.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.