Abogado por delitos contra la Seguridad Social

Qué está en juego

• Defraudación de cuotas >50.000 € en 4 años: prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo (art. 307)
• Tipo agravado >120.000 €, organización o testaferros: prisión de 2 a 6 años
• Fraude de prestaciones (307 ter): prisión de 6 meses a 3 años
• Derivaciones de responsabilidad a administradores y sucesores de empresa

Nuestra defensa

• Cálculo pericial de la cuota realmente defraudada: bajo el umbral no hay delito
• Impago por crisis frente a defraudación con ocultación: el dolo se discute
• Regularización eximente antes de la notificación de la inspección o la querella
• Defensa coordinada penal y administrativa para evitar contradicciones

Art. 307.1 CP · Defraudación de cuotas

Eludir el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obtener indebidamente devoluciones o disfrutar deducciones por cualquier concepto defraudando a la Seguridad Social, si la cuantía excede de 50.000 € en cuatro años naturales: prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo. El mero impago declarado no basta: se exige mecánica defraudatoria (ocultación de trabajadores, empresas pantalla, infracotización deliberada).

En la práctica: La mecánica defraudatoria se prueba con estructura, no con deuda: empresas pantalla, sucesiones ficticias, nóminas B. Defendemos empresas ahogadas que declararon todo: el impago transparente documentado (concurso, aplazamientos pedidos) es la antítesis del dolo. La contabilidad ordenada absuelve.

Art. 307.2 y 3 CP · Cuantía y regularización

La cuantía se determina por cada cuatro años naturales sumando lo defraudado. La regularización completa de la deuda antes de conocer la actuación inspectora o judicial exime de responsabilidad penal, y alcanza a las falsedades instrumentales previas: es la salida de emergencia del precepto.

En la práctica: La regularización exige pago completo (cuota, recargos, intereses) ANTES del conocimiento formal de actuaciones: el minuto importa. Diseñamos regularizaciones con fecha certificada y cálculo pericial propio: pagar mal o tarde pierde la exención y deja la confesión servida. Es cirugía, no transferencia.

Art. 307 bis CP · Tipos agravados

Prisión de 2 a 6 años y multa del doble al séxtuplo cuando la defraudación excede de 120.000 €, se comete en organización, o se usan testaferros, paraísos o instrumentos que oculten la identidad o la cuantía. Eleva la prescripción a 10 años.

En la práctica: Los agravados por organización o testaferros suben pena y prescripción a 10 años: la acusación los invoca con ligereza para ganar plazo. Combatimos la «organización» de dos administradores y una gestoría: estructura familiar no es trama. Cada elemento agravante exige su prueba autónoma.

Art. 307 ter CP · Fraude de prestaciones

Obtener o disfrutar prestaciones del sistema mediante error provocado por simulación, tergiversación u ocultación consciente: prisión de 6 meses a 3 años, con tipo atenuado por escasa cuantía y agravado en los supuestos del 307 bis. Aquí caen los ERTE fraudulentos, las altas ficticias para generar prestaciones y las incapacidades simuladas.

En la práctica: El fraude de prestaciones exige engaño activo u ocultación consciente: cobrar indebidamente por error de la entidad no es delito sino reintegro. En ERTE y falsos autónomos separamos el error masivo de gestión del fraude diseñado: los correos con la asesoría suelen decidir quién sabía qué.

Art. 308 CP · Subvenciones

En paralelo, el fraude de subvenciones públicas superiores a 100.000 € (10.000 € en el ámbito UE con reglas propias del 308 bis) se castiga con prisión de 1 a 5 años: frecuente compañero de viaje en inspecciones de formación bonificada.

En la práctica: El fraude de subvenciones se consuma al obtener falseando condiciones: la justificación posterior deficiente es reintegro administrativo, no siempre delito. Frontera clave en formación bonificada y fondos europeos (308 bis con umbrales propios): auditamos expedientes antes de que la inspección los relea en clave penal.

Responsabilidad de administradores

Vía artículo 31 CP, los administradores responden personalmente de la defraudación de la sociedad; la persona jurídica, vía 310 bis, con multas y posible pérdida de ayudas. Las derivaciones administrativas de deuda corren por su propio cauce y conviene defenderlas coordinadamente.

En la práctica: La derivación penal exige intervención personal: el administrador formal que acredita delegación real y desconocimiento se defiende; el que firmaba todo, no. En paralelo corren las derivaciones de la TGSS (arts. 42-43 LGSS): coordinamos ambas defensas porque los reconocimientos en una vía se usan en la otra.