El artículo 227 castiga el impago de las prestaciones económicas establecidas en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, en favor del cónyuge o de los hijos, durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos. Es uno de los preceptos de mayor incidencia práctica en la jurisdicción penal derivada de crisis familiares.
1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.
Texto consolidado publicado por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Reproducción del texto legal conforme al artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Imposibilidad material de pago. Es la línea principal. El tipo castiga al que no quiere pagar, no al que no puede. La acreditación documental de la situación económica mediante vida laboral, declaraciones tributarias, extractos bancarios, resoluciones de prestaciones y certificados de desempleo desactiva el elemento subjetivo. La carga probatoria material recae de hecho en la defensa, por lo que la preparación documental debe ser exhaustiva.
Pagos parciales y abonos en especie. La jurisprudencia valora los abonos parciales, el pago directo de gastos del menor, la asunción de la hipoteca de la vivienda familiar y las entregas en especie. La reconstrucción íntegra del flujo económico entre las partes suele arrojar un cuadro distinto del que refleja la denuncia.
Falta de firmeza o de notificación de la resolución. La obligación debe derivar de resolución vigente y notificada. Las medidas provisionales sustituidas, los pronunciamientos modificados por sentencia posterior y las resoluciones no notificadas personalmente impiden afirmar el dolo.
Cómputo de las mensualidades. El precepto exige dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos. La delimitación exacta del periodo denunciado, y su contraste con los ingresos acreditados, revela con frecuencia que el umbral no se alcanza.
Modificación de medidas pendiente. La existencia de un procedimiento de modificación de medidas por alteración sustancial de circunstancias, iniciado antes de la denuncia, es indicio relevante de que el impago responde a una imposibilidad y no a una voluntad de incumplir.
Reparación y atenuante. El abono de las cantidades adeudadas antes del juicio oral fundamenta la atenuante del artículo 21.5.ª y, en la práctica, orienta la resolución hacia la conformidad con pena de multa.
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