El artículo 318 del Código Penal determina quién responde cuando los delitos contra los derechos de los trabajadores se atribuyen a una persona jurídica: los administradores o encargados del servicio responsables del hecho y quienes, conociéndolo y pudiendo remediarlo, no adoptaron medidas. Permite además imponer las consecuencias del artículo 129.
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
Texto consolidado publicado por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Reproducción del texto legal conforme al artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Delimitar la posición de garantía. No responde todo directivo, sino quien tenía atribuido el concreto ámbito de seguridad o contratación infringido. El organigrama, las delegaciones documentadas y los recursos asignados delimitan la responsabilidad individual.
Probar la delegación eficaz. La delegación en técnicos de prevención competentes, con medios y facultades, traslada el deber; el delegante responde solo si conocía el incumplimiento y no lo remedió.
Exigir conocimiento real en la omisión. La modalidad omisiva requiere conocimiento efectivo y posibilidad de remedio, no una mera posición formal; la imputación por el cargo, sin prueba de ambos extremos, es combatible.
Coordinar con el recargo y la vía social. El procedimiento penal convive con el recargo de prestaciones y la sanción administrativa; la estrategia conjunta evita reconocimientos en una vía que comprometan la defensa en la otra.
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Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.