La estafa es uno de los delitos contra el patrimonio más frecuentes y, a la vez, de los que más matices presentan. No todo incumplimiento ni todo engaño constituyen delito: el Código Penal exige requisitos muy concretos. A continuación explicamos, con apoyo doctrinal y jurisprudencial, qué se necesita para que exista estafa.
Regulación y bien jurídico protegido
La estafa se regula en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, dentro del Título XIII del Libro II (delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico), en la sección dedicada a las defraudaciones. La Ley Orgánica 14/2022, vigente desde el 12 de enero de 2023, reformó los artículos 248 y 249 para transponer la Directiva (UE) 2019/713 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo: el artículo 248 regula la estafa genérica y el artículo 249 la estafa cometida por medios informáticos y mediante uso fraudulento de medios de pago. El bien jurídico protegido es el patrimonio privado ajeno.
Los requisitos del delito de estafa
Conforme a una jurisprudencia consolidada (entre otras, STS 237/2009, de 6 de marzo, rec. 1503/2008, y STS 1217/2004, de 2 de noviembre, rec. 677/2003), la estafa exige la concurrencia de varios elementos:
- Un engaño previo o concurrente, considerado la «espina dorsal» del delito, que ha de ser «bastante».
- Un error esencial en la víctima, que actúa con un conocimiento deformado o inexacto de la realidad.
- Un acto de disposición patrimonial realizado por la propia persona engañada.
- Un perjuicio patrimonial evaluable económicamente.
- Ánimo de lucro y dolo: es un delito doloso que no admite la comisión imprudente.
El «engaño bastante» y la autotutela de la víctima
El núcleo del delito es que el engaño sea «bastante», es decir, suficiente y proporcional para conseguir el desplazamiento patrimonial. Su idoneidad se valora con un doble criterio, objetivo y subjetivo (intuitu personae), atendiendo a las condiciones personales del engañado y a las circunstancias del caso (STS 419/2009, de 31 de marzo, rec. 1755/2008; STS de 4 de diciembre de 2000, rec. 784/1999). Por eso se excluye, en principio, la relevancia penal del engaño burdo, fantástico o increíble; pero cuando el autor se aprovecha conscientemente de un inferior nivel de la víctima, esa circunstancia puede convertir el engaño en idóneo.
La jurisprudencia añade un matiz importante: solo es «bastante» el engaño cuando es capaz de vencer los mecanismos de autoprotección exigibles a la víctima. Ahora bien, la especial diligencia del perjudicado no impide, por sí sola, apreciar la estafa, aun en grado de tentativa (STS 194/2013, de 7 de marzo, rec. 949/2012).
El dolo debe ser antecedente: los negocios criminalizados
El dolo de la estafa ha de ser antecedente o concurrente, nunca sobrevenido (el llamado dolus subsequens). De ahí la doctrina de los «negocios jurídicos criminalizados»: existe estafa, y no un mero incumplimiento civil, cuando desde el momento de celebrar el contrato el autor ya sabe que no querrá o no podrá cumplir su prestación y actúa con el propósito de lucrarse con la contraprestación ajena (STS 368/2015, de 18 de junio, rec. 2247/2014).
Consumación, perjuicio y excusa entre parientes
La estafa es un delito de resultado que se consuma con el perjuicio patrimonial, y cabe la tentativa. El efectivo enriquecimiento del autor no es un elemento del tipo: afecta al agotamiento del delito, no a su existencia (STS 171/2009, de 24 de febrero, rec. 10639/2008). Además, el artículo 268 del Código Penal recoge una excusa absolutoria para las estafas causadas entre cónyuges no separados y entre determinados parientes, siempre que no concurra violencia o intimidación: responden civilmente, pero quedan exentos de responsabilidad penal.
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Fuentes
Doctrina: Guía práctica de delitos económicos y patrimoniales (Editorial Bosch), capítulo 6, «Las defraudaciones». Jurisprudencia citada: SSTS 237/2009 de 6 de marzo (rec. 1503/2008), 1217/2004 de 2 de noviembre (rec. 677/2003), 419/2009 de 31 de marzo (rec. 1755/2008), 194/2013 de 7 de marzo (rec. 949/2012), 368/2015 de 18 de junio (rec. 2247/2014) y 171/2009 de 24 de febrero (rec. 10639/2008).
Este artículo tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un caso concreto, consulte con un abogado.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
