Artículo 262 LECrim: Obligación de denunciar

El artículo 262 impone a quienes por razón de su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de un delito público la obligación de denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción o al funcionario de policía más próximo, con sanción de multa en caso de incumplimiento.

Texto vigente del artículo 262 de la LECrim

Requisitos y trámite

1. Conocimiento de un delito público adquirido por razón del cargo, profesión u oficio.
2. Obligación de denunciar inmediatamente ante el Ministerio Fiscal, el tribunal, el juez de instrucción o el funcionario de policía más próximo.
3. Excepción del artículo 263: la obligación no comprende a los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones recibidas de sus clientes, ni a los eclesiásticos respecto de lo conocido por razón de su ministerio.
4. Deber reforzado del personal sanitario, docente y de servicios sociales respecto de los delitos contra menores.
5. Interacción con los deberes de comunicación de la normativa de prevención del blanqueo y de protección del informante.

Actuación de la defensa

Exclusión del abogado por el artículo 263. Es la delimitación esencial para el ejercicio profesional. El abogado no está obligado a denunciar los hechos conocidos por razón de las instrucciones o explicaciones recibidas de su cliente. El deber de secreto prevalece, y su vulneración genera responsabilidad penal conforme al artículo 199 del Código Penal y deontológica.

Delimitación del delito público. La obligación se refiere a delitos perseguibles de oficio. Los delitos privados y los semipúblicos que exigen denuncia del ofendido quedan fuera del deber, extremo relevante en el ámbito sanitario y educativo.

Deber de comunicación en el ámbito sanitario y educativo. La normativa sectorial y la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia refuerzan estos deberes respecto de indicios de violencia sobre menores. Su incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria más allá de la multa del precepto.

Perspectiva de la defensa del denunciante. Quien cumple el deber de denunciar y resulta después querellado por denuncia falsa o por revelación de secretos encuentra en este precepto la causa de justificación del artículo 20.7.ª del Código Penal, en su modalidad de cumplimiento de un deber.

Prevención del blanqueo y protección del informante. La Ley 10/2010 impone obligaciones de comunicación a sujetos obligados, y la Ley 2/2023 protege a quien informa sobre infracciones normativas. La articulación de estos regímenes con el secreto profesional exige un análisis específico en cada caso.

Ausencia de consecuencia penal autónoma. El incumplimiento del artículo 262 no constituye delito. Su reconducción a la omisión del deber de impedir delitos del artículo 450 del Código Penal, o al encubrimiento del artículo 451, exige que concurran los elementos propios de esas figuras, que son distintos y más exigentes.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.