Guías prácticasPenalOrden de alejamiento: qué puede y qué no puede hacer, y qué ocurre si se incumple

Última actualización: 30 de octubre de 2026

Qué es exactamente una orden de alejamiento

En el lenguaje común se llama «orden de alejamiento» a dos prohibiciones distintas que el juez puede imponer de forma conjunta o separada. La prohibición de aproximarse impide acercarse a la persona protegida en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro lugar que frecuente (art. 48.2 CP). La resolución fija la distancia mínima, habitualmente expresada en metros.

La prohibición de comunicarse impide establecer con ella contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático (art. 48.3 CP). Incluye llamadas, mensajes, correos, redes sociales y los mensajes enviados a través de familiares o amigos. El juez puede acordar además que el cumplimiento se controle con dispositivos electrónicos (art. 48.4 CP).

Medida cautelar o pena: dos momentos distintos

Durante la investigación, el juez puede imponer la prohibición como medida cautelar en los delitos que menciona el art. 57 CP (entre otros, homicidio, lesiones, delitos contra la libertad, contra la libertad sexual, contra la integridad moral y contra el patrimonio). Debe hacerlo de forma motivada y solo cuando resulte estrictamente necesario para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva, teniendo en cuenta la situación económica, la salud, la situación familiar y la actividad laboral del investigado (art. 544 bis LECrim).

En los casos de violencia de género y doméstica se adopta con frecuencia dentro de una orden de protección (art. 544 ter LECrim), que el juez resuelve tras una audiencia que debe celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la solicitud. La orden de protección puede incluir medidas penales, como el alejamiento, y medidas civiles, como el uso de la vivienda o el régimen de custodia de los hijos. Estas medidas civiles tienen una vigencia de treinta días; si en ese plazo la víctima inicia un proceso de familia, siguen vigentes durante los treinta días siguientes a la demanda, en los que el juez civil debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

En la sentencia condenatoria, la prohibición se impone como pena (art. 57 CP), por un tiempo que no puede exceder de diez años si el delito es grave o de cinco si es menos grave. Si además se impone prisión, la prohibición dura entre uno y diez años más que la prisión (delito grave) o entre uno y cinco años más (delito menos grave). Cuando la víctima es cónyuge, expareja o alguno de los familiares del art. 173.2 CP, la prohibición de aproximación es obligatoria.

Qué no puede hacer mientras esté vigente

• Acercarse a la persona protegida a menos de la distancia fijada, aunque sea ella quien se aproxime.
• Acudir a su domicilio, a su lugar de trabajo o a los lugares que la resolución identifique.
• Comunicarse con ella por cualquier medio: llamadas, mensajes, correo, redes sociales, comentarios o reacciones en publicaciones.
• Utilizar a terceros (familiares, amigos, compañeros) para transmitirle mensajes.
• Manipular, dejar de llevar o descuidar el dispositivo electrónico de control, si se le ha impuesto.

Si se produce un encuentro fortuito, debe alejarse de inmediato y, si es posible, dejar constancia de lo ocurrido (hora, lugar, testigos) e informar a su abogado. El encuentro casual no es delito, pero permanecer en el lugar o iniciar cualquier contacto sí puede serlo.

El consentimiento de la persona protegida no le exime

Es una situación frecuente en la práctica: la persona protegida retoma el contacto, propone verse o incluso convive de nuevo con el obligado. La orden es una resolución judicial y solo el juez puede dejarla sin efecto. La Sala Segunda del Tribunal Supremo fijó en su Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 25 de noviembre de 2008 que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP. Si la situación ha cambiado, lo que procede es solicitar al juzgado la modificación o el levantamiento de la medida, nunca incumplirla.

Qué ocurre si se incumple

El incumplimiento constituye un delito de quebrantamiento (art. 468 CP):

• Prisión de seis meses a un año cuando se quebranta la pena del art. 48 CP o una medida cautelar de la misma naturaleza impuesta en un proceso en el que la víctima es alguna de las personas del art. 173.2 CP (pareja, expareja, descendientes, ascendientes y otros familiares o convivientes).
• Multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos, si el autor no estaba privado de libertad.
• Multa de seis a doce meses por inutilizar o perturbar el dispositivo de control, no llevarlo consigo u omitir las medidas necesarias para su correcto funcionamiento (art. 468.3 CP).

Además, si se incumple una medida cautelar, el juez convocará la comparecencia del art. 505 LECrim para valorar la prisión provisional, una orden de protección o una medida más restrictiva (art. 544 bis LECrim). Por eso el quebrantamiento no solo genera un nuevo procedimiento: puede suponer el ingreso en prisión en el propio procedimiento principal.

Cómo recurrir o pedir que se modifique

La medida cautelar se acuerda por auto, que puede recurrirse en reforma ante el propio juzgado y en apelación ante la Audiencia Provincial. El recurso debe centrarse en la falta de indicios, en la falta de necesidad de la medida o en su desproporción (por ejemplo, una distancia que impide trabajar o acudir al domicilio propio sin justificación suficiente). Si cambian las circunstancias durante el procedimiento, también puede solicitarse su modificación o su levantamiento. Mientras el juez no resuelva, la medida debe cumplirse íntegramente.

Si es usted la persona que necesita protección

La orden de protección puede solicitarse al presentar la denuncia o después, ante el juzgado, el Ministerio Fiscal, la policía, las oficinas de asistencia a las víctimas o los servicios sociales. Conviene aportar los mensajes, llamadas, partes médicos y testigos que acrediten la situación de riesgo. Si la otra persona incumple la orden, debe comunicarlo de inmediato a la policía o al juzgado, con las pruebas del incumplimiento, para que se active la respuesta prevista en el art. 544 bis LECrim.

Preguntas frecuentes

¿Puedo contestar si es ella o él quien me escribe?

No. La prohibición de comunicarse le obliga a usted, con independencia de quién inicie el contacto. Responder a un mensaje puede constituir delito de quebrantamiento. Lo adecuado es no contestar, conservar el mensaje e informar a su abogado.

¿Qué pasa si coincidimos por casualidad en un lugar público?

Debe alejarse de inmediato hasta respetar la distancia fijada. El encuentro fortuito no es delito, pero permanecer en el lugar o iniciar cualquier contacto puede serlo. Conviene dejar constancia de la hora, el lugar y los posibles testigos.

¿Puedo seguir viendo a mis hijos?

Depende de lo que acuerde el juez. Cuando la prohibición se impone como pena, el régimen de visitas, comunicación y estancia con los hijos queda en suspenso hasta su total cumplimiento (art. 48.2 CP). Durante el proceso, el régimen de los hijos se fija en las medidas civiles de la orden de protección o en el procedimiento de familia, a veces mediante un punto de encuentro.

¿Cuánto dura una orden de alejamiento?

Como medida cautelar dura mientras el juez la mantenga, normalmente hasta la sentencia. Como pena, hasta diez años si el delito es grave y hasta cinco si es menos grave; si se impone también prisión, su duración supera la de la prisión en los márgenes del art. 57 CP.

¿Qué pena tiene quebrantar una orden de alejamiento?

Prisión de seis meses a un año cuando la víctima es pareja, expareja o familiar del art. 173.2 CP, y multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. Si se trata de una medida cautelar, el juez puede además acordar la prisión provisional.

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