Artículo 324 LECrim: Plazos de instrucción

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal somete la instrucción a un plazo máximo de doce meses desde la incoación, prorrogable por períodos sucesivos de hasta seis meses mediante auto motivado. Las diligencias acordadas tras la expiración del plazo no son válidas, lo que convierte este precepto en una de las herramientas de control más eficaces de la defensa.

Texto vigente del artículo 324 de la LECrim

Régimen de plazos y prórrogas

1. El plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa.
2. Las prórrogas sucesivas, iguales o inferiores a seis meses, acordadas de oficio o a instancia de parte, oídas las partes.
3. La exigencia de auto motivado que exponga las causas del retraso, las diligencias pendientes y su relevancia.
4. La validez de las diligencias acordadas antes del vencimiento aunque se reciban después, y la invalidez de las acordadas tras la expiración.
5. La conclusión de la instrucción al cumplirse su finalidad o agotarse el plazo, con la resolución que proceda.

Actuación de la defensa

Computar el plazo con rigor. El cómputo corre desde la incoación, no desde la imputación. Reconstruir el calendario de la causa, con sus prórrogas y notificaciones, es el primer acto de defensa en toda instrucción prolongada.

Impugnar prórrogas inmotivadas. La prórroga exige exponer las causas del retraso y las concretas diligencias pendientes con su relevancia; los autos estereotipados que prorrogan por rutina son recurribles en reforma y apelación.

Instar la invalidez de lo extemporáneo. Las diligencias acordadas tras el vencimiento del plazo o tras la revocación de la prórroga carecen de validez; su expulsión de la causa puede desarmar la acusación.

Forzar la conclusión. Agotado el plazo, procede el auto de conclusión o la resolución del artículo 779; la defensa puede instarla y recurrir la pasividad del instructor, cerrando el paso a investigaciones indefinidas.

Ficha divulgativa elaborada por Société de Conseil Juridique et Expert. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individual del caso por letrado.