Abogado de delitos urbanísticos y medioambientales en Alicante

Buena parte de quienes buscan un abogado urbanista en Alicante necesitan un contencioso administrativo: recurrir una denegación de licencia, una orden de restauración de la legalidad o una sanción del ayuntamiento. Esa no es nuestra materia. Este despacho interviene cuando el asunto urbanístico o medioambiental entra, o amenaza con entrar, en la vía penal, que es una vía distinta, con reglas propias y consecuencias mucho más graves: pena de prisión, inhabilitación profesional, demolición acordada en sentencia y decomiso de las ganancias.

La frontera entre una y otra la marca el Código Penal. El artículo 319 castiga a promotores, constructores y técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables: con prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa e inhabilitación de uno a cuatro años cuando se trate de suelos destinados a viales, zonas verdes, dominio público o lugares de valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o de especial protección; y con prisión de uno a tres años, multa e inhabilitación cuando la obra se ejecute en suelo no urbanizable. En ambos casos el tribunal puede ordenar la demolición a cargo del autor y la reposición del terreno a su estado originario, y debe acordar en todo caso el decomiso de las ganancias.

El artículo 320 se dirige a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente o vota a favor de instrumentos de planeamiento, proyectos o licencias contrarios a la normativa, o silencia infracciones en las inspecciones: es la prevaricación urbanística, castigada con la pena del artículo 404 y, además, prisión de un año y seis meses a cuatro años y multa. Y el artículo 325 sanciona las emisiones, vertidos, extracciones, excavaciones, ruidos o depósitos que contravengan las normas protectoras del medio ambiente y puedan causar daños sustanciales al aire, al suelo, a las aguas o a la fauna y la flora, con prisión de seis meses a dos años, multa e inhabilitación, y de dos a cinco años si pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

En la provincia de Alicante estos asuntos tienen un perfil propio: edificaciones en suelo no urbanizable del interior y de las huertas de la Vega Baja, obras en dominio público marítimo-terrestre y en zonas de servidumbre de protección del litoral, vertidos y extracciones vinculados a la actividad agrícola e industrial, y expedientes en los que la actuación municipal previa acaba siendo examinada por el juzgado. Cuando la denuncia llega, el expediente administrativo suele llevar meses o años abierto, y ese expediente es la principal fuente de prueba de la acusación. Por eso la defensa penal empieza por leerlo entero.

Si su asunto es estrictamente administrativo, se lo diremos en la primera consulta y no le haremos perder tiempo. Si tiene vertiente penal, o si es una empresa promotora, constructora o industrial la que puede responder conforme al artículo 31 bis, la intervención temprana es lo que marca la diferencia; véase también nuestra página de compliance penal para la empresa alicantina.

Estos asuntos rara vez empiezan con una detención. Empiezan con un expediente: una inspección del SEPRONA de la Guardia Civil, una denuncia del ayuntamiento tras un expediente de disciplina urbanística, un informe de la Confederación Hidrográfica o de la Demarcación de Costas, una denuncia de un vecino o de una asociación, o una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Cuando llega la citación como investigado, la administración lleva con frecuencia meses o años documentando lo que ahora se imputa. Ese expediente es el núcleo probatorio de la acusación y, leído con criterio, también la principal fuente de la defensa: en él constan las licencias, los informes técnicos, las órdenes de paralización, las alegaciones y los silencios de la administración.

La instrucción. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial en que se ubica la obra o se produce el vertido acuerda las diligencias: declaración del investigado, testifical de los agentes y técnicos municipales, requerimiento del expediente administrativo completo, informes periciales sobre la clasificación del suelo, la autorizabilidad de la obra o el alcance del daño ambiental. En esta fase la defensa debe proponer su propia pericial, porque la calificación del suelo y la posibilidad de legalización son cuestiones técnicas que el juzgado no puede resolver sin ella. Las cuestiones prejudiciales administrativas, como la validez de una licencia o la vigencia de un planeamiento, se plantean aquí.

El enjuiciamiento. Con penas máximas de cuatro años en el artículo 319.1 y de tres en el 319.2, y de dos en el 325.1, el enjuiciamiento corresponde a la Sección de lo Penal; cuando concurren agravaciones que elevan la pena por encima de los cinco años, a la Audiencia Provincial de Alicante. La prueba pericial contradictoria y la documental del expediente son el centro del juicio; la testifical de los agentes suele limitarse a lo que vieron.

La prescripción. Conforme al artículo 131 del Código Penal, los delitos cuya pena máxima no supera los cinco años prescriben a los cinco años, y a los diez cuando la pena máxima supera los cinco y no excede de diez. En los delitos urbanísticos la cuestión decisiva es desde cuándo se cuenta: la jurisprudencia atiende a la terminación de la obra, y acreditar esa fecha con licencias de primera ocupación, altas catastrales, contratos de suministro o fotografías aéreas fechadas es con frecuencia el primer trabajo de la defensa.

En estos delitos la consecuencia económicamente más grave no suele ser la multa sino lo que el tribunal puede ordenar sobre la propia obra o el propio terreno.

La demolición. El artículo 319.3 del Código Penal faculta a los jueces para ordenar, motivadamente y a cargo del autor, la demolición de la obra y la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, sin perjuicio de las indemnizaciones a terceros de buena fe. La ley añade dos matices que la defensa debe explotar: la demolición exige una motivación específica que valore las circunstancias, y el tribunal, oída la administración, puede condicionarla temporalmente a la constitución de garantías que aseguren el pago de las indemnizaciones. La posibilidad de legalización, la afectación a terceros adquirentes y la proporcionalidad son los argumentos que en la práctica evitan o aplazan la demolición. En todo caso, el precepto ordena el decomiso de las ganancias del delito.

La restauración del equilibrio ecológico. Para los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el artículo 339 dispone que los jueces ordenarán, a cargo del autor, las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado y cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados. La restauración puede ordenarse ya durante la instrucción, como medida cautelar, y su coste puede superar con mucho el de la multa.

La reparación voluntaria como atenuante privilegiada. El artículo 340 establece que, si el culpable ha procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los tribunales le impondrán la pena inferior en grado. No es una atenuante ordinaria, sino una rebaja obligatoria de un grado completo. En muchos asuntos de vertidos, extracciones o movimientos de tierras, reparar antes del juicio, con un proyecto técnico y su ejecución documentada, es la decisión estratégica de mayor rendimiento: reduce la pena por debajo del umbral que permite su suspensión y desactiva la medida de restauración judicial.

La agravación por espacio natural protegido. En sentido contrario, el artículo 338 impone las penas superiores en grado cuando las conductas afectan a un espacio natural protegido. En la provincia de Alicante esta agravación tiene aplicación frecuente por la extensión de los parques naturales del litoral y del interior, de las zonas húmedas y de los espacios de la Red Natura 2000; comprobar si la parcela o el punto de vertido está dentro de un espacio protegido, y con qué figura de protección, es imprescindible antes de valorar cualquier conformidad.

Gestión de residuos. El artículo 326.1 del Código Penal castiga con las mismas penas del artículo 325 a quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente esas actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. El apartado 2 sanciona con prisión de tres meses a un año, o multa de seis a dieciocho meses, e inhabilitación, el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos en los supuestos del Derecho de la Unión sobre traslados. En la práctica alicantina, la responsabilidad recae con frecuencia sobre el empresario que contrató un gestor sin comprobar su autorización o sobre el transportista que descargó en un lugar no habilitado; la cláusula de «no controlar o vigilar adecuadamente» es la que convierte una negligencia de gestión en un delito.

La persona jurídica. Cuando conforme al artículo 31 bis una empresa es responsable de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el artículo 328 le impone multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado si esta cantidad es mayor, cuando el delito de la persona física lleva pena de más de dos años de prisión; y multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio, en los demás casos. El tribunal puede añadir las penas de las letras b) a g) del artículo 33.7: suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar la actividad en cuyo ejercicio se cometió el delito, inhabilitación para subvenciones y contratos públicos, e intervención judicial. Para una industria, una explotación agrícola o una promotora de la provincia, esas penas accesorias son más temibles que la multa, y la única forma de excluirlas o atenuarlas es acreditar un modelo de prevención eficaz, como explicamos en la página de compliance penal en Alicante.

El técnico y el funcionario. El artículo 319 se dirige expresamente a promotores, constructores y técnicos directores; el arquitecto o el aparejador que dirige una obra no autorizable responde como autor, no como cómplice. Y el artículo 320 alcanza al funcionario o autoridad que informa favorablemente o vota a sabiendas de la injusticia, o silencia la infracción en una inspección. Defendemos con regularidad a técnicos municipales y a cargos electos de la provincia en estos procedimientos, en los que el elemento subjetivo, el conocimiento de la injusticia, es el terreno en el que se decide el asunto.