Artículos 550 a 556 del Código Penal
Casi nunca es el primer hecho del atestado. Nace en la detención o en el control, y suele acabar siendo el cargo más grave.
Defensa penal en Alicante y provincia para acusaciones de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. Asistencia en el juzgado de guardia, en juicio rápido y en procedimiento abreviado, también para residentes extranjeros.
Claves
El atentado, la resistencia y la desobediencia rara vez llegan solos. En la mayoría de los atestados que revisamos, el motivo por el que la policía intervino era otro: una pelea a la salida de un local del centro de Alicante, una llamada por ruidos, un control de alcoholemia, una denuncia por hurto en un supermercado, una discusión de vecinos, una identificación en la vía pública. El delito de los artículos 550 a 556 del Código Penal nace después, durante la propia intervención, y con frecuencia termina siendo el cargo más grave de toda la calificación.
Eso produce un efecto que sorprende a mucha gente. Una persona detenida por un delito leve de hurto, castigado con multa, puede salir del juzgado de guardia con una petición de un año y medio de prisión por haber acometido al agente que la trasladaba. Un conductor que da negativo en el control puede acabar acusado por lo que dijo o hizo mientras discutía la orden de detención. El hecho de origen se diluye y el proceso pasa a girar sobre lo que ocurrió en tres o cuatro minutos, en la calle, de noche y con todos los implicados alterados.
Hay una segunda particularidad, más importante todavía. El testigo directo de ese segundo hecho es, casi siempre, el propio agente que lo denuncia, que además figura como perjudicado. No hay una víctima ajena al conflicto ni un empleado del comercio que lo vea. Hay un atestado firmado por dos o tres funcionarios cuyas declaraciones coinciden, un parte de lesiones del agente y una versión distinta, la suya, que llega al juzgado sin apoyo documental salvo que alguien se ocupe de buscarlo en los primeros días. Ese desequilibrio probatorio es el verdadero terreno de juego de esta materia.
Le adelantamos algo que no siempre se dice en una página web. Una parte considerable de estos asuntos termina en conformidad. No porque la defensa se rinda, sino porque cuando la prueba de descargo no aparece y la petición inicial permite suspender la pena, el cálculo racional cambia. Nuestro trabajo consiste en llegar a esa decisión con información, no con prisa: primero se busca lo que puede desmontar o matizar el relato policial, y solo después se valora si conviene negociar. Al revés no funciona.
El Código Penal no castiga igual todas las formas de enfrentarse a un agente. La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 reordenó el capítulo y dejó tres niveles que conviene distinguir, porque la diferencia entre uno y otro se mide en años de prisión.
El atentado del artículo 550 exige agredir, acometer, o bien oponer resistencia grave con violencia o intimidación grave, a la autoridad, a sus agentes o a los funcionarios públicos que se hallen en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. El acometimiento es la modalidad más frecuente: consiste en la embestida o el ataque, y los tribunales no exigen que llegue a producirse contacto ni resultado lesivo. Basta el acto de dirigirse violentamente contra el agente.
La resistencia del artículo 556.1 es la oposición activa que no alcanza la gravedad anterior. El caso típico es el forcejeo para no ser esposado, agarrarse a una farola o a la puerta del coche patrulla, revolverse mientras se es conducido. Hay oposición física, pero no una agresión dirigida contra el agente. Antes de 2015 existía una figura intermedia de resistencia activa grave; hoy esa conducta se ha desplazado al atentado, lo que ha estrechado el espacio del artículo 556 y ha convertido la calificación inicial del atestado en una cuestión decisiva.
La desobediencia grave, también en el artículo 556.1, no requiere contacto físico. Requiere una orden concreta, expresa y terminante, dictada por quien tiene competencia para darla, comunicada de forma que el destinatario la entienda, y una negativa persistente y contumaz a cumplirla. Un primer no
seguido de acatamiento no suele bastar. Tampoco basta la simple pasividad ante una indicación genérica. Cuando la negativa no alcanza esa gravedad, el hecho sale del Código Penal y entra en el ámbito administrativo del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, con multa de 601 a 30.000 euros por infracción grave. Es una sanción seria, pero no es antecedente penal.
Queda un cuarto escalón, el del artículo 556.2: faltar al respeto y a la consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, castigado con multa de uno a tres meses como delito leve. Repare en el sujeto pasivo, porque el precepto habla de autoridad. Un agente de policía no es, por sí solo, autoridad en el sentido del artículo 24 del Código Penal, de modo que el insulto a un agente suele quedar fuera de ese apartado y reconducirse a la infracción administrativa leve por falta de respeto. Es una discusión viva en las audiencias provinciales y merece la pena plantearla cuando el atestado califica de delito una conducta puramente verbal.
Areas
Acometimiento, agresión o resistencia grave con violencia frente a policía nacional, guardia civil, policía local o autonómica en el ejercicio de sus funciones. Es la calificación habitual tras una detención con forcejeo. No exige lesión ni contacto efectivo, lo que obliga a discutir el propio relato del movimiento corporal.
La pena sube un grado cuando se usan armas u objetos peligrosos, cuando la violencia resulta potencialmente peligrosa para la vida o puede causar lesiones graves (lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, incendio, explosivos), cuando se acomete con un vehículo de motor o cuando los hechos se producen en un motín o incidente colectivo en prisión.
Cuando el sujeto pasivo es autoridad en sentido estricto (miembros del Gobierno, parlamentarios, concejales, jueces, magistrados o fiscales) la pena se eleva de forma sensible. Aquí la defensa suele centrarse en si el afectado actuaba en el ejercicio del cargo o con ocasión de él, y en si el acusado conocía esa condición.
Oposición física a la actuación policial sin agresión: forcejear para no ser esposado, dejarse caer al suelo, agarrarse a un objeto, revolverse durante el traslado. Es la calificación correcta en muchos casos que el atestado presenta como atentado, y la diferencia de pena entre una y otra es de años.
Negativa persistente a acatar una orden legítima, clara y personalmente dirigida: no entregar la documentación, no abandonar un lugar tras requerimientos reiterados, incumplir una orden de cese de actividad. Exige que la orden se haya dado de forma comprensible, extremo especialmente discutible cuando el destinatario no habla español.
Delito leve castigado solo con multa, referido a quien falta al respeto y a la consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Se tramita por el cauce del juicio por delito leve. Cuando el ofendido es un agente y no una autoridad, la vía adecuada suele ser la sanción administrativa, no el reproche penal.
El Código equipara al atentado la agresión a funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de su cargo, y extiende la protección a militares de servicio uniformados, bomberos, personal sanitario y equipos de socorro que intervienen en un siniestro o emergencia, y a vigilantes de seguridad privada identificados que actúan bajo el mando policial.
Si el agente resulta lesionado, la acusación suele añadir el delito de lesiones. Los tribunales aprecian de ordinario concurso con el atentado cuando el resultado excede de lo leve, y entienden absorbidas por el atentado las lesiones de mínima entidad. El parte médico y su compatibilidad con la mecánica descrita son aquí el punto central.
La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas tiene tipo propio en el delito contra la seguridad vial, con prisión y privación del derecho a conducir. No es una desobediencia común y no debe castigarse dos veces por el mismo hecho. Es un supuesto frecuente en los controles de la N-332 y de los accesos a Alicante.
Criterio de los tribunales
Empezamos por una advertencia de honestidad. En la base de conocimiento del despacho no consta jurisprudencia indexada con referencia completa (número de recurso, ROJ o ECLI) sobre la frontera concreta entre el atentado del artículo 550 y la resistencia del artículo 556, ni sobre el valor probatorio específico de la declaración del agente denunciante. Existe doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre ambas cuestiones, pero no vamos a citarle una sentencia cuyo dato de identificación no podamos verificar. En su asunto concreto trabajaremos con las resoluciones aplicables de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal Supremo, y se las entregaremos por escrito con su referencia exacta.
Sí podemos apoyarnos, y es lo más útil en esta materia, en la doctrina constitucional sobre los derechos del detenido, porque estos delitos nacen precisamente dentro de una detención. La STC 21/2018, de 5 de marzo (Sala Primera, amparo 3766-2016, ECLI:ES:TC:2018:21) otorgó amparo y estableció que denegar el habeas corpus sin facilitar al detenido información suficiente ni acceso a los elementos esenciales de las actuaciones lesiona el derecho a la libertad personal, y que ese acceso debe garantizarse antes del primer interrogatorio. Trasladado a nuestro terreno: usted tiene derecho a saber qué se le imputa y sobre qué material antes de declarar en dependencias policiales, no después.
En la misma línea, la STC 13/2017, de 30 de enero (Sala Segunda, amparo 7301-2014, ECLI:ES:TC:2017:13) estimó el amparo al considerar que negar copia del atestado para poder impugnar la detención lesiona la libertad personal y el derecho a la asistencia letrada. La STC 86/2025, de 7 de abril (Sala Segunda, amparo 120-2023, ECLI:ES:TC:2025:86) reitera esa doctrina. Son resoluciones que usamos de forma directa: en un atentado, el atestado no es un papel más, es la única versión escrita de los hechos, y sin él la declaración del detenido se produce a ciegas.
Sobre la valoración de la prueba personal en fase de recurso, la STC 80/2024, de 3 de junio (Sala Primera, amparo 3308-2020, ECLI:ES:TC:2024:80) otorgó amparo y anuló una condena dictada en casación, recordando los límites que la presunción de inocencia y la exigencia de doble instancia imponen al tribunal que revisa. Importa aquí porque si el juez de instancia, que ha visto declarar al agente y al acusado, no queda convencido y absuelve, el tribunal superior no puede sin más releer el acta y sustituir esa valoración por otra.
Por último, cuando la defensa ataca la legalidad de la actuación inicial (una identificación, un cacheo o un registro que se declaran nulos), la pregunta siguiente es qué arrastra esa nulidad. La STC 81/1998, de 2 de abril (Pleno, amparo 3140/1994, ECLI:ES:TC:1998:81) fijó la doctrina de la conexión de antijuridicidad: la nulidad de una prueba no contamina automáticamente todo lo posterior, sino solo aquello que guarde con ella una conexión jurídicamente relevante. Conviene saberlo antes de construir una estrategia entera sobre la ilicitud de la diligencia de partida.
Y una advertencia final sobre expectativas. Que una orden policial sea discutible no le autoriza a incumplirla. Nuestro ordenamiento no reconoce un derecho general a resistirse a lo que uno considera injusto: el cauce es cumplir y después reclamar. Solo cuando el agente incurre en una extralimitación notoria y grave, que le hace salir del ejercicio legítimo de su función, admiten los tribunales, con carácter restrictivo, que decaiga la protección penal y pueda hablarse de legítima defensa. Es una línea estrecha y quien la invoca soporta una carga de acreditación muy exigente.
Procedimiento
Estos asuntos siguen un recorrido bastante uniforme. Hay detención, hay atestado con lesionado que es agente y hay flagrancia, de modo que el juzgado de instrucción en funciones de guardia suele incoar diligencias urgentes. El artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite el juicio rápido para delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, lo que cubre el atentado básico y buena parte de los agravados. Significa que en cuestión de horas se decide la calificación, se practican las pocas diligencias que el juzgado acuerda y se abre la puerta a la conformidad.
Esa conformidad tiene un incentivo legal fuerte. El artículo 801 LECrim permite conformarse ante el juzgado de guardia con una reducción de un tercio de la pena solicitada, siempre que la pena resultante no supere los tres años de prisión. En un atentado del artículo 550.2 en el que la acusación pide un año y seis meses, la conformidad puede dejar la pena en un año, y una pena de esa duración, si concurren los requisitos del artículo 80 del Código Penal (primariedad delictiva, pena no superior a dos años y satisfacción de las responsabilidades civiles), es susceptible de suspensión. Nadie entra en prisión. Ese es el motivo real por el que tantos de estos procedimientos terminan el mismo día.
Ahora la otra cara, porque conviene decirla. Conformarse es reconocer los hechos y aceptar una condena. Genera antecedentes penales, y esos antecedentes tienen efectos que no se agotan en la pena: pueden condicionar una futura suspensión si vuelve a haber un procedimiento, aparecen en certificados y, para un ciudadano extranjero, pueden abrir la puerta a consecuencias en materia de extranjería. Además, si el pronunciamiento incluye responsabilidad civil por las lesiones del agente, se paga.
Sobre este último punto insistimos porque atendemos a muchos residentes extranjeros en la provincia. El artículo 89 del Código Penal contempla la sustitución de las penas de prisión superiores a un año impuestas a ciudadanos extranjeros por la expulsión del territorio. Y, con independencia del proceso penal, el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 prevé como causa de expulsión la condena por conducta dolosa constitutiva en España de delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes hayan sido cancelados. Una conformidad rápida que se acepta en el juzgado de guardia sin medir esta consecuencia puede resolver el problema penal y crear otro mayor. Es una comprobación que hacemos siempre antes de firmar nada.
Si el asunto no se conforma, continúa por procedimiento abreviado: escrito de acusación, escrito de defensa con proposición de prueba y juicio ante el Juzgado de lo Penal. Los tiempos en los juzgados de Alicante, Benidorm, Torrevieja u Orihuela varían mucho según el órgano y no le vamos a dar una cifra que no podamos sostener. Sí le diremos, con el asunto delante, cuál es la previsión razonable y qué cambia si se retrasa.
En cuanto a la ejecución, las penas cortas de prisión se suspenden con frecuencia, en ocasiones condicionadas a no delinquir durante un plazo y, si el caso lo justifica, a un programa formativo o de deshabituación. Cuando la calificación final es el artículo 556.1, la alternativa de multa evita el problema de la prisión, aunque no el del antecedente penal.
Criterio
Es la frase que más oímos en la primera visita: me han dicho que la palabra del policía va a misa
. Conviene ordenar esto, porque en ella se mezclan dos cosas distintas.
La presunción de veracidad en sentido propio existe, pero pertenece al procedimiento administrativo sancionador. Es la regla que atribuye valor probatorio a las denuncias formuladas por agentes de la autoridad respecto de los hechos que constatan directamente, y opera, por ejemplo, en las multas de tráfico o en los expedientes de la Ley de seguridad ciudadana. Es una presunción que admite prueba en contrario, pero desplaza la carga hacia el ciudadano.
En el proceso penal esa regla no rige. El artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que las declaraciones de los funcionarios de policía judicial contenidas en el atestado tienen valor de denuncia. El atestado, por sí solo, no es prueba: es el punto de partida de la investigación. La prueba se forma en el juicio oral, y allí el agente comparece como testigo y su declaración se valora con las reglas ordinarias, sin ningún privilegio legal.
Dicho eso, sería engañarle presentar la realidad como un empate. Los tribunales conceden de ordinario alta credibilidad al testimonio policial, y lo hacen por razones que tienen su lógica: se presume que el agente no tiene interés personal en el asunto, que su percepción es profesional y que declara sobre hechos que ha visto en el ejercicio de una función pública. En un juicio en el que se enfrentan la versión del agente y la del acusado, sin nada más, la condena es el desenlace probable.
Ahora bien, en el delito de atentado concurre una circunstancia que altera ese punto de partida y que hay que hacer valer: el agente no es un testigo neutral. Es, a la vez, denunciante, testigo y perjudicado, con un parte de lesiones a su nombre y una petición de indemnización a su favor. Esa doble condición debilita el argumento de la imparcialidad presumida y obliga a examinar su declaración con los mismos criterios que se aplican a cualquier testigo interesado: ausencia de motivos espurios, verosimilitud del relato con corroboraciones externas y persistencia sin contradicciones relevantes.
De ahí sale el trabajo concreto de la defensa, que no consiste en llamar mentiroso a nadie, sino en buscar contraste objetivo. Estos son los elementos que en nuestra experiencia deciden estos juicios:
Un aviso más, importante. Denunciar al agente por lesiones o por trato degradante no es una jugada táctica gratuita. Si la denuncia no prospera y se aprecia que se formuló a sabiendas de su falsedad, puede derivar en un procedimiento por denuncia falsa o simulación de delito (artículos 456 y 457 CP). Cuando hay motivos reales, la denuncia se presenta y se sostiene con prueba. Cuando no los hay, no se presenta.
Metodo
La declaración en comisaría condiciona todo lo que viene después. En un atentado, además, se declara sobre unos hechos que acaban de ocurrir y con el detenido todavía alterado. Antes de decidir si declara o no, pedimos el acceso a los elementos esenciales de las actuaciones que la doctrina constitucional citada garantiza, y valoramos si la detención es impugnable por la vía del habeas corpus.
Tomamos su relato con detalle: qué ocurrió antes de la intervención, quién dijo qué, en qué momento apareció la fuerza física, cuántos agentes había, dónde estaba usted exactamente. Ese acta interna se hace en la primera reunión, cuando el recuerdo aún es fiable, y sirve de mapa para buscar prueba.
Es la actuación más urgente y la que más asuntos ha cambiado. Se identifican las cámaras del entorno, se solicita al juzgado el libramiento de oficios para su conservación y entrega, y se recaban las grabaciones de particulares. Con el plazo de un mes del artículo 22.3 LOPDGDD encima, esperar a la fase intermedia equivale a renunciar.
El atestado propone un tipo penal, no lo impone. Revisamos si lo descrito es acometimiento o forcejeo, si la orden desobedecida era clara y reiterada, si el sujeto pasivo era autoridad o agente, si la conducta fue verbal o física y si procede reconducirla al artículo 556 o incluso al ámbito administrativo.
Le explicamos qué pena resulta con la reducción del artículo 801 LECrim, si es suspendible, qué responsabilidad civil implica, qué antecedente genera y, si es usted extranjero, qué efectos puede tener en su residencia. La decisión es suya, pero no debe tomarse en el pasillo del juzgado sin esos datos.
Si el asunto va a juicio, el interrogatorio de los agentes se prepara sobre el detalle, no sobre la impresión general: distancias, posiciones, secuencia temporal, correspondencia con el parte médico. Y si la sentencia es condenatoria, se valora el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante con criterios realistas sobre lo que un tribunal de segunda instancia puede y no puede revisar.
Perfiles
Es el perfil mayoritario. La persona entra en el sistema por una pelea, un hurto, una denuncia de un familiar o una identificación, y sale del juzgado de guardia con un cargo que no esperaba y que multiplica la pena. Suelen ser personas sin antecedentes, sorprendidas por la magnitud de lo que se les pide.
Discusiones en un control de alcoholemia, negativas a soplar, negativas a entregar la documentación, forcejeos al ser invitado a bajar del vehículo. Aquí se cruzan el artículo 383 del Código Penal y la desobediencia común, y es esencial evitar que el mismo hecho se castigue por dos vías.
Atendemos a muchos residentes británicos, franceses, italianos, alemanes, rusos y de países del Este en la costa alicantina. En estos casos aparecen dos problemas propios: si la orden fue realmente comprensible para quien no domina el español, extremo que afecta al elemento subjetivo de la desobediencia, y las consecuencias de la condena sobre la residencia o la futura renovación. La intervención del intérprete y su calidad se revisan siempre.
Alicante, Benidorm y la costa concentran una parte importante de estos procedimientos en horario nocturno y con alcohol de por medio. Porteros, camareros y clientes acaban implicados en intervenciones policiales que derivan en atentado. La existencia de cámaras en los locales convierte la rapidez en el factor decisivo.
Madres, parejas o hermanos que se interponen, sujetan el brazo del agente o se niegan a apartarse. Es un supuesto muy frecuente y jurídicamente delicado, porque la conducta puede quedar en desobediencia o en resistencia según cómo se describa el gesto.
Incidentes en urgencias o en centros de salud, donde el personal sanitario está expresamente equiparado a efectos de atentado. Suelen concurrir consumo, descompensación psiquiátrica o crisis de ansiedad, y el informe clínico es una pieza central de la defensa.
Manifestaciones, protestas vecinales, desahucios. La actuación colectiva dificulta individualizar la conducta, y la defensa se centra precisamente en eso: qué hizo esta persona concreta, no qué hizo el grupo.
Cuando la reacción frente a los agentes se explica por una patología o por una adicción documentada, cabe plantear circunstancias modificativas de la responsabilidad y orientar la ejecución hacia un tratamiento. Requiere informes, no afirmaciones.
Relacionado
Dudas
No necesariamente. El forcejeo pasivo o la simple oposición a ser reducido encajan mejor en la resistencia del artículo 556.1 CP, castigada con prisión de tres meses a un año o multa. El atentado del artículo 550 exige agresión, acometimiento o resistencia grave con violencia o intimidación grave. La diferencia entre ambos es de años de prisión y se decide por cómo se describe el movimiento concreto, de modo que el detalle del atestado y su contraste con las imágenes es lo que hay que trabajar.
Legalmente, no. La presunción de veracidad del agente opera en el procedimiento administrativo sancionador, no en el penal. En el proceso penal el atestado tiene valor de denuncia (artículo 297 LECrim) y la prueba se forma en el juicio, donde el agente declara como testigo ordinario. Otra cosa es la práctica: los tribunales suelen otorgarle alta credibilidad. Por eso la defensa se juega en las corroboraciones objetivas (vídeos, partes médicos, testigos) y en recordar que aquí el agente es también el perjudicado.
Una conducta puramente verbal no es atentado. El artículo 556.2 CP castiga con multa de uno a tres meses la falta de respeto a la autoridad, y hay una discusión seria sobre si un agente de policía tiene esa condición de autoridad a estos efectos. Si no la tiene, el hecho se reconduce a la infracción administrativa leve de la Ley de seguridad ciudadana. Insistimos en que insultar no es aconsejable, pero tampoco debe aceptarse sin más una calificación penal cuando no procede.
No. La negativa a identificarse a requerimiento de los agentes está tipificada como infracción grave en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, con multa que puede ir de 601 a 30.000 euros, y si la negativa es persistente y va acompañada de oposición puede derivar en desobediencia grave del artículo 556.1 CP. Si considera que la identificación es improcedente, lo eficaz es identificarse, hacer constar su queja y discutirlo después, no oponerse en el momento.
Puede cambiar bastante. El atentado exige que el autor sepa que se dirige contra un agente que actúa en el ejercicio de sus funciones. Si la identificación no se produjo, fue tardía o resultó inaudible en un contexto de tumulto, se discute el elemento subjetivo del tipo. No es un argumento automático y hay que sostenerlo con datos (distancia, ruido, iluminación, secuencia), pero es una línea de defensa real.
Puede, y si hay lesiones documentadas debe valorarse. Acuda a urgencias el mismo día, conserve el parte y tome fotografías. Ahora bien, sea consciente del riesgo: una denuncia formulada a sabiendas de su falsedad puede acabar en un procedimiento por denuncia falsa o simulación de delito (artículos 456 y 457 CP). No presentamos denuncias cruzadas como táctica de presión; las presentamos cuando hay soporte médico y la mecánica lesiva no encaja con la versión policial.
Puede afectarle. El artículo 89 CP permite sustituir por expulsión las penas de prisión superiores a un año impuestas a ciudadanos extranjeros, y el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 contempla como causa de expulsión la condena por delito doloso castigado con pena privativa de libertad superior a un año mientras los antecedentes no estén cancelados. Antes de aceptar cualquier conformidad revisamos su situación administrativa y calculamos si la pena pactada queda por debajo o por encima de esos umbrales.
Depende, y le diremos lo que pensamos con franqueza. A favor: la reducción de un tercio del artículo 801 LECrim, la posibilidad de suspender la pena si no supera los dos años y el cierre inmediato del asunto. En contra: se reconocen los hechos, se genera antecedente penal, se asume la responsabilidad civil y se renuncia a la prueba que quizá aparezca después. Nuestra regla es no decidir hasta haber pedido las grabaciones y leído el parte de lesiones del agente. Si el material de descargo no existe y la pena es suspendible, conformarse suele ser razonable, y lo diremos.
Siguiente paso
Si le han detenido y en el atestado aparece un atentado, una resistencia o una desobediencia, el trabajo urgente no es preparar el juicio: es asegurar las grabaciones antes de que se borren y decidir con criterio si declara y en qué términos. Cuéntenos qué ocurrió y le diremos con claridad qué se puede sostener y qué no.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
Copyright © 2026 Société de Conseil Juridique et Expert S.L.
