Un socio bloquea la junta. Otro se autonombra administrador único. Un tercero constituye una sociedad paralela y le traspasa los clientes. El conflicto societario es, ante todo, un conflicto mercantil. Pero hay un punto en el que cruza la frontera penal, y saber dónde está ese punto es lo que separa una querella que prospera de una que se archiva.
Primera regla: el derecho penal no es una herramienta de negociación
Es la tentación permanente del socio minoritario acorralado: querellarse para forzar una salida en condiciones. Y es un error caro.
Una querella sin base sólida no solo se archiva: refuerza la posición del contrario, le sitúa a usted como acusador temerario y puede exponerle a una denuncia por acusación falsa o a una demanda por daños. Los juzgados están llenos de conflictos societarios que empeoraron por ir demasiado rápido a lo penal.
Por eso, lo primero que hacemos no es redactar la querella. Es analizar si la hay.
Las conductas que sí tienen recorrido penal
Administración desleal (art. 252). La figura estrella. El administrador que se extralimita en sus facultades y perjudica el patrimonio social. No hace falta que se lleve nada: basta con excederse y dañar.
Apropiación indebida (art. 253). Cuando sí se lleva: fondos distraídos, cobros no ingresados, bienes sociales incorporados al patrimonio personal.
Delitos societarios (arts. 290 a 294). Falsear las cuentas anuales, imponer acuerdos abusivos con mayoría ficticia o negar al socio el ejercicio de sus derechos de información, participación o control. Este último es el más olvidado y el más útil para el minoritario al que llevan meses dando largas.
Alzamiento de bienes (art. 257). El vaciamiento de la sociedad o del patrimonio personal para eludir responsabilidades. Es la fase final del conflicto y, para el perjudicado, a menudo la vía más eficaz: permite pedir medidas cautelares y la nulidad de las transmisiones.
Falsedad documental en actas, certificaciones o cuentas depositadas en el Registro.
El conflicto se gana con documentos, no con relatos
La prueba en estos asuntos es documental y contable, y se construye antes de dar el primer paso:
- Cuentas anuales y su depósito (o su falta de depósito, que ya dice mucho).
- Libros y actas, y su contraste con lo que realmente ocurrió.
- Movimientos bancarios y su trazabilidad.
- Contratos con partes vinculadas y su comparación con precios de mercado.
- Rastro registral de las sociedades del administrador y de su familia.
- Correos y mensajes, que suelen contener las decisiones que nunca llegaron a un acta.
La secuencia que funciona: mercantil primero, penal después
Es la estrategia que más veces prospera y la que menos se aplica.
Ejercitar primero el derecho de información del socio, impugnar los acuerdos, o iniciar la acción social de responsabilidad, produce dos efectos valiosísimos. El primero: obliga al administrador a dar explicaciones y a aportar documentación, con lo que el propio procedimiento civil construye la prueba que después sostiene la penal. El segundo: si el administrador miente o falsifica para defenderse en esa fase, comete un delito nuevo, más fácil de probar que el original.
Llegar a lo penal con los hechos ya fijados en un procedimiento civil cambia por completo las probabilidades.
Y si el investigado es usted
También asumimos la posición contraria, que es igual de frecuente: el socio descontento que convierte una discrepancia de gestión en una querella.
La defensa pasa por acreditar la discrecionalidad empresarial: que la decisión se adoptó con información suficiente, sin interés personal, dentro del objeto social y conforme a un procedimiento adecuado. Bien documentada, esa defensa cierra la vía penal.
Relacionado: conflictos entre socios, delitos societarios y defensa penal de administradores.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
