En breve. Defensa penal y acusación en casos de okupación y usurpación de inmuebles en España. Abogados penalistas en Alicante y Madrid. Consúltanos tu caso.
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Ocupar un inmueble ajeno puede ser un simple problema civil de posesión, una usurpación castigada solo con multa o un allanamiento de morada con pena de prisión. La calificación depende de tres datos: si el inmueble constituía morada, cómo se produjo la entrada y qué título invoca quien ocupa. Intervenimos tanto para el titular que necesita recuperar la posesión como para la persona investigada que se enfrenta a una acusación penal.
La palabra okupación no aparece en ninguna ley española. Lo que existe son tipos penales distintos que se aplican según la naturaleza del inmueble y el modo de entrada: la usurpación del artículo 245 CP protege el patrimonio inmobiliario, mientras que el allanamiento del artículo 202 CP protege la inviolabilidad del domicilio. Por eso la ocupación de una nave vacía, de un local cerrado o de una vivienda deshabitada en cartera suele encajar en la usurpación pacífica del artículo 245.2 CP, castigada únicamente con multa, mientras que entrar o mantenerse en el espacio donde una persona desarrolla su vida privada constituye allanamiento de morada, con pena de prisión. Determinar si el inmueble era morada en el momento de la entrada es la decisión que ordena todo el procedimiento, porque de ella dependen el marco punitivo, la posibilidad de detención, la viabilidad del desalojo cautelar y la vía procesal que conviene elegir. A esa calificación básica se suman con frecuencia delitos conexos: daños en la puerta o en las instalaciones, defraudación de fluido eléctrico mediante enganche clandestino y, en sentido inverso, coacciones cuando es el propietario quien intenta expulsar a los ocupantes por su cuenta.
Un mismo desalojo puede generar responsabilidad penal en ambas direcciones. Estos son los tipos que con más frecuencia se manejan en la instrucción, con su precepto y su consecuencia punitiva.
Ocupar sin violencia ni intimidación un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular. El tipo exige una ocupación con vocación de permanencia y el conocimiento de que el inmueble es ajeno: la entrada esporádica o el uso puntual no lo colman.
Ocupar una cosa inmueble o usurpar un derecho real ajeno empleando violencia sobre las personas o intimidación. La violencia ha de recaer sobre personas: forzar una cerradura es daño, no violencia típica, y esa distinción cambia por completo la pena.
Entrar en morada ajena o mantenerse en ella contra la voluntad de su morador. Morada es el espacio donde una persona desarrolla su vida privada, aunque no lo ocupe de forma permanente: una segunda residencia puede serlo si conserva ese destino efectivo.
Subtipo agravado que se aplica cuando el hecho se ejecuta con violencia o intimidación sobre las personas, situación habitual cuando el morador se encuentra dentro del inmueble en el momento de la entrada.
Entrada contra la voluntad del titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional, oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. Es el tipo aplicable a naves, locales comerciales y sedes sociales ocupadas.
Causar daños en propiedad ajena: puertas forzadas, cerraduras reventadas, instalaciones inutilizadas o desperfectos producidos durante la estancia. Se acumula habitualmente a la usurpación y su acreditación depende de la tasación pericial.
Utilizar energía eléctrica, gas, agua u otro fluido ajeno mediante manipulación de contadores, enganches directos o cualquier otro medio clandestino, así como el uso no consentido de equipos terminales de comunicación. La condena exige acreditar quién realizó o consintió la manipulación: no basta con residir en el inmueble.
Cortar la luz o el agua, cambiar la cerradura, retirar puertas o ventanas o presionar a los ocupantes para forzar su salida sin resolución judicial. El titular que se toma la justicia por su mano pasa de denunciante a investigado, y la pena se impone en su mitad superior cuando la coacción persigue impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
Dos vías paralelas de recuperación: la medida cautelar de desalojo que puede acordarse en la instrucción penal como primera diligencia de protección del ofendido, y el juicio verbal posesorio reformado por la Ley 5/2018, que permite reclamar la inmediata recuperación de la posesión frente a quien ocupa sin título.
La horquilla legal es solo el punto de partida. En la práctica, la pena final depende del carácter del inmueble, del modo de entrada, de la cuantía de los perjuicios y de la conducta posterior de ambas partes.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Usurpación pacíficaInmueble ajeno que no constituye morada | Art. 245.2 CP | Multa de tres a seis meses | Vocación de permanencia y prueba de la ajenidad del inmueble |
| Usurpación violentaViolencia o intimidación sobre las personas | Art. 245.1 CP | Prisión de uno a dos años y multa de seis a dieciocho meses | Concurso con las lesiones o amenazas efectivamente causadas |
| Allanamiento de moradaEntrada o permanencia contra la voluntad del morador | Art. 202.1 CP | Prisión de seis meses a dos años | Carácter de morada del inmueble en la fecha de la entrada |
| Allanamiento agravadoEjecutado con violencia o intimidación | Art. 202.2 CP | Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses | Presencia del morador en el interior durante los hechos |
| Allanamiento de localOficinas, naves y establecimientos mercantiles | Art. 203 CP | Prisión de seis meses a un año, acompañada de multa | Horario de apertura y voluntad expresa del titular |
| DañosDesperfectos causados en la entrada o la estancia | Art. 263 CP | Multa de seis a veinticuatro meses | Tasación pericial y umbral de cuatrocientos euros |
| Defraudación de fluidoEnganches de luz, gas o agua | Arts. 255 y 256 CP | Multa de tres a doce meses | Cuantía defraudada y autoría material de la manipulación |
| CoaccionesDesalojo por vía de hecho promovido por el titular | Art. 172.1 CP | Prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses | Mitad superior cuando se impide el legítimo disfrute de la vivienda |
Marcos punitivos orientativos según el Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; la calificación y la pena exigen análisis individualizado de la causa.
Altas y bajas de suministros, consumos registrados, actas notariales de presencia, informes de la administración de fincas, atestado de la primera intervención policial, registros de acceso al portal y metadatos de las fotografías aportadas: la prueba objetiva de cuándo empezó la ocupación y de si el inmueble estaba realmente habitado decide el procedimiento mucho antes que cualquier declaración. Ese trabajo probatorio se ordena con el método LIWARD Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
Sociedades patrimoniales, promotoras, fondos y entidades financieras con inmuebles vacíos en cartera: prevención de ocupaciones, protocolo de reacción en las primeras cuarenta y ocho horas, denuncia y acusación particular, y reclamación de los daños y consumos generados durante la estancia.
Administradores de fincas, gestores de patrimonio y directivos que deben decidir cómo actuar sin incurrir en coacciones ni en realización arbitraria del propio derecho. Asesoramos la decisión antes de que se ejecute, que es cuando todavía se puede evitar el problema penal.
Personas investigadas por usurpación, allanamiento, daños o defraudación de fluido. Analizamos el título que se invoca, la fecha real de entrada, el carácter del inmueble y la situación de vulnerabilidad acreditada, y trabajamos las salidas que evitan la condena o reconducen la pena a multa.
Propietarios, arrendadores y moradores que han perdido el uso de su vivienda: personación como acusación particular, solicitud de desalojo cautelar en la instrucción, coordinación con el procedimiento civil posesorio y cuantificación completa de la responsabilidad civil.
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