En breve. Abogado penalista en Jávea: asistencia al detenido 24h, estafa inmobiliaria, delitos urbanísticos y acusación particular ante el Tribunal de Instancia de Dénia.
Marina Alta
En Xàbia el problema penal rara vez llega de noche. Llega por escritura, por licencia o por transferencia.
Asistencia al detenido, defensa y acusación particular ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia. Atendemos en español, inglés y francés.
Datos útiles
Las dos son costa alicantina y ahí se acaba el parecido. Benidorm concentra una población flotante que llega, pasa unos días y se marcha, y su casuística penal es la del ocio nocturno. Jávea es residencia. Quien tiene aquí un problema penal suele tener también una casa, una comunidad de propietarios, una cuenta bancaria española y, con frecuencia, una herencia pendiente o una sociedad patrimonial.
Eso cambia por completo el tipo de asunto y, sobre todo, cambia lo que está en juego. Un procedimiento por un delito urbanístico o por una estafa en la compraventa de una vivienda no se resuelve en un juicio rápido de dos semanas: se instruye durante meses, afecta a un inmueble que puede ser el patrimonio principal de una familia y arrastra consecuencias civiles y administrativas que sobreviven al proceso penal.
Buena parte de nuestros clientes en Xàbia son residentes británicos, alemanes y holandeses con muchos años aquí. Hablan del sistema español con una mezcla de confianza y desconcierto: llevan décadas viviendo sin incidencias y, cuando aparece una citación judicial, descubren que el procedimiento penal español no se parece al de su país en casi nada. La instrucción la dirige un juez y no la policía ni la acusación. La víctima puede personarse como parte con abogado propio. Y el momento decisivo suele ser mucho más temprano de lo que la gente imagina.
Lo vemos cada mes. Llega una citación para declarar como investigado, la persona la lee, entiende que es un trámite y acude a explicarse convencida de que aclarando el malentendido se acaba el problema. Esa declaración se documenta, se incorpora al procedimiento y condiciona todo lo que viene después.
El derecho de defensa nace desde que se atribuye a alguien la comisión de un hecho punible, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no desde el juicio. Declarar sin haber visto antes lo que hay en el expediente es tomar la decisión más importante del procedimiento a ciegas. En la mayoría de los casos la primera recomendación profesional es acogerse al derecho a no declarar, examinar las actuaciones y decidir después, con criterio, qué versión conviene sostener y cuándo.
Áreas
Acudimos a dependencias de la Guardia Civil y de la Policía Local desde el primer momento. La detención no puede exceder del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, de setenta y dos horas antes de la puesta a disposición judicial.
Señales entregadas por inmuebles con cargas ocultas, dobles ventas, promociones que no se ejecutan y desvío de cantidades anticipadas. En Xàbia el importe medio de estos asuntos sitúa la mayoría en el tipo agravado.
Obras y ampliaciones en suelo no urbanizable o de especial protección, muy presentes en el entorno del Montgó y en las laderas. El Código Penal castiga la construcción no autorizada y puede acordarse la demolición a costa del responsable.
Plataformas falsas de trading dirigidas específicamente a residentes extranjeros con ahorros disponibles. La rapidez en denunciar determina si el dinero puede rastrearse y bloquearse.
Fondos de comunidades de propietarios, administradores de fincas y apoderados que gestionan patrimonio ajeno. Es uno de los asuntos más frecuentes en urbanizaciones con propietarios no residentes.
Sustracciones en chalets durante los meses en que el propietario no reside aquí, y ocupación de inmuebles vacíos. Son dos figuras distintas con respuestas procesales muy distintas.
Controles en las carreteras de acceso y en la zona del puerto y el Arenal. La negativa a someterse a la prueba constituye un delito autónomo, con frecuencia más grave que el resultado que se pretendía evitar.
Vertidos, actuaciones en zona de dominio público marítimo terrestre y afecciones a espacios protegidos. Concurren con frecuencia expediente administrativo y procedimiento penal a la vez.
Documentos alterados en sucesiones internacionales, poderes utilizados más allá de su alcance y disposiciones patrimoniales de personas mayores. Zona fronteriza entre lo civil y lo penal que conviene delimitar pronto.
Procedimiento
Jávea no tiene sede judicial propia. Los asuntos penales de Xàbia se tramitan en Dénia, cabeza del partido judicial que comprende también Calp, Teulada y Moraira, Benissa, Gata de Gorgos, Pego y el resto de la Marina Alta. Desde el 1 de julio de 2025 los antiguos Juzgados de Instrucción y de lo Penal dejaron de existir como órganos independientes: ahora son Secciones dentro del Tribunal de Instancia de Dénia, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025. El cambio es organizativo y no altera sus derechos, pero sí cambia la denominación que aparece en las citaciones, y conviene saberlo para no confundirse al recibir una.
Fase de instrucción. La Sección de Instrucción investiga: toma declaraciones, acuerda periciales, requiere documentación bancaria o registral y decide sobre medidas cautelares. Es la fase donde se gana o se pierde el asunto, porque aquí se fija el material con el que después se juzga. Un informe pericial solicitado a tiempo puede cerrar un procedimiento; el mismo informe pedido en el juicio llega tarde.
Fase intermedia. Concluida la instrucción se decide si el asunto se archiva o se abre juicio oral. Es el momento de discutir la calificación y de plantear los artículos de previo pronunciamiento que procedan.
Enjuiciamiento. Según la pena solicitada, corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia o a la Audiencia Provincial de Alicante. En delitos leves el procedimiento es mucho más breve y se resuelve en una sola vista.
Ejecución. Una sentencia condenatoria no siempre significa ingreso en prisión. La suspensión de la pena, la sustitución y, en el caso de ciudadanos extranjeros, sus efectos sobre la residencia son cuestiones que se trabajan en esta fase y que a menudo importan más al cliente que la propia calificación.
Criterio
No es la elocuencia en la sala. Es lo que se hizo o se dejó de hacer en los primeros quince días.
En los asuntos patrimoniales que dominan la casuística de la Marina Alta, la diferencia la marca la trazabilidad: extractos bancarios completos en lugar de capturas de pantalla, notas simples registrales, contratos con sus anexos, correos con sus cabeceras originales. Un expediente bien documentado desde el principio permite sostener una tesis; uno reconstruido a posteriori obliga a defenderse de la del contrario.
En los asuntos urbanísticos lo decisivo suele ser la antigüedad acreditada de lo construido y la clasificación exacta del suelo en el momento de la obra, dos datos que se obtienen de archivos municipales y catastrales y que casi nadie tiene a mano cuando llega la citación.
Y en todos ellos hay una decisión temprana que condiciona el resto: si conviene declarar, cuándo y con qué alcance. Esa decisión no debería tomarse sin haber leído antes el expediente completo.
Método
Primera consulta con criterio, no con promesas. En la primera reunión le diremos qué delito se le atribuye o cuál puede denunciar, en qué fase está el asunto, qué horquilla de pena está en juego y qué escenarios son realistas. Si el asunto no tiene recorrido penal, también lo diremos.
Acceso inmediato al procedimiento. Nos personamos y examinamos las actuaciones antes de cualquier declaración. Nadie debería declarar sin saber qué hay en su contra.
Trabajo sobre la prueba, no solo sobre el discurso. Periciales caligráficas, informáticas, contables o de valoración inmobiliaria según el asunto, y localización de testigos mientras aún recuerdan.
Comunicación en su idioma y por escrito. Cada resolución relevante se le explica en un correo comprensible. Trabajamos habitualmente en inglés y francés, y coordinamos intérprete judicial cuando el procedimiento lo requiere.
Honorarios cerrados por fases. Presupuesto por escrito antes de asumir el encargo, con el alcance de cada fase delimitado.
Perfiles
Residentes extranjeros de larga duración. Personas con vivienda, arraigo y patrimonio en España, para quienes una condena puede tener consecuencias que van mucho más allá de la pena: residencia, licencias, reputación en una comunidad pequeña.
Propietarios no residentes. Quien pasa aquí parte del año y descubre a su vuelta una sustracción, una ocupación o un desvío de fondos de la comunidad. Podemos actuar por poder sin exigir su presencia continuada.
Empresarios y profesionales locales. Hostelería, náutica, construcción y servicios inmobiliarios, sectores expuestos a responsabilidad penal propia y de la persona jurídica.
Víctimas que quieren ser parte. El derecho español permite personarse como acusación particular con abogado propio, en lugar de limitarse a esperar lo que decida el Ministerio Fiscal. En asuntos patrimoniales esa diferencia suele ser determinante.
Acusación particular
Existe una diferencia que casi ningún residente extranjero conoce y que cambia por completo el resultado de un asunto patrimonial. Cuando alguien presenta una denuncia y se va a casa a esperar, el procedimiento queda en manos del Ministerio Fiscal, que lleva simultáneamente centenares de asuntos y actúa con criterios de interés público, no con los de un perjudicado concreto. El denunciante es entonces un testigo más.
El derecho español permite algo distinto: personarse como acusación particular, con abogado y procurador propios. Quien se persona deja de ser espectador. Accede al expediente completo, propone diligencias, recurre las resoluciones que le perjudican, participa en la calificación y sostiene su propia petición de pena y de indemnización, que puede ser distinta y más ambiciosa que la del Fiscal.
En los asuntos que dominan la Marina Alta esto es decisivo. En una apropiación de fondos de una comunidad de propietarios, la reconstrucción contable que permite cuantificar el perjuicio no la va a encargar el Fiscal de oficio: la encarga quien tiene interés en que aparezca. En una estafa inmobiliaria, el rastreo del destino de las cantidades entregadas requiere pedir información bancaria concreta a entidades concretas, y esa petición hay que redactarla y justificarla. Sin acusación particular, esas diligencias con frecuencia no se piden, y lo que no se pide no se investiga.
Hay además una razón económica. La responsabilidad civil derivada del delito se resuelve dentro del propio procedimiento penal, sin necesidad de un pleito civil posterior. Quien se persona como acusación particular está reclamando su dinero en el mismo proceso en que se juzga el hecho, lo que ahorra años y costes.
Contexto
Hay tres rasgos de esta comarca que aparecen una y otra vez en los expedientes y que conviene entender.
El primero es la estacionalidad de la propiedad. Una parte importante del parque de viviendas está vacía durante meses. Eso genera un patrón de sustracciones en domicilio muy distinto al urbano, con hechos que se descubren semanas o meses después de cometerse. Cuando el propietario vuelve en primavera y encuentra la casa forzada, la prueba se ha degradado: no hay grabaciones que conservar, los vecinos no recuerdan fechas y el atestado se levanta sobre un hecho antiguo. Denunciar igualmente sigue mereciendo la pena, pero hay que hacerlo entendiendo esa limitación y compensándola con lo que sí se puede documentar.
El segundo es la complejidad de la titularidad. Sociedades patrimoniales, cotitularidades entre familiares de distintas nacionalidades, usufructos y herencias con ley aplicable extranjera. Determinar quién es el perjudicado y quién está legitimado para actuar puede ser, en sí mismo, la primera batalla del procedimiento.
Y el tercero es la convivencia entre lo administrativo y lo penal. En urbanismo y medio ambiente es habitual que corran a la vez un expediente municipal y un procedimiento penal sobre los mismos hechos. Lo que se declara o se reconoce en el expediente administrativo puede acabar en el penal, y esa comunicación sorprende a mucha gente. Coordinar ambas vías desde el principio, en lugar de tratarlas como asuntos separados, evita contradicciones que después son muy difíciles de explicar.
Criterio de los tribunales
Sobre el derecho a conocer las actuaciones antes de declarar. El Tribunal Constitucional ha establecido que denegar la incoación del habeas corpus sin facilitar al detenido información suficiente sobre las razones de la detención ni el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para valorar su legalidad lesiona el derecho a la libertad personal, y que ese acceso debe garantizarse antes del primer interrogatorio (STC 21/2018, de 5 de marzo, Sala Primera, amparo 3766-2016, ECLI:ES:TC:2018:21). En el mismo sentido se había pronunciado sobre el acceso a copia del atestado policial (STC 13/2017, de 30 de enero, Sala Segunda, amparo 7301-2014, ECLI:ES:TC:2017:13), doctrina reiterada más recientemente (STC 86/2025, de 7 de abril, Sala Segunda, amparo 120-2023, ECLI:ES:TC:2025:86).
No es un tecnicismo procesal. Es el fundamento de la primera recomendación que damos a cualquier persona detenida o citada: no declarar hasta que su abogado haya examinado lo que consta en el expediente.
Sobre la apropiación de fondos recibidos con un destino determinado, supuesto habitual en la gestión de comunidades de propietarios y de patrimonio ajeno, el Tribunal Supremo ha confirmado condena precisando que, cuando concurren los requisitos de la apropiación indebida, la relación concursal con otros tipos no se resuelve necesariamente a favor del tipo especial (STS 354/2022, de 6 de abril, Sala de lo Penal, casación 905/2020, ROJ: STS 1451/2022, ECLI:ES:TS:2022:1451).
Sobre la estafa y los plazos de instrucción. Una resolución reciente confirma condena por estafa y aclara el cómputo del plazo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de precisar el régimen de costas de la acusación particular (STS 747/2024, de 18 de julio, Sala de lo Penal, casación 2295/2022, ROJ: STS 4260/2024, ECLI:ES:TS:2024:4260). Importa en los asuntos inmobiliarios: una instrucción con prueba documental y registral necesita prórrogas que hay que solicitar a tiempo.
Estas referencias proceden de la base de conocimiento del despacho. Deben verificarse en su fuente original antes de invocarse en un escrito, y esta página no constituye asesoramiento jurídico.
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Dudas
Puede, pero es la peor decisión disponible. Si declara como investigado, lo que diga queda documentado y condiciona toda la instrucción. La asistencia letrada es un derecho reconocido desde el momento en que se le atribuye un hecho punible, y existe turno de oficio si no designa abogado particular.
Tiene derecho a intérprete en las actuaciones judiciales y a la traducción de los documentos esenciales del procedimiento. Nosotros trabajamos directamente en inglés y francés, de modo que la relación con su abogado es fluida y el intérprete se reserva para la sala.
Con carácter general no. Muchas actuaciones se realizan por medio de su abogado con poder. Su presencia es necesaria en la declaración y en el juicio oral, y en algunos supuestos puede solicitarse la comparecencia por videoconferencia. Lo planificamos con antelación para que no tenga que viajar más de lo imprescindible.
Depende de quién construyó, cuándo y sobre qué clase de suelo. El delito del artículo 319 recae sobre promotores, constructores y técnicos directores, no automáticamente sobre el comprador posterior. Ahora bien, la eventual orden de demolición sí afecta al inmueble, y por tanto a usted. Es un asunto que conviene analizar con la documentación en la mano antes de alarmarse.
Puede tener efectos sobre la situación administrativa, y varían mucho según la nacionalidad, el tipo de residencia y la pena impuesta. No es automático ni uniforme. Es una consecuencia que hay que valorar desde el principio, porque en ocasiones condiciona qué salida procesal interesa más.
Le daremos un presupuesto cerrado por escrito antes de que asuma ningún compromiso, desglosado por fases. En la primera consulta sabrá también si el asunto justifica el gasto, porque no todos lo justifican.
Lo primero es acordar en junta la auditoría de las cuentas y reunir la documentación bancaria de la comunidad, no las liquidaciones que el propio administrador elaboró. Con eso se puede valorar si hay indicios de apropiación indebida o de administración desleal y, en su caso, presentar querella. Actuar sin ese soporte contable suele terminar en archivo.
Un delito leve puede resolverse en meses. Una instrucción por estafa con prueba documental y pericial se mide en años, y en asuntos con ramificación bancaria internacional más todavía. Cualquiera que le dé una fecha cerrada en la primera consulta le está diciendo lo que quiere oír.
Siguiente paso
Si ha recibido una citación, si le han detenido a usted o a un familiar, o si cree que ha sido víctima de un fraude, la primera conversación debería ser hoy y no la semana que viene.
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